Un manifestante contra el gobierno es arrastrado y detenido por la policía mientras las fuerzas de seguridad dispersan una manifestación llamada "Unidos por la Libertad" en Managua, Nicaragua, el domingo 14 de octubre de 2018.

© 2018 AP Photo/Alfredo Zuniga
(Washington, DC) – El Congreso de los Estados Unidos debería presionar al Poder Ejecutivo para que imponga sanciones individuales dirigidas a altos funcionarios del gobierno nicaragüense responsables por abusos, incluyendo la prohibición de ingreso al país y congelar sus bienes, dijo hoy Human Rights Watch en una presentación ante el Congreso estadounidense.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, declaró ante Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la represión en Nicaragua. En el contexto de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, han muerto más de 300 personas, más de 2,000 resultaron heridas y cientos fueron detenidas. Los detenidos sufrieron abusos que en algunos casos constituyeron torturas. Las autoridades nicaragüenses han hostigado a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas independientes.

“En Human Rights Watch estamos extremadamente preocupados porque los responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no han rendido cuentas por sus abusos”, dijo Vivanco. “El gobierno de Estados Unidos debería adoptar una posición contundente contra las atrocidades en Nicaragua a través de la imposición de sanciones individuales dirigidas contra altos funcionarios que son responsables de gravísimos abusos”.

Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la información disponible indica que solo existe una sentencia contra un miembro de una banda armada partidaria del gobierno y no existe ni una sola investigación contra miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos. El 8 de junio, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía para delitos cometidos en el contexto de las protestas antigubernamentales. La ley indica que los delitos “regulados en tratados internacionales ratificados por Nicaragua” serán excluidos de la amnistía. Sin embargo, dada la falta de independencia judicial en el país, existe un serio riesgo de que la ley sea usada para consolidar la impunidad de la que ya gozan los funcionarios responsables de serios abusos en el país, dijo Human Rights Watch.

Human Rights Watch también recomendó al Congreso de los Estados Unidos que:

  • Inste a Nicaragua a crear una unidad especial que—en forma conjunta con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos—supervise la investigación penal de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas; y
  • Se reúna regularmente con defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la oposición de Nicaragua que viajen a Washington para mantener una posición equilibrada al analizar la situación en Nicaragua.

Human Rights Watch apoya la aplicación exitosa de la Ley Global Magnitsky en julio y diciembre de 2018, cuando el Departamento del Tesoro impuso sanciones dirigidas a cinco nicaragüenses implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción.