Testimonio ante el Congreso de EEUU en la Subcomisión sobre Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio de la Comisión de Asuntos Exteriores

Arremetida contra opositores: La Crisis en Nicaragua

11 de junio de 2019

José Miguel Vivanco, director para las Américas
 

Sr. Presidente, Representante Francis Rooney, y demás miembros de la subcomisión:

Muchas gracias por su invitación a comparecer, en representación de Human Rights Watch (HRW), ante la Subcomisión sobre Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para presentar nuestro análisis sobre las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Nicaragua bajo el mando del presidente Daniel Ortega.

En abril de 2018 se iniciaron en Nicaragua protestas masivas contra el gobierno. Miembros de la Policía Nacional, actuando en coordinación con bandas armadas partidarias del gobierno, reprimieron brutalmente a manifestantes. En el contexto de las manifestaciones, más de 300 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Muchas de las personas detenidas durante la represión fueron sometidas a graves abusos que en algunos casos constituyeron tortura, incluyendo casos de descargas eléctricas, violentas golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación.

Los abusos cometidos por las autoridades contra manifestantes continúan impunes. Además, el presidente Ortega ascendió a altos funcionarios que son responsables por los abusos.

El gobierno también ha amenazado, hostigado, expulsado y encarcelado a quienes exponen sus abusos, incluidos periodistas independientes, defensores de derechos humanos, observadores internacionales y ONGs. Varios de los defensores de derechos humanos y periodistas perseguidos durante esta represión eran críticos de Ortega desde hacía tiempo y ya habían sido víctimas de hostigamiento antes de que comenzaran las protestas.

Presos políticos

Desde que comenzaron las protestas, la policía de Nicaragua y bandas armadas partidarias del gobierno han operado en conjunto para detener a cientos de manifestantes. Estas bandas también han secuestrado a numerosas personas, y en ocasiones las han retenido en centros de detención clandestinos. En otras ocasiones, entregaron inmediatamente a los detenidos a la policía para que fueran investigados.

El 20 de marzo de 2019, el gobierno nicaragüense sostuvo que liberaría antes del 18 de junio a todas las personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas, y que retiraría los cargos en su contra, en un esfuerzo por retomar un diálogo con la oposición que se había estancado y por persuadir a la comunidad internacional de que levante las sanciones. Según la CIDH, en marzo de 2019 permanecían detenidas, por lo menos, 647 personas que fueron arrestadas durante la represión de manifestaciones y actividades contra el gobierno. Hasta el 15 de febrero, de acuerdo con la información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil a la CIDH, 407 estaban siendo procesadas y 138 habían sido condenadas.

Entre el 27 de febrero y el 18 de marzo de 2019, el gobierno de Ortega liberó a 154 personas que habían sido arrestadas durante las manifestaciones, según cifras del propio gobierno. Sin embargo, se mantuvieron los cargos en su contra, y la gran mayoría solo fue liberada para ser enviada a arresto domiciliario. Entre el 5 de abril y el 30 de mayo, el Ministerio de Gobernación anunció la liberación de otras 200 personas en condiciones similares.

Defensores de derechos humanos

Defensores de derechos humanos y otros actores que son críticos del desempeño del gobierno en materia de derechos humanos se han convertido en blanco creciente de amenazas de muerte, hostigamiento, persecución judicial e, incluso, expulsión del país.

Entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua quitó la personería legal a nueve organizaciones no gubernamentales y, de este modo, las obligó a dejar de funcionar. El diputado Filiberto Rodríguez del partido gobernante presentó los recursos para cancelar su inscripción, a instancias del Ministerio de Gobernación. En la noche del 13 de diciembre, la Policía Nacional allanó las oficinas de cinco de estas organizaciones y confiscó numerosos documentos y computadoras.

Luego de los cierres de las ONGs se presentaron acusaciones penales contra destacados defensores de derechos humanos y fueron expulsados los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH. Previamente, habían sido expulsados los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tras la publicación de un informe lapidario.

Libertad de expresión

Desde abril de 2018, la policía y bandas armadas partidarias del gobierno han hostigado, intimidado, agredido y detenido a periodistas. Dos periodistas extranjeros que informaban sobre la represión fueron deportados en agosto y en octubre. El gobierno ha cerrado durante días canales de noticias con una postura crítica, y varios medios de noticias independientes han acusado al gobierno de someterlos a ciberataques.

Por ejemplo, en mayo de 2018, la policía agredió a dos reporteros de EFE en Managua. En junio, bandas armadas partidarias del gobierno detuvieron a reporteros de los canales de televisión 100% Noticias y Canal 12 mientras intentaban cubrir la represión a manifestantes en Managua.

En diciembre de 2018, el Ministerio Público imputó al dueño de un importante canal de noticias independiente y a su jefe de prensa el delito de “incitación al terrorismo”. La policía allanó la oficina del canal en diciembre y los detuvo. En mayo de 2019, continuaban detenidos. Tres periodistas que trabajaban para el canal huyeron del país luego de que sus colegas fueran encarcelados; dos de ellos también habían sido acusados de “incitación al terrorismo”. Los tres habían realizado una cobertura crítica de la respuesta del gobierno a las protestas.

Desde abril de 2018, 56 periodistas nicaragüenses se han exiliado, según datos de una asociación de periodistas.

Solicitantes de asilo

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 60.000 nicaragüenses han huido del país desde que comenzaron las protestas en abril de 2018. La mayoría (55.000) buscó refugio en Costa Rica. Otros miles huyeron a México, Panamá y Estados Unidos. Human Rights Watch ha determinado que entre los que huyeron de Nicaragua se encuentran doctores amenazados por brindar atención médica a víctimas de las protestas, así como activistas y periodistas perseguidos y amenazados por criticar al gobierno.

Mecanismos clave para promover la rendición de cuentas

Human Rights Watch apoya la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) y su correspondiente decreto ejecutivo, que son importantes instrumentos que facultan al gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones individuales, incluidas la prohibición de visas y la inmovilización de activos, dirigidas contra los responsables de violaciones de derechos humanos sin castigar a países enteros.

Apoyamos la aplicación exitosa de la Ley Magnitsky Global en julio y diciembre de 2018, cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones dirigidas a cinco ciudadanos nicaragüenses implicados en violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Las cinco personas sancionadas son Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; Fidel Moreno, líder de la Juventud Sandinista; José López, presidente de la compañía estatal petrolera Petronic y vicepresidente de ALBANISA; la vicepresidenta Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor presidencial.

La Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Ley NICA), aprobaba el 20 de diciembre de 2018, amplió lo establecido por la Ley Magnitsky Global para permitir que el gobierno de EE. UU. tome medidas adicionales contra violaciones aberrantes de derechos humanos cometidas en Nicaragua. Instamos al Congreso a que considere su implementación inmediata contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua que aún deben responder por estos hechos y esperamos poder trabajar con ustedes en este esfuerzo.

En un informe que será publicado próximamente, Human Rights Watch documentó gravísimos abusos cometidos por la Policía Nacional de Nicaragua y bandas armadas partidarias del gobierno, que trabajan en coordinación con la policía, contra manifestantes y detenidos, incluidos casos que constituyen tortura. El informe recomienda que la comunidad internacional redoble la presión sobre el gobierno de Nicaragua, y específicamente que el gobierno de EE. UU. imponga sanciones dirigidas contra funcionarios públicos clave que son responsables por estos abusos.

Recomendaciones:

Consideramos que el Congreso debería:

  • Presionar al Poder Ejecutivo para que emplee sus facultades sancionatorias e imponga sanciones individuales, incluidas prohibiciones de entrada al país e inmovilización de activos, dirigidas contra altos funcionarios del gobierno nicaragüense responsables por los abusos.
  • Inste a Nicaragua a crear una unidad especial que —en forma conjunta con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— supervise la investigación penal de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas.
  • Se reúna regularmente con defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la oposición de Nicaragua que viajen a Washington para poder mantener una posición equilibrada al analizar la situación en Nicaragua.

Sr. Presidente y miembros de la subcomisión, les agradezco de antemano por su atención a este asunto crítico.