Mis entrevistas con estos exagentes permiten vislumbrar la vida dentro de los aparatos de seguridad de Venezuela. Algunos me dijeron que sus superiores les habían ordenado explícitamente reprimir manifestaciones opositoras, o que fueran duros con los manifestantes, “sin piedad” y “sin compasión”. Dos militares me dijeron que sus superiores estaban implicados en narcotráfico o habían contribuido a frenar investigaciones sobre este delito; estas denuncias son consistentes con investigaciones penales en el exterior y de grupos independientes.
Varios militares me contaron que sus familiares en Venezuela han sido hostigados después de que ellos huyeran y que grupos armados partidarios del régimen, llamados “colectivos” en Venezuela, habían marcado sus casas dibujando un círculo con una raya que lo atraviesa, como si se tratara de un objetivo militar legítimo. Uno dijo que su padre había sido detenido. Más de 670 familiares de los desertores han huido a Colombia, según fuentes oficiales del país.
Durante nuestra entrevista en una oficina calurosa y sin ventanas en la ciudad fronteriza Cúcuta, en el norte de Colombia, un exsargento de la Guardia Nacional Bolivariana me dijo que se había mantenido callado por miedo a ser acusado de traidor, pero que se había cansado de “no poder decir nada” sobre la corrupción y crueldad del gobierno de Maduro. Fue la llamada “Operación Retardatriz” que implementó la Guardia Nacional el 22 de febrero – para prohibir el ingreso de asistencia humanitaria a Venezuela – lo que finalmente lo impulsó a huir. “Mis principios no me permitían hacer eso”, me dijo.
Los 15 miembros de las fuerzas de seguridad que entrevistamos dijeron que durante varios meses no habían recibido las tres comidas completas diarias en los cuarteles en Venezuela. Como muchos venezolanos durante la crisis, dijeron que habían perdido mucho peso. Todos afirmaron que el dinero que ganaban no les alcanzaba para comprar la comida y satisfacer las necesidades más básicas para sus familias.
Pero también dijeron que la vida desde que desertaron no era la que esperaban. De hecho, este éxodo deja en evidencia la complejidad de la prolongada crisis venezolana. Es curioso: por primera vez en los más de dos años que llevo entrevistando a venezolanos que huyen de su país, escuché a varios hombres y mujeres decir que están tan frustrados actualmente que piensan que sus vidas eran mejores en Venezuela que en Colombia. Esto es notable, aunque es probable que tuvieran un acceso a comidas y servicios superior al promedio del pueblo venezolano que hoy sufre una devastadora emergencia humanitaria.
La mayoría ha solicitado refugio en Colombia. Sin embargo, los estándares internacionales establecen que los militares solo pueden ser considerados solicitantes de asilo cuando hayan “genuina y permanentemente renunciado a actividades militares” y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solo considera solicitudes presentadas por civiles. Por ello, aquellos militares venezolanos que soliciten asilo deben firmar un documento declarando que han dejado las armas. Lo cierto es que muchos han expresado públicamente que se levantarían en armas para “derrocar a Maduro”, lo cual pone al gobierno colombiano y al ACNUR en un gran dilema. Además, algunos de los exagentes podrían estar implicados en abusos, en cuyo caso podrían no calificar para obtener refugio.
No obstante, muchos tienen un miedo fundado de ser perseguidos si regresan a Venezuela. El 27 de febrero, un decreto ejecutivo expulsó a 116 miembros de las Fuerzas Armadas – incluyendo algunos de los que entrevisté en Cúcuta – y los acusó de traición. Si regresaran a Venezuela, lo más probable es que sean detenidos y acusados de crímenes como “traición a la patria”. En un país donde el poder judicial ni siquiera intenta parecer independiente, no habría ninguna garantía de debido proceso y muchos militares corren el riesgo de ser torturados. De hecho, Human Rights Watch ha documentado 32 casos de miembros de fuerzas de seguridad, sus familiares u otros civiles acusados de conspiración que fueron detenidos y, en algunos casos, torturados.
Mientras tanto, los exmiembros de las fuerzas de seguridad venezolanas intentan reconstruir sus vidas en una ciudad fronteriza que recibe a miles de venezolanos todos los días. Cientos de estos exagentes viven en siete hoteles en Cúcuta, donde reciben tres comidas por día, pero la continuidad de este apoyo es incierta. También reciben donaciones y visitas médicas de una red de voluntarios venezolanos llamada Movimiento Nacidos del Pavimento. Otros 40 exagentes viven en un alberge de una iglesia con capacidad para 10; algunos duermen en colchones en el piso.
Aunque las autoridades colombianas nos dijeron que estos exagentes pueden trabajar, ninguno de los entrevistados estaba al tanto de ello y todos dijeron que los potenciales empleadores habitualmente les dicen que no pueden hacerlo con el salvoconducto otorgado durante el proceso de solicitud de asilo.
Algunos trabajan ilegalmente. La mayoría pasa los días sin hacer nada más que preocuparse por cuánto tiempo durará la asistencia que están recibiendo. El gobierno colombiano debería evaluar cuidadosamente las peticiones individuales de los exagentes y asegurarse que los empleadores colombianos sepan que estos hombres y mujeres pueden trabajar legalmente, otorgándoles una credencial que así lo indique, si fuera necesario.
En realidad, su situación no es muy diferente a la de solicitantes de asilo en otras partes del mundo que buscan rehacer sus vidas lejos de su casa. Pero hay, sin ninguna duda, un abismo entre lo que viven ahora y lo que esperaban cuando fueron recibidos como héroes al cruzar la frontera a Colombia.
