(Washington DC) – La Asamblea Nacional de Ecuador debería despenalizar el aborto en caso de violación sexual, señaló hoy Human Rights Watch en anticipo a una presentación ante la Comisión de Justicia de la Asamblea, que se realizará a través de Skype. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, exhortará a la comisión a apoyar una propuesta para despenalizar el aborto en caso de violación sexual, en consonancia con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador.
“La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador tiene una oportunidad crucial de proteger los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y niñas, al otorgarle a las víctimas de violaciones sexuales la oportunidad de decidir si desean seguir adelante con sus embarazos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Negar a quienes han sufrido violaciones sexuales la posibilidad de decidir si desean o no continuar su embarazo es una medida cruel. Ecuador debería asegurarse de que nadie tenga la obligación de continuar un embarazo que no es resultado de su voluntad”.
El aborto es legal en Ecuador cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental presenta un embarazo que es resultado de una violación. La Comisión de Justicia está analizando –como parte de una serie de reformas al Código Penal– una propuesta legislativa para despenalizar el aborto cuando el embarazo sea resultado de violación. La comisión decidirá sobre el texto que se someta a votación del pleno de la Asamblea.
Ecuador es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que no permiten el acceso al aborto en caso de violación. El país tiene altas tasas de violencia de género. Según una encuesta de 2012, aproximadamente una de cada cuatro mujeres sufre violencia sexual durante su vida en Ecuador. Un dato particularmente alarmante son las altas tasas de violaciones sexuales a niñas adolescentes, señaló Human Rights Watch. Cerca de 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz en Ecuador cada año. Se considera que todos esos embarazos son producto de violación sexual, dado que 14 años es la edad para el consentimiento sexual en el país.
Human Rights Watch publicó en 2013 un informe que documenta las consecuencias de la falta de acceso al aborto para las víctimas de violación sexual. El informe determinó que las sanciones penales al aborto llevan a algunas mujeres y niñas adolescentes a recurrir a abortos ilegales e inseguros, lo cual socava los esfuerzos de Ecuador por reducir las muertes maternas prevenibles. El Código Penal prevé sanciones para las mujeres y niñas adolescentes que obtengan abortos, incluidas penas de seis meses a dos años de prisión.
Desde que se publicó el informe, la Asamblea no ha reformado el Código Penal para permitir el acceso al aborto en circunstancias adicionales, señaló Human Rights Watch.
“Una mujer o niña que ha sufrido la experiencia traumática de ser violada no debería enfrentarse a la posibilidad de ser encarcelada si decide someterse a un aborto”, observó Vivanco. “Las mujeres embarazadas a causa de violencia sexual deberían tener derecho a decidir si siguen adelante con su embarazo o tienen acceso a un aborto seguro y legal”.
