En junio de 2016, Ruth Montenegro despidió a su hija Valentina, de 11 años. Valentina tenía previsto ir de la escuela a su práctica de orquesta —era flautista de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Ecuador— y regresar a casa para ayudar a su hermana a decidir qué se pondría para su cumpleaños. Pero nunca llegó a la práctica.
Montenegro y su esposo acudieron a la policía. En vez de ayudar a buscarla, los policías preguntaron si Valentina tendría motivos para irse voluntariamente.
Al día siguiente, Montenegro recibió una llamada de la escuela. Al llegar, vio el cuerpo de su hija en el suelo, cubierto con una manta. Las autoridades escolares sugirieron que había sido un accidente y luego que Valentina se había suicidado porque sus padres iban a divorciarse, dijo Montenegro.
Una perito forense que participó en la primera autopsia le dijo a Montenegro que Valentina había sido violada y estrangulada, pero luego cambió súbitamente su versión tras recibir una llamada, y dijo que “lo lamentaba mucho” pero había habido una “equivocación” y la muerte de Valentina fue un “accidente”. El fiscal posteriormente instó a la familia a llevarse apresuradamente el cuerpo de la morgue y enterrarlo, me contó Montenegro.
El cuerpo fue exhumado varias semanas después. La investigación arrojó evidencias de que Valentina habría sufrido abuso sexual y sido asesinada, y que su cuerpo fue luego colocado cerca del patio de la escuela, donde fue hallado. La muerte de Valentina sigue siendo investigada.
El de Valentina no es un caso aislado. Varios escándalos han sacudido a la sociedad ecuatoriana recientemente, dejando en evidencia que el abuso sexual de niños y niñas es un problema mucho más extendido de lo que muchos están dispuestos a reconocer.
Luego de años en que el gobierno ecuatoriano evitara reconocer la magnitud del problema, el gobierno de Lenín Moreno respondió de manera distinta. El Ministro Fander Falconí indicó que el Ministerio de Educación había registrado 882 denuncias de casos de violencia sexual contra niños y niñas entre 2014 y 2017, incluidos 561 vinculados con el sistema de educación pública.
En noviembre, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, manifestó que en ese mismo período se habían recibido 4.864 denuncias sobre delitos sexuales contra niños y niñas, de los cuales 2.264 habían llegado a juicio y en 1.653 se había dictado sentencia, sin especificar si fueron condenas. Ese mes, la Fiscalía General del Estado dijo que reabriría 82 investigaciones de denuncias de este tipo que habían sido archivadas desde 2015.
Estos son sólo los casos denunciados. Según Unicef, las estadísticas oficiales indican que las víctimas sólo denuncian en cerca del 15 % de casos de violencia sexual en Ecuador.
Unicef ha reportado que globalmente alrededor de 15 millones de niñas adolescentes entre 15 y 19 años de edad fueron obligadas a tener relaciones sexuales, incluyendo 9 millones que fueron víctimas el último año. En 28 países evaluados, 9 de cada 10 mujeres obligadas a tener relaciones sexuales dijeron que ello ocurrió por primera vez durante la adolescencia. En 30 países, 1% de las víctimas solicitó ayuda profesional.
Además, el aborto en Ecuador es legal para mujeres y niñas solo cuando su vida o salud está en riesgo, o cuando el embarazo se debe a la violación a una mujer “idiota o demente”. Esto significa que muchas adolescentes que quedan embarazadas tras una violación no pueden acceder a un aborto seguro y legal y deben recurrir a abortos ilegales o verse obligadas a continuar con sus embarazos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador en 1990, obliga a los Estados Parte a adoptar medidas para proteger a los niños y niñas de “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.
En septiembre de 2017, el Comité de los Derechos del Niño, órgano especializado de la ONU que evalúa el cumplimiento de los gobiernos con la convención, declaró que estaba “sumamente preocupado por la prevalencia de la violencia de género, en particular la violencia sexual”, por los “altos índices de impunidad en casos de violencia sexual” contra niños y niñas y por “el alto número de embarazos adolescentes, frecuentemente causados por violencia sexual” en Ecuador.
El desmantelamiento progresivo de instituciones especializadas en la protección de niños y niñas de los últimos años ha agravado esta situación, según activistas locales.
Los expertos instaron al gobierno a adoptar “una estrategia nacional para eliminar la violencia sexual contra las niñas” y asegurar que tengan acceso “a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo a aborto terapéutico” y “a mecanismos de denuncia efectivos”. E instaron al gobierno a “crear procesos obligatorios de verificación y controles de antecedentes” del personal en escuelas públicas y privadas, y “agilizar los procesos judiciales” en casos de violencia sexual.
Las autoridades ecuatorianas parecen estar tomando este tema más seriamente. El ministro de Educación reconoció la magnitud del problema. La Asamblea Nacional creó una comisión especial para investigar casos. El Presidente Moreno propuso preguntarle a los ecuatorianos en su consulta popular si aprueban eliminar los plazos de prescripción para juzgar delitos de violencia sexual contra niños y niñas.
Con lágrimas en los ojos, Montenegro me dijo que quería justicia y que no se repitiera “para ninguna otra persona o familia”. Es indispensable que el gobierno transforme lo dicho en acciones concretas e implemente un sistema integral y adecuado para proteger a niños y niñas de la violencia sexual.
