(Washington D.C.) – La Asamblea Nacional venezolana debería reformar su proyecto de ley de amnistía para asegurar que cumpla con estándares internacionales de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch.
El 22 de enero de 2019, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de ley de amnistía que se aplicaría a aquellas personas que están siendo procesadas penalmente por motivos políticos, así como a funcionarios civiles y militares que “colaboren en la restitución del orden constitucional en Venezuela”. La Asamblea propuso esta norma para generar incentivos que permitan que militares y civiles apoyen a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que se juramentó como jefe de Estado y pidió al pueblo venezolano que se movilizara en su apoyo.
“Las disposiciones imprecisas y vagas que contiene el proyecto de ley de amnistía podrían permitir que se garantice la impunidad a agentes del estado responsables por graves abusos”, destacó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Cualquier amnistía que impida investigar y procesar a funcionarios públicos y militares responsables por graves violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Venezuela”, añadió Vivanco.
El 23 de enero, Guaidó anunció que asumía el poder como presidente interino de Venezuela para convocar a elecciones libres y justas. Guaidó ha recibido un amplio apoyo de gobiernos que rechazan la legitimidad de Nicolás Maduro debido a que consideran fraudulentas las elecciones presidenciales de mayo de 2018.
La ley de amnistía propuesta tiene términos muy amplios y no especifica qué delitos quedarían cobijados por la amnistía, ni explica tampoco cuál es el proceso para su implementación. Solamente establece que será administrada por jueces venezolanos, que serían sancionados si se niegan a cumplirla.
Uno de los artículos del proyecto de ley, relativo a la amnistía de presos políticos, menciona el artículo 29 de la Constitución venezolana, que prohíbe las amnistías por delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Este lenguaje no aparece en los artículos que se refieren a las amnistías en favor de actuales funcionarios civiles y militares que retiren su apoyo a Maduro. La ley debería reformarse para establecer claramente que las mismas reglas constitucionales también se aplican a estos casos, señaló Human Rights Watch.
Las disposiciones sobre amnistía que otorgan impunidad a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos contravienen la obligación jurídica de los Estados de asegurar que se haga justicia por esos abusos.