Una regla propuesta en la ciudad de Nueva York requeriría que los vendedores ambulantes de comida comiencen a usar dispositivos GPS. Estos proveedores de alimentos, la mayoría inmigrantes y muchos de ellos indocumentados, ya afrontan condiciones laborales difíciles. Esta nueva propuesta sólo los sometería a mayores niveles de vigilancia.
Las autoridades de la ciudad argumentan que los datos recopilados de estos dispositivos GPS sólo se usarían para inspeccionar los puestos ambulantes de estos proveedores o “como así lo requiera la ley”. Sin embargo, la propuesta no aclara cómo se protegerán los datos de ubicación que generan los dispositivos ni cuánto tiempo se conservarán, lo que genera inquietudes acerca de cómo estos datos pudieran usarse incorrectamente o, peor aún, piratearse.
Los inmigrantes indocumentados que trabajan como vendedores ambulantes están especialmente preocupados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos está invirtiendo en ampliar sus capacidades de vigilancia para encontrar y deportar a más personas mediante la compra de sistemas de análisis de datos de teléfonos celulares para rastrear su ubicación en tiempo real, utilizando datos de Facebook e identificando patrones de movimiento mediante escáneres lectores de matrículas.
La Sra. Oliver (no es su nombre real), anteriormente una inmigrante indocumentada de Sudamérica, lleva 35 años trabajando como vendedora de perritos calientes. “Esto no debería permitirse en una ciudad que el alcalde llama una ‘ciudad santuario’”, dijo. “Es perjudicar a los vendedores y no aceptamos esta propuesta. Quieren vigilarnos y tenernos bajo su control. No la aceptamos antes y no la vamos a aceptar ahora, seguimos luchando contra esto”.
La Sra. Oliver es miembro del Street Vendor Project, que hace incidencia a favor de los vendedores. Aseguran que esta propuesta permite la vigilancia sin orden judicial y constituiría una violación inconstitucional de sus derechos de la cuarta enmienda. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó recientemente que la policía necesita una orden de un juez antes de exigir datos históricos de ubicación generados por un teléfono celular.
Fahd Ahmed, director ejecutivo de Desis Rising Up and Moving, una organización de trabajadores inmigrantes indocaribeños y del sur de Asia que trabaja con casi 150 vendedores ambulantes, dijo a Human Rights Watch: “nuestros miembros, junto con las comunidades negra y latina, son vigilados frecuentemente en sus vecindarios por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) por delitos menores de “calidad de vida”, vigilados como musulmanes y también criminalizados en la escuela por agentes del NYPD. Esta política representaría la expansión de la vigilancia sobre las comunidades obreras no blancas. Los vendedores ambulantes ya afrontan acoso y multas excesivas por parte del NYPD, y estos rastreadores de ubicación sólo aumentarán los riesgos que corren solo por hacer una buena comida”.
