Entre los graves problemas del proceso electoral se destacan los siguientes: la disolución arbitraria del principal partido de la oposición, el Partido Nacional para el Rescate de Camboya (PNRC), y la vigilancia, la intimidación, la detención y el enjuiciamiento motivado por motivos políticos de miembros clave de la oposición. Otras preocupaciones importantes incluyen una ofensiva contra los medios de comunicación independientes, una falta de acceso justo y equitativo a los medios y leyes represivas que restringen el discurso, la asociación y la asamblea. La comisión electoral nacional no es independiente. En todo el país, oficiales militares y policiales de alto rango han estado continuamente haciendo campaña en favor del partido gobernante, el Partido Popular Camboyano (PPC).
“Durante el año pasado, el gobierno camboyano ha tomado enérgicas medidas contra las voces independientes y de oposición para garantizar que el partido gobernante no enfrente obstáculos al control político total”, dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Disolver el principal partido de oposición y prohibir que muchos de sus altos cargos ejerzan la política significa que estas elecciones no pueden reflejar la voluntad del pueblo camboyano”.
En 2017, el gobierno de Camboya intensificó su represión contra el partido de oposición PNRC mediante amenazas, acoso, intimidación, vigilancia y detenciones arbitrarias y enjuiciamientos. El 16 de noviembre de 2017, la Corte Suprema, controlada por el partido gobernante, falló a favor de una petición del gobierno que alegaba la participación del PNRC en una “revolución de color” para derrocar al gobierno y disolver el partido. El tribunal también prohibió a 118 miembros del partido a participar en cualquier actividad política durante cinco años.
El gobierno también ha presentado cargos penales por motivos políticos contra los líderes del PNRC. Varias condenas forzaron a Sam Rainsy, el ex líder del partido, al exilio. El 3 de septiembre de 2017, la policía y el ejército arrestaron al presidente del partido, Kem Sokha, por falsos cargos de traición por su presunta participación en una “revolución de color”. Desde entonces, permanece detenido preventivamente en la remota prisión de Trapaing Phlong en la provincia de Tbong Khmum, lejos de su familia en Phnom Penh.
La disolución del partido de la oposición llevó a EE.UU. a cortar toda la asistencia electoral al gobierno, y a la UE a retirar su apoyo financiero al Comité Electoral Nacional (CEN), que es políticamente parcial. Desde entonces, la UE y los gobiernos que habían enviado equipos oficiales de observación de elecciones se negaron a hacerlo debido a los numerosos problemas estructurales que hacen que las elecciones del 29 de julio sean injustas.
El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Camboya es parte, establece que “todos los ciudadanos gozarán (…) sin restricciones indebidas (...) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.
“Los gobiernos preocupados por el futuro de Camboya deberían denunciar este ejercicio electoral como un cruel fraude contra el pueblo camboyano”, aseguró Adams. “Desde el día en que se disolvió el PNRC, estos comicios se convirtieron en una burla de la democracia y en una victoria predeterminada para el partido gobernante. Ahora les corresponde a los países que se comprometieron con los Acuerdos de Paz de París de 1991 ayudar a restaurar la auténtica democracia en Camboya o aceptar las consecuencias de derechos humanos que supone un Estado en la práctica de partido único”.
Obstáculos a elecciones auténticas en Camboya en 2018
Las elecciones nacionales programadas para el 29 de julio en Camboya serán disputadas oficialmente por 20 partidos políticos, pero la disolución del principal partido de oposición, el PNRC, significa que el partido gobernante, el PPC, carece prácticamente de oposición. Esta y otras acciones por parte de las autoridades camboyanas, destacadas a continuación, impiden que las elecciones sean auténticas, libres y justas.
Represión contra los medios afines a la oposición
El PPC ha mantenido durante mucho tiempo un cuasi monopolio sobre los medios de comunicación, otorgándose una ventaja injusta sobre otros partidos políticos y limitando el acceso a la información para los votantes, muchos de los cuales dependen de la televisión y la radio para sus noticias e información. La estatal TVK y las estaciones de propiedad privada controladas por la familia o los asociados del primer ministro Hun Sen transmiten continuamente noticias y puntos de vista favorables al PPC, mientras critican o ignoran por completo a los partidos de la oposición.
El gobierno restringió aún más la libertad de los medios al forzar el cierre o la venta de los medios locales independientes que quedaban. El Cambodia Daily se vio obligado a cerrar en septiembre de 2017 y The Phnom Penh Post se vendió en mayo de 2018 después de recibir dudosas facturas de impuestos alegando que los periódicos debían millones de dólares al gobierno. Ambos diarios habían dado prioridad a reportajes de investigación y con frecuencia habían criticado al gobierno.
Radio Free Asia (RFA) cerró sus operaciones en el país en septiembre de 2017 después de haber sufrido hostigamiento por parte del gobierno. Dos ex periodistas de la RFA, Uon Chin y Yeang Sothearin, están detenidos arbitrariamente por falsos cargos de espionaje. En agosto de 2017, el gobierno ordenó que 32 frecuencias de radio en 20 provincias dejaran de emitir porque transmitían noticias independientes de Voice of America, RFA y Voice of Democracy.
La autocensura también es un problema importante para los periodistas locales que cubren las elecciones. El 24 de mayo de 2018, el Comité Electoral Nacional introdujo un código de conducta para los medios que incluye una prohibición de difundir información que pueda causar “confusión y pérdida de confianza” en las elecciones, publicar noticias basadas en rumores o falta de pruebas y que haga uso de un lenguaje provocativo que pueda desencadenar desorden o violencia. El código también prohíbe la publicación de noticias que afecten la seguridad nacional y la estabilidad política y social, o que exprese opiniones personales o prejuicios, y prohíbe las entrevistas en los centros de inscripción de votantes, centros de votación y lugares de escrutinio.
El Comité Electoral Nacional es partidista
El Comité Electoral Nacional de Camboya ha carecido de credibilidad debido a su sesgo político desde su creación antes de las elecciones nacionales de 1998.
Las negociaciones políticas entre el PPC y el PNRC después de las elecciones de 2013 dieron como resultado alguna reforma electoral, con dos leyes electorales adoptadas en marzo de 2015: la Ley sobre la Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional (LEMNA) y la Ley del Comité Electoral Nacional. El comité electoral reformado estaba integrado por nueve miembros, cuatro elegidos por el PNRC y cuatro por el PPC; el noveno miembro es independiente y no partidista.
Sin embargo, el gobierno aisló inmediatamente al noveno miembro, Ny Chakrya, ex alto funcionario del grupo no gubernamental de derechos humanos ADHOC, presentando cargos penales sin fundamento en su contra. Poco después de que comenzara a trabajar como vicesecretario general del comité electoral en febrero de 2016, el gobierno presentó cargos de soborno contra él y otros cuatro altos funcionarios de ADHOC por lo que era un trabajo legítimo de derechos humanos. Fue detenido en abril de 2016 y permaneció encarcelado durante 427 días.
Después de que el PNRC se disolviera en noviembre de 2017, los cuatro miembros afiliados al partido en el comité electoral renunciaron, dejando el cuerpo completamente en manos del PPC.
En abril de 2018, el CEN amenazó con enjuiciar a cualquier persona que instara a los votantes a boicotear las elecciones. En junio de 2018, envió un mensaje a los suscriptores de telefonía móvil en Camboya que prohibía “criticar, atacar o comparar las políticas de su partido con las de otros partidos”.
Las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales independientes han declarado que no llevarán a cabo una observación electoral acreditada por el CEN por temor a que esto proporcione una legitimidad indebida para las elecciones.
Leyes que restringen la libertad de asociación y los derechos de voto
En 2017, el gobierno introdujo apresuradamente vía la Asamblea Nacional enmiendas represivas a la Ley de Partidos Políticos, que nunca se había modificado desde su adopción en 1997. Las enmiendas facultaban a las autoridades a disolver partidos políticos y expulsar a líderes del partido de la actividad política sin un debido proceso. Esta ley revisada permitió el arresto arbitrario de Kem Sokha, el líder del PNRC, sin una orden judicial y a pesar de su inmunidad parlamentaria. Él ya había estado en régimen de arresto domiciliario de facto en 2016 en el marco de otro caso políticamente motivado.
Sokha permanece en detención preventiva a pesar del deterioro de su salud mientras los investigadores judiciales aparentemente examinan las acusaciones, basadas en un discurso grabado en vídeo a partidarios del PNRC en Australia, de que está liderando una “revolución de color” para derrocar al gobierno con el apoyo de EE.UU.
Enmiendas posteriores a las leyes electorales de Camboya permiten la redistribución de los escaños parlamentarios de un partido disuelto a otros partidos políticos. Después de que el tribunal disolviera el PNRC, sus escaños se redistribuyeron a varios partidos menores que no habían logrado obtener ninguno en las elecciones de 2013.
Las enmiendas a los artículos 34 y 42 de la Constitución camboyana, aprobadas en marzo, recrudecieron las restricciones al derecho de voto y la libertad de asociación y exigen que todos los ciudadanos camboyanos “respeten la Constitución” y “defiendan la patria”. El artículo 34 fue modificado para permitir nuevas restricciones al derecho a votar, mientras que el artículo 42 ahora faculta al gobierno para tomar medidas contra los partidos políticos si no “priorizan el interés del país y la nación”, una enmienda que podría usarse arbitrariamente para menoscabar a los partidos de la oposición.
Campaña partidista de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios
Altos miembros de las fuerzas de seguridad han respaldado al primer ministro Hun Sen y al PPC en numerosos mítines públicos y otros eventos en Camboya.
El Artículo 9 de la Ley sobre el Estatuto General del Personal Militar de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya (RCAF, por sus siglas en inglés) establece que “el personal militar será neutral en sus funciones y actividades laborales, y el uso de funciones/títulos y los materiales del Estado para cualquier actividad política estará prohibido”.
El partidismo de las fuerzas militares y la policía ha creado una atmósfera intimidante para los votantes en muchas partes del país. Partiendo de informes de medios oficiales y semioficiales, Human Rights Watch ha documentado extensamente el apoyo sistémico y abierto de altos militares y policías locales para una victoria electoral del PPC, y en particular la continuación de Hun Sen como primer ministro.
Los involucrados incluyen al comandante supremo de las RCAF, Pol Saroeun; el comandante supremo adjunto de las RCAF, Kun Kim; el comandante en jefe adjunto de las RCAF, Meas Sophea; el comandante supremo en funciones de las RCAF, Sao Sokha; y el hijo de Hun Sen, el teniente general Hun Manet. Muchos de ellos son miembros de los principales órganos de dirección del partido gobernante y, al mismo tiempo, jefes de sus “equipos de trabajo” asignados para organizar y movilizar la votación para el partido en las provincias.
Los líderes y activistas de la oposición dijeron a Human Rights Watch que temen constantemente que si Hun Sen y el PPC los perciben como una amenaza electoral, podrían ordenar al ejército y la policía que actúen contra ellos, incluso mediante arrestos arbitrarios y violencia. “Siempre está presente en nuestras mentes”, dijo un candidato de la oposición a Human Rights Watch.
La lista de candidatos a la Asamblea Nacional del PPC incluye a militares de alto rango, gendarmería y policías en servicio activo, como Pol Saroeun, Meas Sophea y Kun Kim, quienes han ayudado a mantener a Hun Sen al frente del gobierno desde 1985.
