Las autoridades colombianas se enfrentan a un difícil dilema: ¿deben extraditar a los ex comandantes de las FARC que solicite Estados Unidos?
El dilema surgió primero el 9 de abril cuando “Jesús Santrich” fue detenido en su hogar en Bogotá, a raíz de un procesamiento en Estados Unidos que lo acusa de intentar traficar toneladas de cocaína a ese país. Y luego el debate se profundizó cuando el Wall Street Journal informó que autoridades de Estados Unidos estarían investigando a “Iván Márquez” por tráfico de drogas, lo que significa que él también podría ser extraditado en el futuro.
Según el acuerdo de paz ratificado por el Congreso el 30 de noviembre de 2016, los crímenes cometidos por las FARC hasta esa fecha serán procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo ad hoc frente al cual Human Rights Watch tiene fundadas preocupaciones. Los crímenes cometidos luego de esa fecha, en cambio, serán procesados por la justicia ordinaria y los sospechosos que enfrenten cargos en el extranjero pueden ser extraditados. Esto tiene todo el sentido del mundo, pues sirve como un incentivo disuasivo clave para que los exguerrilleros se desvinculen del crimen, pues se arriesgan a cumplir largas penas en prisión, incluso en Estados Unidos.
Sin embargo, extraditar a comandantes de las FARC antes que sean procesados por los crímenes de guerra que cometieron en Colombia podría causar un daño irreparable para las víctimas, al extremo que podrían eludir su responsabilidad por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Los guerrilleros de las FARC reclutaron a niños, secuestraron y asesinaron civiles, participaron en hechos generalizados de violencia sexual y sometieron a combatientes a tratos crueles e inhumanos. Las miles de víctimas de la guerrilla merecen que los comandantes sean procesados por esos crímenes.
Es cierto que existen algunas vías legales para que las autoridades colombianas investiguen e incluso puedan condenar a personas extraditadas a Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos y al DIH. Pero el éxito de esos procesos dependerá en gran medida de la buena voluntad de las contrapartes norteamericanas para facilitar esa cooperación. Recordemos, si no, lo que ocurrió con los líderes paramilitares hace exactamente una década.
El 13 de mayo de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe ordenó la extradición de 14 paramilitares a Estados Unidos acusados de narcotráfico. Entre ellos se encontraban varios de los comandantes responsables por algunos de los crímenes más horrendos que se cometieron durante el conflicto armado colombiano. Casualmente, la decisión de extraditarlos ocurrió justamente cuando los fiscales comenzaban a desentrañar las complejas redes que vinculaban a paramilitares con políticos. Las extradiciones en buena medida frenaron esos esfuerzos.
Diez años más tarde, muchos de esos 14 extraditados aún no han enfrentado la justicia en Colombia por sus graves abusos. En octubre de 2017, los tribunales de Justicia y Paz informaron que habían logrado condenar apenas a tres de ellos. Y uno más ha sido condenado por la justicia ordinaria, luego de ser excluido de Justicia y Paz. Mientras tanto, en Estados Unidos, muchos paramilitares extraditados recibieron reducciones en sus penas, según el New York Times, y a dos de ellos se les permitió quedarse en el país, a pesar de que eran requeridos por autoridades colombianas por delitos graves.
Tal como lo hemos dicho reiteradamente, la JEP está lejos de ser un modelo para juzgar violaciones a los derechos humanos. Al contrario, es un mecanismo débil que apenas ofrece unos mínimos de justicia. Pero extraditar a los comandantes de las FARC en este momento puede terminar por evaporar por completo ese compromiso que el estado colombiano ha asumido con miles de víctimas del conflicto armado. Un juicio en Estados Unidos por narcotráfico no puede sustituir la rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos por las FARC en Colombia.
