(Nueva York) – Un proyecto de ley pendiente ante el Congreso Nacional hondureño afectaría gravemente el ejercicio de la libertad de expresión al obligar a compañías prestadoras de servicios de internet a censurar contenidos, señaló hoy Human Rights Watch. El Congreso debería rechazar el proyecto, que se aprobó en primera discusión el 8 de febrero de 2018 y aún debe superar otras dos discusiones antes de convertirse en ley.
El proyecto exige a dichas compañías bloquear o suprimir “contenido ilegal” que pueda haber sido publicado en las plataformas de Internet por usuarios dentro de las 24 horas siguientes a haber recibido un reclamo, plazo que podría extenderse a siete días en casos “debidamente justificados”. Si la compañía de Internet no actúa, su sitio Web podría ser bloqueado o suspendido, lo que implicaría que todos los hondureños se verían afectados por la presunta conducta ilegal de unos pocos. La brevedad de los plazos, la gravedad de las sanciones y las nuevas categorías imprecisas de ‘contenido ilegal’ generan incentivos para que las compañías tiendan a optar por la censura. Dichas nuevas categorías de “contenido ilegal” incluyen la “incitación a la discriminación” orientada a “lesionar la dignidad” y la “incitación o discurso de odio” con el objetivo de “promover y alimentar un discurso cargado de connotaciones discriminatorias”. La ley no contempla ninguna norma sobre la intervención judicial antes que el contenido sea removido, o sobre el control judicial de las decisiones de las compañías que censuren contenidos.
“El proyecto permitiría que el gobierno utilice a las compañías prestadoras de servicios de Internet para imponer restricciones inadmisibles a la libertad de expresión que excederían ampliamente lo que podría considerarse legítimo conforme al derecho internacional de los derechos humanos”, apuntó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch.
La versión original del proyecto fue presentada el 1 de febrero por un legislador del partido del Presidente Juan Orlando Hernández, con el título “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet”. El mismo era prácticamente idéntico al proyecto propuesto en marzo de 2017 por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa a la Asamblea Nacional de Ecuador. El referido proyecto fue duramente criticado por organizaciones no gubernamentales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, así como por el Relator Especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, Edison Lanza, entre otros.
Con el propósito de justificar el régimen de censura previsto en el texto, la comisión del Congreso que revisa el proyecto le incorporó varias disposiciones relativas al tema de ciberseguridad, pretendiendo argumentar que la ley busca proteger la seguridad nacional de Honduras. Sin embargo, la esencia del proyecto original se mantiene, explicó Human Rights Watch. Además de contener nuevas definiciones imprecisas de categorías de “contenido ilegal”, el proyecto no especifica de qué modo será conformado el órgano responsable de aplicar sanciones y qué criterios se usarán para aplicarlas.
La Ley contempla la creación de un comité integrado por representantes de 19 instituciones estatales, que en su mayoría forman parte del poder ejecutivo. El mismo tendrá la misión de crear una dirección encargada de determinar si las compañías de Internet acatan la ley y de aplicarles sanciones cuando estas incurran en infracciones, incluidas multas significativas y la suspensión o el bloqueo de sus sitios.
“Conceder estas facultades para aplicar la ley y sancionar a compañías de Internet a un órgano controlado por el poder ejecutivo es una fórmula ideal para la censura política”, opinó Vivanco. “Esto le quita la careta a cualquier esfuerzo hecho por presentar la ley como un mecanismo de protección de la seguridad nacional, cuando en realidad se trata de un burdo mecanismo que el poder ejecutivo puede utilizar para controlar la libre expresión del pensamiento.”
En junio de 2011, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Américas, Europa, África y las Naciones Unidas emitieron una “Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet”, donde se establecen pautas sobre cómo regular Internet de un modo que resulte compatible, entre otras normas, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte Honduras.
En la declaración se indica que “[n]inguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché, deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios […]”. No obstante, el proyecto parece establecer para los proveedores de servicios de Internet la obligación de retirar contenidos, incluso cuando no haya una orden judicial, ni hayan ellos intervenido en el contenido ilegal publicado por sus usuarios.
