(Seúl) – Kim Jong-un intensificó las medidas represivas contra su propio pueblo, a pesar de que acaparó la atención mundial gracias a agresivas pruebas de armas durante todo el año. El gobierno endureció las restricciones de viaje, persiguió a los refugiados que huían con la ayuda de China, castigó a sus ciudadanos por el contacto con el mundo exterior y continuó negando las violaciones de derechos humanos, dijo Human Rights Watch hoy en su Informe Mundial 2018. Corea del Norte sigue siendo uno de los Estados más represivos del mundo.

En la 28.a edición de su Informe Mundial, de 643 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que varios líderes políticos dispuestos a defender los derechos humanos mostraron que es posible poner límites a las aspiraciones populistas y autoritarias. Cuando estuvieron acompañados por un público movilizado y actores multilaterales que actuaron con eficacia, estos líderes demostraron que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos no es algo inevitable.

“Kim Jong-un está al frente de un Estado basado en horrendos abusos de derechos y completa intimidación de su población”, dijo Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “Dado que el pueblo norcoreano está silenciado, le corresponde a la comunidad internacional intensificar y presionar a los líderes del país en materia de derechos humanos, y garantizar que la protección de los derechos humanos siga siendo la prioridad de todos los tratos internacionales con Pyongyang”.

Corea del Norte restringe todas las libertades civiles y políticas fundamentales para sus ciudadanos, incluida la libertad de expresión, religión y conciencia, asamblea y asociación. Prohíbe cualquier oposición política organizada, medios independientes, sociedad civil independiente o sindicatos libres. El sistema judicial está totalmente controlado por el Partido gobernante de los Trabajadores de Corea y el gobierno.

El gobierno utiliza el castigo colectivo, incluida la tortura bajo custodia, el trabajo forzado en centros de detención que son esencialmente gulags, así como las ejecuciones públicas, para alimentar el miedo y mantener el control sobre la población. Corea del Norte está aumentando continuamente sus esfuerzos para evitar que las personas salgan de Corea del Norte sin permiso mediante el número de guardias fronterizos, cámaras de CCTV y sistemas de monitoreo, así como vallas de alambre de púas. China también aumentó los puestos de control en las carreteras que vienen de la frontera. Durante el verano y el otoño de 2017, las autoridades chinas también intensificaron las enérgicas medidas tanto contra los norcoreanos que huían a través de China como contra las redes que los guiaban.

En 2017, Corea del Norte se negó a cooperar con la oficina local de las Naciones Unidas en Seúl y con el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana. El gobierno también denegó continuamente las conclusiones del informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (COI, por sus siglas en inglés) sobre los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) sobre el hecho que Corea del Norte cometió crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en 2017, la RPDC se comprometió con dos órganos de tratados de derechos humanos de la ONU, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) e invitó a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas-Aguilar, quien visitó el país en mayo de 2017, convirtiéndola en la primera Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con permiso para visitar el país. Sin embargo, a pesar de este aumento en las relaciones, Corea del Norte todavía rechaza reconocer sus propias violaciones de derechos.

En marzo de 2017, el Consejo de Derechos Humanos adoptó sin votación una resolución que autoriza la contratación de “expertos en responsabilidad legal” para evaluar casos y desarrollar planes para el eventual enjuiciamiento de líderes y funcionarios norcoreanos responsables de crímenes de lesa humanidad. El 11 de diciembre de 2017, por cuarto año consecutivo, el Consejo de Seguridad de la ONU discutió las atroces violaciones de derechos humanos de Corea del Norte como parte de su agenda formal, abordando las violaciones generalizadas y sistémicas de derechos como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

“La triste realidad es que las innumerables víctimas de derechos humanos de Corea del Norte tienen pocas opciones: o tomar las riendas de su destino y jugársela en Corea del Norte y China para llegar a un tercer país, o sufrir en silencio y esperar que los gobiernos de todo el mundo intensifiquen sus esfuerzos para exigir justicia para ellos”, dijo Robertson. “Es crucial que la comunidad internacional no defraude a los norcoreanos y garantice la rendición de cuentas impulsando el caso para la responsabilidad penal contra sus líderes”.