Partidarios de Salvador Nasralla, el candidato presidencial por la “Alianza de oposición contra la dictadura”, participan de una marcha a propósito de la cuestionada elección presidencial, en Tegucigalpa, Honduras, el 10 de diciembre de 2017.

© 2017 Reuters
 
 
(Washington D.C., 11 de diciembre de 2017) —Las autoridades hondureñas deberían adoptar medidas inmediatas para garantizar la credibilidad de las elecciones generales que se celebraron en el país el 26 de noviembre de 2017, y respetar el derecho a la protesta pacífica, señaló hoy Human Rights Watch.
 
Diversos observadores internacionales informaron irregularidades en el proceso electoral, lo cual concitó serias dudas sobre la legitimidad de las elecciones. Luego de que trascendieran señalamientos de manipulación de los resultados electorales, empezaron las protestas y las autoridades decretaron el estado de emergencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras indicaron haber recibido información de que 11 personas habrían muerto durante las protestas.
 
“El respeto de los derechos humanos es clave para la democracia”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Eso no sólo implica que todos los votos deberían contarse correctamente, sino además que las autoridades hondureñas deben garantizar el derecho de protesta pacífica”.
 
La participación del actual Presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones fue controvertida, dado que la Constitución hondureña no permite un segundo mandato. Sin embargo, legisladores del Partido Nacional de Hernández cuestionaron esta prohibición ante la Corte Suprema de Justicia, alegando, entre otros argumentos, que la limitación al mandato era violatoria de normas internacionales de derechos humanos.
 
Se apoyaron en una disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los derechos políticos podrán limitarse “exclusivamente” en circunstancias muy específicas. Fue una interpretación disparatada, pues la cláusula se diseñó en 1969 para evitar que gobiernos abusivos excluyeran arbitrariamente a candidatos opositores, y no para impedir que se impusieran límites constitucionales a las reelecciones que precisamente buscan evitar el surgimiento de líderes autócratas, explicó Human Rights Watch. Sin embargo, la Corte Suprema les dio la razón y permitió a Hernández postularse nuevamente.
 
La jornada posterior a la elección, el Tribunal Supremo Electoral anunció que, luego de haber contado más de la mitad de los votos, el candidato opositor Salvador Nasralla llevaba una ventaja de cinco puntos respecto de Hernández. Pero los resultados finales se postergaron y, dos días más tarde, luego de una baja de varias horas del sistema informático del tribunal, la tendencia se revirtió. El 4 de diciembre, más de una semana luego de las elecciones, el tribunal anunció que Hernández había obtenido 1,6 por ciento más de votos que Nasralla.
 
Hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras, y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes.

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

 
También el 4 de diciembre, los observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos manifestaron haber identificado graves “irregularidades, errores y problemas sistémicos” en el proceso electoral y que, por eso, no podían certificar su imparcialidad.
 
Debido a sospechas de irregularidades, Nasralla exigió un recuento de los votos, con el apoyo de las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea. El 5 de diciembre, Hernández manifestó en una conferencia de prensa que aceptaría un recuento y, al día siguiente, firmó un acuerdo con la OEA para ese fin. Pero Nasralla no está de acuerdo. El 7 de diciembre, expresó que su partido exige un recuento total, que sea llevado a cabo por funcionarios internacionales y no por el tribunal. El 10 de diciembre, el tribunal finalizó un recuento parcial. La cuestión todavía no se ha resuelto.
 
El 29 de noviembre, tras conocerse las denuncias de irregularidades en el conteo de votos, se desataron protestas en todo el país, algunas acompañadas de saqueos. El 1 de diciembre, las autoridades establecieron un estado de emergencia de 10 días que dispuso un toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. y autorizó la movilización de las fuerzas armadas. La Secretaría General de la OEA calificó a esta suspensión de los derechos constitucionales como “desproporcionada”.
 
El 4 de diciembre, una unidad especial de policía manifestó que se había negado a dispersar manifestaciones públicas y se declaró en huelga. El 6 de diciembre, se levantó el toque de queda en 8 de los 18 departamentos hondureños. En los siguientes días, se canceló el toque de queda en otros 6 departamentos. En las áreas donde todavía se encontraba vigente, se aplicaría de 10 p.m. a 5 a.m.
 
Las autoridades pueden y deben actuar para prevenir los hechos de violencia y los saqueos, pero deben garantizar el derecho de libre reunión sin recurrir a un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, señaló Human Rights Watch.
 
“Hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras, y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes”, destacó Vivanco. “A su vez, las autoridades hondureñas deben respetar la libertad de reunión y abstenerse de hacer un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza”.