(Washington D.C.) — El Senado mexicano debería rechazar una ley que consagraría el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas en actividades de seguridad pública, señaló hoy Human Rights Watch.
El 30 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de Seguridad Interior, que autoriza la intervención militar en las actividades de seguridad pública. Pero el proyecto legislativo no contribuye en absoluto a incrementar la transparencia de las operaciones militares, ni a que los militares que cometen abusos rindan cuentas por sus actos. El Senado podría someter el proyecto a votación esta semana.
“Durante más de una década, México ha empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados han sido desastrosos”, destacó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Aunque el país necesita urgentemente mejorar su respuesta ante los problemas de seguridad pública, delegar esta tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos humanos, no es la solución”.
Entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10.000 denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de 2.000 recibidas durante el actual gobierno. Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos también han documentado numerosos casos en los cuales militares que habrían participado en actividades de seguridad pública habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. En estos abusos, la impunidad sigue siendo la regla.
Desde que México inició su “guerra contra el narcotráfico” en 2006 —que implicó la movilización masiva de miembros de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada— más de 100.000 personas han sido asesinadas y se desconoce el paradero de más de 30.000. Los índices de homicidios descendieron en 2014 y 2015, pero desde entonces han aumentado en forma constante y 2017 podría ser el año más letal en México de las últimas dos décadas.
El proyecto de ley otorga a las Fuerzas Armadas mexicanas amplias facultades para intervenir en actividades de “seguridad interior”, entre otras cosas, para recabar datos de inteligencia haciendo “uso de cualquier método lícito de recolección de información”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha manifestado que las definiciones imprecisas en la ley y la falta de criterios objetivos sobre qué constituye “seguridad interior” implican que la norma puede aplicarse a “cualquier” situación. Por ejemplo, las fuerzas militares estarían autorizadas a intervenir en la prevención e investigación de delitos.
El proyecto de ley no incluye medidas para fortalecer las instituciones policiales, ni tampoco una estrategia para poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. La ley tampoco incluye medidas para garantizar que las operaciones militares tengan un control y una supervisión a cargo de una autoridad civil independiente, ni para asegurar que las autoridades de la justicia penal ordinaria investiguen y juzguen abusos militares.
“Es necesario que haya un debate mucho más serio sobre temas de seguridad en México”, opinó Wilkinson. “Es notable que, tras más de 10 años de resultados terribles y trágicos, el Congreso mexicano pretenda reforzar una estrategia de seguridad pública militarizada que ya ha demostrado ser errada y costosa”.
