(Washington, DC) – El pedido del presidente de EE. UU. Trump, manifestado el 1 de noviembre de 2017, de que se aplique la pena de muerte contra Sayfullo Saipov fue un acto irresponsable, señaló hoy Human Rights Watch.

Sayfullo Saipov, the suspect in the New York City truck attack is seen in this undated handout photo.

© 2017 Reuters
Saipov, de 29 años, está acusado de haber matado a ocho personas y herido a una decena de víctimas al embestir deliberadamente una camioneta contra una ciclovía en la Ciudad de Nueva York. Pese a la declaración inicial de Trump de que Saipov es un “combatiente enemigo” y debería ser enviado a Guantánamo, el sospechoso fue debidamente acusado en la justicia federal.

“A fin de asegurar que se haga justicia en este caso, el presidente Trump debería demostrar el debido respeto por el proceso judicial”, apuntó Jasmine L. Tyler, directora de incidencia sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “Las víctimas de este delito, al igual que el acusado, merecen un juicio justo que no esté empañado por criterios tendenciosos entre los eventuales miembros del jurado, algo que podría propiciar el comentario irresponsable del presidente”.

Un juicio justo implica además la imposición de una pena adecuada luego de una condena y, señaló Human Rights Watch, la pena de muerte como castigo avalado por un gobierno es una medida de por sí cruel. Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias por considerar que se trata de un castigo inhumano y, por naturaleza, irreversible. En Estados Unidos, la aplicación de la pena de muerte ha estado además marcada por arbitrariedades, errores y disparidad racial.

Si se condena a Saipov, ejecutarlo no haría más que favorecer las intenciones de los islamistas armados, que entonces podrían convertirlo en mártir, señaló Human Rights Watch. En cambio, las personas condenadas por delitos que reciben como condena un período adecuado de encarcelamiento a menudo desaparecen de la memoria colectiva.

Esta no es la primera vez que Trump ha pedido la ejecución de un acusado que todavía no fue condenado penalmente. En mayo de 1989, Trump publicó un aviso de página entera en The New York Times, en el cual instaba a que se aplicara la pena de muerte a los “Cinco de Central Park”, un grupo de adolescentes a quienes la policía coaccionó para que confesaran la brutal violación sexual de una mujer que trotaba en ese parque. Todos los adolescentes quedaron exonerados por pruebas de ADN, tras haber sido condenados y cumplido penas de prisión, y suscribieron un acuerdo indemnizatorio por USD 41 millones. Aun así, Trump ha dicho que todavía cree que eran culpables.

Aunque la pena de muerte se está convirtiendo en una medida cada vez más inusual en EE. UU. — las ejecuciones han disminuido en forma constante desde 1999—, solo 19 estados la han abolido. La pena de muerte es rechazada ampliamente por gobiernos de todo el mundo que respetan los derechos. El máximo tribunal del estado de Nueva York abolió la pena de muerte en la práctica en 1984. Fue restablecida por ley en 1995, pero el máximo tribunal del estado derogó esa ley por inconstitucional en 2004, y Nueva York ha sido un estado sin pena de muerte desde entonces. No obstante, los procesos penales federales por delitos ocurridos en Nueva York podrían igualmente tener como resultado la imposición de la pena de muerte.

“La pena de muerte ha sido abrumadoramente rechazada en todo el mundo por tratarse de una medida cruel, errada, injusta e irreversible cuando ocurren errores”, apuntó Tyler. “Estados Unidos debería estar trabajando para abolir esta pena, en vez de que sus máximas autoridades alaben sus virtudes”.