Un doctor rellena un informe médico en Kampala, Uganda, después de llevar a cabo el examen anal forzado de un hombre sospechoso de haber mantenido relaciones homosexuales consensuadas. 

© 2016 Neela Ghoshal/Human Rights Watch

 

(Nairobi, 17 de octubre) – Doctores, profesionales médicos y asociaciones médicas nacionales deberían acatar la resolución de la Asociación Médica Mundial de octubre de 2017 para terminar con los exámenes anales forzados de personas acusadas de conducta homosexual, dijo hoy Human Rights Watch. La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (WMA, por sus siglas en inglés), una organización internacional compuesta por asociaciones médicas nacionales de 111 países, condenó el uso de exámenes anales forzados para probar que han existido relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo.

Los exámenes anales forzados, basados ​​en principios científicos del siglo XIX ya desacreditados, a menudo implican que los médicos u otro personal médico insertan forzadamente los dedos y, a veces, otros objetos en el ano de una persona para tratar de determinar si esa persona ha mantenido relaciones sexuales anales. Estos exámenes, que luego son utilizados como “prueba” para enjuiciar a personas por conducta homosexual consensuada en algunos países, carecen de base científica, violan la ética médica y constituyen un trato cruel, degradante e inhumano que puede llegar al nivel de la tortura.

“Esta cuestión ya no está pendiente de decisión. No hay excusa para que los gobiernos continúen realizando exámenes anales forzados a personas acusadas de homosexualidad”, dijo Neela Ghoshal, investigadora sénior sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) de Human Rights Watch. “La Asociación Médica Mundial ha sumado su voz a un consenso abrumador de que los exámenes anales forzados no son éticos, científicos ni justificables bajo ninguna circunstancia”.

La resolución de la Asociación Médica Mundial insta a los médicos a dejar de realizar los exámenes. Hace un llamamiento a las asociaciones médicas nacionales a emitir comunicaciones escritas que prohíban a sus miembros participar en ellos y educar a los médicos y trabajadores sanitarios sobre “la naturaleza no científica e inútil de los exámenes anales forzados y el hecho de que constituyen una forma de tortura o trato cruel, inhumano y degradante”. También pide a la Organización Mundial de la Salud que haga una declaración oficial en contra de los exámenes anales forzados por considerarlos no científicos y en violación de la ética médica, que se basaría en una referencia existente que condena la práctica.

La resolución, propuesta por la Asociación Médica Sudafricana con el apoyo de Human Rights Watch, ha pasado por un proceso de revisión y retroalimentación de un año de duración, lo que ha permitido a todos los miembros hacer comentarios antes de su adopción. La resolución fue aprobada por unanimidad, con dos abstenciones.

Durante la sesión de la Asamblea General, la asociación también adoptó una “Promesa del médico” revisada, que exhorta a los médicos a abstenerse de discriminar por varios motivos, incluida la orientación sexual.

Varios países que todavía no han erradicado los exámenes anales forzados han hecho recientes progresos hacia su erradicación, señaló Human Rights Watch. Los gobiernos de Líbano y Túnez han tomado medidas para prohibir los exámenes anales forzados. Túnez aceptó recientemente una recomendación para poner fin a estos exámenes durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aunque queda por ver si Túnez aplicará rigurosamente la prohibición. En ambos casos, las asociaciones médicas nacionales jugaron un papel clave a la hora de cambiar las posiciones de sus gobiernos. En septiembre, la Asociación Médica de Kenia se convirtió en la asociación médica más reciente en condenar el uso de los exámenes anales forzados, aunque la Fiscalía General intentó defender su uso.

Otros países van a la zaga. En Egipto, los hombres y las mujeres transgénero arrestados por cargos de “libertinaje” son sistemáticamente remitidos a la Autoridad de Medicina Forense, una rama del Ministerio de Justicia, para someterse a un examen anal forzado, y los resultados se usan regularmente en los tribunales para encarcelar a las personas sobre la base de su presunta orientación sexual. Desde fines de septiembre, según activistas de derechos humanos egipcios, al menos cinco egipcios han sido sometidos a exámenes anales forzados como parte de una cruel represión después de que varios jóvenes agitaran banderas arcoíris en un concierto.

Y en Tanzania, la policía recurrió por primera vez (hasta donde Human Rights Watch ha podido determinar) a los exámenes anales forzados para buscar “prueba” de conducta homosexual, como parte de una campaña más generalizada contra las personas LGBT y sus aliados. Ni la Asociación Médica Egipcia ni la Asociación Médica de Tanzania, ambos miembros de la WMA, condenaron públicamente los exámenes.

Otros países en los que Human Rights Watch ha documentado el uso de exámenes anales forzados entre 2010 y 2015 incluyen Camerún, Turkmenistán, Uganda y Zambia. Human Rights Watch ha recibido informes de autoridades gubernamentales que ordenan exámenes anales forzados a personas acusadas de conducta homosexual en Siria y los Emiratos Árabes Unidos, pero no ha podido verificar de forma independiente estas acusaciones.

“Los médicos desempeñan un papel fundamental en la defensa de los estándares éticos y forman parte de la dirección moral que debe guiar a la sociedad”, dijo Ghoshal. “En Egipto, en Tanzania y en todos los países donde las personas son sometidas a los exámenes anales forzados, los médicos deben tomar la iniciativa para acabar con estos horribles abusos”.