El 15 de octubre, los venezolanos acudieron a las urnas para elegir gobernadores en los 23 estados del país.
Al igual que en elecciones pasadas, las condiciones antes de los comicios distaron mucho de haber sido equitativas y transparentes. La dictadura inhabilitó arbitrariamente a muchos miembros de la oposición. Hubo presión descarada a empleados públicos y el día de la votación graves irregularidades. Por la falta de independencia judicial, no habrá posibilidad de investigar estos hechos. La combinación de estos factores produjo una elección que no fue ni libre ni justa.
Maduro, además, advirtió que los que votaran legitimarían su Asamblea Constituyente, órgano antidemocrático con superpoderes y apéndice del ejecutivo. Esta semana, también amenazó que los gobernadores electos que no juraran “subordinación” a la Asamblea Constituyente, no podrían asumir sus cargos.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral -de cuyos cinco miembros cuatro son partidarios del gobierno-anunció los resultados de la elección, dándole al gobierno una gigantesca victoria: el partido gobernante ganó 18 de los 23 cargos disputados, y la oposición 5. La oposición impugnó los resultados y calificó la elección de fraudulenta.
Actores internacionales claves, incluido el secretario general de la OEA, un grupo de 12 países conocido como el “Grupo de Lima”-que incluye a Chile, otros 10 latinoamericanos y Canadá-, los Estados Unidos, y países europeos como Francia y España, manifestaron objeciones al proceso y resultado electoral.
La presión internacional para que se restablezca la democracia en Venezuela debe continuar. Esto evidentemente incluye elecciones libres y justas, con fuerte observación internacional, y con un órgano judicial independiente capaz de prevenir y sancionar abusos.
