(Nueva York) – La decisión del presidente guatemalteco Jimmy Morales de expulsar al titular de una comisión contra la corrupción patrocinada por la ONU constituye una grave amenaza al estado de derecho en Guatemala y debería ser dejada sin efecto, señaló hoy Human Rights Watch.
El domingo 27 de agosto de 2017, Morales dispuso que Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabaja con el respaldo de la ONU, fuera expulsado de Guatemala. La medida se adoptó dos días después de que Velásquez y la Fiscal General guatemalteca Thelma Aldana anunciaran que estaban investigando al partido del presidente por financiamiento ilegal de campaña y presentaran una petición a las cortes para retirar la inmunidad al presidente.
“En vez de someterse a una investigación independiente, el Presidente Morales se ha alineado con las poderosas mafias que, desde que el Dr. Velásquez dirige la CICIG, han empezado a temer a la justicia y están desesperadas por sacarse al comisionado del medio”, dijo Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
Apenas horas después del anuncio presidencial, la Corte de Constitucionalidad hizo lugar a tres recursos de amparo interpuestos a favor del Dr. Velásquez y puso en suspenso la decisión de expulsión hasta tanto la corte emitiera un pronunciamiento definitivo, que podría demorar varias semanas.
En una declaración transmitida por televisión, Morales afirmó que Dr. Velásquez había ejercido presiones “ilegítimas, ilegales e inconstitucionales” sobre el Congreso guatemalteco al promover una serie de reformas constitucionales que están siendo analizadas actualmente. Señaló además que el Dr. Velásquez había violado el derecho de presunción de inocencia, al anunciar públicamente los casos que está investigando la CICIG. No obstante, tales anuncios son desde hace tiempo una práctica habitual, y además el acuerdo entre el gobierno guatemalteco y la ONU autoriza expresamente a la CICIG a proponer políticas públicas y reformas jurídicas.
Desde la designación del Dr. Velásquez como comisionado en 2013, Guatemala ha conseguido avances sin precedentes contra la corrupción y el abuso de poder por parte de funcionarios gubernamentales. En particular en 2015, investigaciones conjuntas impulsadas por la comisión y el Ministerio Público dieron a conocer múltiples tramas de corrupción, en las cuales estaban implicados funcionarios de los tres poderes del gobierno, y propiciaron la renuncia del entonces presidente y la vicepresidenta del país. Ambos actualmente están en prisión, a la espera del juicio.
Morales asumió en enero de 2016 y, en abril de ese año, pidió a la ONU que ampliara el mandato de la comisión —que estaba previsto que concluyera en 2017— hasta septiembre de 2019. En septiembre de 2016, la comisión y el Ministerio Público anunciaron que estaban investigando al hijo del presidente, José Manuel Morales, y a su hermano Samuel Morales, por presuntos hechos fraudulentos cometidos antes de su mandato. Ambos fueron detenidos en enero y se encuentran a la espera de que se inicie el juicio.
El partido político del presidente está siendo investigado por supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2015. Las investigaciones preliminares identificaron pruebas de que el partido no informó a las autoridades relevantes fondos de campaña por al menos USD 900.000. En una conferencia de prensa celebrada el 25 de agosto, Aldana y Velásquez anunciaron que habían presentado una petición de antejuicio en contra del Presidente Morales —que era secretario general del partido durante la campaña— para poder seguir adelante con las investigaciones.
La decisión del presidente ha recibido fuertes críticas dentro de Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos, la Procuradora General de la Nación, y el Contralor General de Cuentas efectuaron declaraciones manifestando su desacuerdo con el presidente. Varios altos funcionarios gubernamentales renunciaron a sus cargos en señal de protesta, incluida la ministra de Salud y Asistencia Social, el comisionado nacional de Competitividad, los tres viceministros de Salud del país y la vicecanciller. Aldana, quien anunció el 22 de agosto que dimitiría como Fiscal General si el presidente expulsaba al Dr. Velásquez, manifestó su apoyo al comisionado y, luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión presidencial, expresó que seguiría por el momento en el cargo.
“La expulsión del Dr. Velásquez podría tener consecuencias devastadoras para la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Guatemala”, destacó Wilkinson. “Los líderes y las instituciones democráticas del país, así como los aliados y socios internacionales, deberían aunar sus esfuerzos para ejercer presión sobre el Presidente Morales a fin de que revierta esta decisión indignante y peligrosa”.
