Gary Noling holding dogtags belonging to his daughter, Carri Goodwin, a rape victim who died of acute alcohol intoxication less than a week after receiving an Other Than Honorable discharge from the Marines. Because of her discharge, her father has been unable to secure a military burial for her remains.
 

© 2013 Francois Pesant

El Congreso de Estados Unidos debería promulgar una propuesta de ley para impedir que las víctimas de asalto sexual militar sean erróneamente dadas de baja y ayudar a los veteranos a reparar sus expedientes cuando contengan datos inexactos, dijo hoy Human Rights Watch. La Ley bipartidista de Protección del Honor Militar fue presentada ante la Cámara de Representantes el 12 de julio de 2017 por el representante republicano Jaime Herrera Beutler y el representante demócrata Niki Tsongas. El senador Richard Blumenthal presentó el proyecto de ley en el Senado.

“El gobierno de EE.UU. no ha hecho mucho para ayudar a las víctimas de agresión sexual militar que viven con el estigma de haber sido injustamente dados de baja”, dijo Sara Darehshori, asesora legal sénior del Programa sobre EE.UU. de Human Rights Watch. “El Congreso debería aprobar la Ley de Protección del Honor Militar para asegurar que los veteranos tengan los mismos derechos legales que los civiles cuando sus bienes, honor y reputación están en juego”.

La Ley de Protección del Honor Militar haría más difícil dar de baja a los traumatizados supervivientes de agresión sexual por razones como “trastorno de la personalidad” u otras condiciones de salud mental que no los calificarían como aptos para recibir beneficios por discapacidad y podrían bloquearlos de los servicios de salud cubiertos por el Departamento de Asuntos de los Veteranos. La ley ampliaría las protecciones actuales para evitar que los veteranos de combate sean erróneamente dados de baja por condiciones resultantes de un trauma para que incluya también a las víctimas de agresión sexual, las cuales, según los estudios, son aún más propensas que los veteranos de combate a padecer trastorno de estrés postraumático (TEPT).

El proyecto de ley también fortalecería las protecciones legales contra represalias por denunciar conductas ilegales, incluyendo la agresión sexual y el acoso sexual. Las encuestas del Departamento de Defensa revelan que más de un tercio de los miembros del cuerpo militar que han reportado una agresión sexual creen haber sufrido represalias profesionales como consecuencia. Sin embargo, muy pocos han tenido éxito apelando a la Ley Militar de Protección de Denunciantes debido a la alta carga de la prueba.

Hasta hace dos años, ni un solo superviviente de agresión sexual había conseguido la protección bajo la Ley Militar de Protección de Denunciantes, que es su único recurso si creen que sufrieron represalias tras denunciar la agresión. La Ley de Protección del Honor Militar haría que las normas de la Ley Militar de Protección de Denunciantes se ajustasen a las mejores prácticas y las normas para los civiles, eliminando así las barreras a la denuncia de la agresión sexual.

Durante los últimos tres años Human Rights Watch ha documentado extensamente los graves problemas que los supervivientes de agresión sexual en el encuentro militar afrontan después de denunciar un ataque a las autoridades. El informe,  “Embattled: Retaliation against Sexual Assault Survivors in the US Military” (“Asediado: Represalias contra las víctimas de abuso sexual en las fuerzas armadas de EE.UU.”) reveló que tanto los hombres y las mujeres del cuerpo militar que presentan una denuncia por agresión sexual son 12 veces más propensos a experimentar algún tipo de represalia antes que ver que su atacante es condenado por un delito sexual. Las represalias contra los supervivientes van desde nuevas agresiones, amenazas y hostigamiento a malas asignaciones de trabajo, pérdida de oportunidades de promoción, acciones disciplinarias incluyendo la expulsión, e incluso cargos penales.

Un informe de seguimiento titulado “Booted: Lack of Recourse for Wrongfully Discharged US Military Rape Survivors” (“Expulsados: Ausencia de recursos para supervivientes de violaciones sexuales en las fuerzas militares estadounidenses que recibieron irregularmente la baja”) concluyó que muchas víctimas militares de violación sexual traumatizadas fueron dadas de baja injustamente por “trastorno de la personalidad” u otra condición de salud mental que impide que puedan reclamar beneficios. Otras víctimas recibieron la baja por “Inconducta” (Other Than Honorable) en relación con las agresiones, lo cual las excluyó del acceso al sistema de atención de la salud del Departamento de Asuntos de Militares Retirados y de diversas modalidades de asistencia educativa y financiera.

Las consecuencias de haber recibido “documentos descalificantes” –—es decir, una baja de cualquier tipo que no sea “honrosa”— o de que se le haya atribuido un “trastorno de la personalidad” son múltiples para los ex militares y sus familias. Estas bajas inciden en aspectos como el empleo, la tenencia de los hijos, la atención de la salud, las prestaciones por invalidez e incluso derechos de sepultura, es decir, prácticamente todos los aspectos de la vida.

“Cuando los miembros del servicio ven que quienes denuncian agresiones son degradados, destituidos o castigados sufren represalias, no dicen nada”, dijo Darehshori. “Hasta que el Congreso y los militares no implementen protecciones legales significativas para los supervivientes, como las de la Ley de Protección del Honor Militar, los militares no podrán afrontar con éxito el problema de la agresión sexual en sus filas”.

 

A continuación se destacan unos testimonios de supervivientes de violaciones y defensores entrevistados por Human Rights Watch, o incluidos en documentos que Human Rights Watch revisó.
 

“Llevo mi descarga como un símbolo oficial y permanente de la vergüenza, además del trauma del ataque físico, la represalia y sus secuelas". “Llevo la baja como un símbolo oficial y permanente de humillación, que se suma al trauma que supusieron la agresión física, las represalias y todo lo que sucedió después”.
– Brian Lewis, marzo de 2013

“Tenía 18 años, estaba muy confundido y me aterrorizaba volver a embarcarme incluso un minuto más de lo estrictamente necesario. No me protegieron, no me ayudaron, no estaba seguro ante ningún tipo de daño. ¿Cómo podía saber qué era lo que estaba firmando o incluso qué era una baja por inconducta de tipo OTH (Other Than Honorable)? ¿Cómo podía saber que después de todas las agresiones sexuales que sufrí y el acoso, los ataques y las amenazas contra mi vida y mi seguridad todos esos años, [la baja sería] un factor determinante de cómo terminaría siendo mi vida?”
– Heath Phillips, octubre de 2013

“Vivir una experiencia sexual traumática en el ámbito militar ya es de por sí muy malo, pero además ser desacreditada y estigmatizada es algo difícil de superar y causa mucho daño. El trastorno de personalidad es otro nivel más de traición, por lo estigmatizante que resulta.… Las personas creen que no estoy bien y no se dan cuenta de que no fue más que una marca que se les imponía arbitrariamente a las personas”.

PFC Eva Washington (seudónimo), octubre de 2013

“He ejercido la abogacía en Texas desde hace 31 años, y he intervenido ante distintos tribunales estatales y federales en una diversidad de ámbitos, y esta es la única vez que me he encontrado ante una junta de revisión de bajas. Fue una experiencia nefasta... Me ignoraron completamente y le gritaron a mi cliente, y eso es algo que nunca antes había vivido. Mi cliente fue victimizado nuevamente en todo sentido. Realmente no les importaba lo que tuviéramos que decir. Unos meses después recibimos una contestación que contenía errores en varios aspectos... y en la cual determinaron, con un voto de cinco a cero, que no se rectificaría la decisión”.

– Jo Ann Merica, abogada de un integrante retirado de las Fuerzas Armadas que fue dado de baja por inconducta tras denunciar acoso sexual, marzo de 2016

“Si tuviese que repetirlo, nunca lo habría denunciado al IG [Inspector General]. Eso es lo que los desató .... Fui al IG y ahí es cuando los castigos administrativos y todo eso empezó a suceder. Entonces fue cuando empezaron a intentar echarme del cuerpo militar”.

– Sam Davis (seudónimo), sargento mayor de las Fuerza Aéreas, que sufrió numerosas represalias en 2011, incluyendo cargos penales, tras denunciar una agresión sexual, marzo de 2015. Fue absuelto de todos los cargos en un tribunal militar, pero el IG no pudo deshacer el daño a su carrera.

“La agresión sexual no es lo que te descoloca. Son las represalias, las novatadas. Podía recuperarme de la agresión, pero no se puede hacer nada contra las represalias”.

– Ashley Parker (seudónimo), ex especialista del Ejército, quien relató que fue atacada, aislada y acosada después de reportar su ataque, diciembre de 2013. Un amigo le contó que el sargento del pelotón les prohibió hablar con ella, y que si lo hacían “afrontarían cargos bajo el [Código Uniforme de Justicia Militar]”. Parker dejó el Ejército en 2013.