(Washington, DC) – El gobierno de Perú no debería indultar al ex Presidente Alberto Fujimori ni concederle ningún otro beneficio de excarcelación anticipada que no esté disponible para el resto de las personas detenidas en Perú, señaló hoy Human Rights Watch.
El 22 de junio de 2017, The Economist informó que el Presidente Pedro Pablo Kuczynski había manifestado que ahora “sería aproximadamente el momento” de liberar a Fujimori. Luego, aclaró a los medios de comunicación peruanos que su gobierno solamente estaba analizando esa posibilidad.
“Cualquier indulto u otro tipo de liberación de Fujimori por motivos políticos sería un golpe duro a las víctimas de atrocidades en Perú y un serio retroceso para el estado de derecho en el país”, opinó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si hay motivos legítimos de salud o humanitarios para que Fujimori obtenga libertad anticipada, esa opción podría considerarse, pero únicamente empleando los mismos estándares y procedimientos que se aplican a todas las demás personas que cumplen penas de prisión en Perú”.
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos, que incluyen su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros.
La Constitución peruana reconoce al presidente la facultad de otorgar indultos. Sin embargo, también dispone que los derechos allí reconocidos deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Perú.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones se basan en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y son vinculantes para Perú, ha resuelto en reiteradas oportunidades que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía... y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”. Las víctimas deben contar con un recurso efectivo conforme al derecho interno, incluidas sanciones adecuadas que garanticen acceso a una justicia genuina en casos de graves violaciones de derechos humanos.
Más allá del indulto, se considera en general que la vía que el gobierno podría usar para excarcelar a Fujimori sería otorgarle libertad por motivos humanitarios, lo cual se aplica en casos de presos gravemente enfermos. En 2013, se intentó conseguir la liberación de Fujimori aplicando estos procedimientos, pero no prosperó porque una junta médica que debe evaluar la condición médica del preso conforme a la legislación peruana determinó que el estado de salud de Fujimori no justificaba su liberación. Son muchas las situaciones en las cuales los países pueden, e incluso deberían, permitir la liberación anticipada de presos que cumplen largas penas de prisión. Sin embargo, los procedimientos para dicha liberación no deberían quedar sujetos a maniobras de manipulación política en beneficio de personas poderosas o con contactos.
Anteriormente, Kuczynski había manifestado varias veces que no indultaría a Fujimori. Si bien el presidente lo niega, su presunto cambio de parecer podría deberse a la creciente presión ejercida por partidarios de Fujimori que tienen mayoría en el Congreso y responden al liderazgo de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien salió segunda en las ajustadas elecciones presidenciales que ganó Kuczynski.
“El gobierno no debería, como parte de algún tipo de negociación política, simplemente renunciar a la justicia que las víctimas se merecen”, sostuvo Vivanco. “Esperamos que el Presidente Kuczynski no ceda ante las presiones para indultar a Fujimori”.
