(Washington) – El Senado de EE. UU. debería repudiar rotundamente el proyecto de ley sobre atención de la salud aprobado por la Cámara de Representantes de EE. UU. el 4 de mayo de 2017, señaló hoy Human Rights Watch. En caso de ser promulgada con disposiciones similares a las actuales, la versión de la Cámara arruinaría los fundamentos para un sistema de salud más equitativo y respetuoso de los derechos, que recién se establecieron poco tiempo atrás.
Desde que se promulgó la Ley para la Atención de la Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA) en 2010, Human Rights Watch ha entrevistado a cientos de personas de todo el país para conocer de qué formas las protecciones establecidas por la ley han afectado sus vidas. Un hombre contó a Human Rights Watch que pudo obtener tratamiento para la adicción a los opioides, que estaban terminando con su vida. Una persona anciana con mal de Parkinson pudo obtener en un asilo de ancianos la atención que su familia no podía brindarle. Una mujer con discapacidad logró vivir en la comunidad, en vez de hacerlo en una institución. Y una mujer señaló que Planned Parenthood —un programa que quedaría desfinanciado con el proyecto de ley— había sido clave para su bienestar, pues el personal la trató con respeto, mientras que otros proveedores no lo habían hecho.
Si se promulgara una norma con las características del proyecto de ley de la Cámara de Representantes créanme que se perderán vidas.
Megan McLemore
Investigadora sénior sobre salud
“La Ley Estadounidense de Atención de la Salud (American Health Care Act) supone una amenaza al derecho a la salud que perjudicaría principalmente a las personas con menos recursos para afrontarlo”, señaló Megan McLemore, investigadora sénior sobre salud de Human Rights Watch. “El Senado puede y debería abandonar esta senda destructiva cuando comience su propio debate”.
La Ley Estadounidense de Atención de la Salud eliminaría la cobertura de seguro y reduciría el acceso a atención médica de calidad para millones de personas, incluidas personas con bajos ingresos, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad y afecciones crónicas como el VIH.
El proyecto de ley que finalmente aprobó la Cámara de Representantes eliminaría la cobertura obligatoria de una serie de beneficios de salud esenciales, recortaría el financiamiento de Medicaid y trasladaría a los estados la facultad de tomar decisiones clave sobre el programa, además de reducir sustancialmente la protección brindada a personas con afecciones preexistentes.
Quedaría prohibido el reembolso a través de Medicaid de servicios del programa Planned Parenthood. Los subsidios en virtud de la ACA, basados en el nivel de ingresos y la ubicación geográfica, serían reemplazados por créditos fiscales determinados principalmente en función de la edad. La posibilidad de muchas personas de contratar cobertura de seguro en el mercado privado disminuiría drásticamente, dado que el subsidio promedio para la contratación del seguro se reduciría en un promedio del 60% para el año 2020. Se permitiría que las empresas cobren por la cobertura a los adultos mayores un valor cinco veces superior al aplicado a adultos más jóvenes, y dejaría de ser obligatorio que los empleadores que superen un determinado tamaño proporcionen seguro a sus empleados.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (Congressional Budget Office), un organismo federal apartidario que asesora al Congreso sobre temas de presupuesto, estima que la ley redundaría en la pérdida de cobertura de seguro para alrededor de 23 millones de personas en la próxima década. Para el 2026, se estima que 51 millones de personas menores de 65 años estarían sin seguro, en comparación con los 28 millones que podrían no contar con aseguro bajo la ley actual.
Si la Ley Estadounidense de Atención de la Salud se aprueba en el Senado y se promulga, tendría resultados potencialmente devastadores para millones de estadounidenses, que podrían perder la cobertura de salud tanto en seguros privados como a través de Medicaid. Human Rights Watch y sus socios han hablado con decenas de personas sobre cómo se verían afectadas por los cambios propuestos por el proyecto de ley de la Cámara de Representantes.
“Susan”, de 33 años, que como muchas otras personas entrevistadas por Human Rights Watch prefirió usar un seudónimo para resguardar su privacidad, padece desde los 19 años fibrilación auricular, una afección cardíaca. No tuvo seguro de salud durante la mayor parte de su vida. Según contó a Human Rights Watch, los planes que le ofrecían costaban la mitad del ingreso que percibía como empleada de una pequeña organización sin fines de lucro. Con la ACA, tiene un plan que es asequible para ella y su esposo. “La situación era muy estresante cuando no tenía seguro de salud”, contó Susan, “y temo mucho lo que va a pasar conmigo si el Congreso lo quita”.
Las normas internacionales de derechos humanos protegen el derecho a la salud, que es además indispensable para el goce de otros derechos. Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a salud y bienestar a sí misma y a su familia, así como derecho a seguros en caso de enfermedad, discapacidad, vejez y otras circunstancias independientes de su voluntad.
En febrero de 2017, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Dainius Pūras, envió una carta urgente al gobierno de Trump en la que expresaba profunda consternación por el impacto que las iniciativas para derogar aspectos básicos de la ACA podrían tener en el derecho a la salud de los residentes de Estados Unidos. Instó al gobierno estadounidense a proteger el derecho a la salud, en especial para las personas “con ingresos bajos o medios, y en situaciones de pobreza o exclusión social”.
“Si se promulgara una norma con las características del proyecto de ley de la Cámara de Representantes”, manifestó McLemore, “créanme que se perderán vidas”.
