El 3 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Argentina dictó una polémica sentencia sobre las condenas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura. La corte dispuso que Luis Muiña, condenado por torturas y secuestros cometidos en 1977, podía beneficiarse de una ley de 1994 conocida como la ley del “2x1” que le redujo su pena de 13 a 9 años.

Una mayoría integrada por tres de los cinco jueces concluyó que, a la luz de las disposiciones vigentes del Código Penal, la ley del 2x1, derogada en 2001, resultaba aplicable en función del principio de “la ley más favorable”. Conforme a ese principio básico de derechos humanos, los acusados deben beneficiarse de la aplicación retroactiva de reformas penales que conlleven una reducción de la pena. En este caso, eso significó aplicar una ley de 1994 a crímenes cometidos en 1977. Los dos jueces que votaron en disidencia consideraron que la ley del 2x1 no era aplicable, entre otros motivos, porque contraviene las obligaciones internacionales de Argentina de condenar a personas responsables de graves violaciones de derechos humanos de un modo que sea adecuado con la gravedad de los delitos. 

Un análisis más detenido de la sentencia y de las cuestiones de fondo sugiere que hay argumentos válidos tanto en los votos de la mayoría como de la minoría. Hay tres consideraciones preliminares que merece la pena subrayar.

En primer lugar, las políticas que disuaden a las autoridades de usar excesivamente la prisión preventiva son positivas. Estos incentivos son particularmente necesarios en países donde es habitual que los imputados estén expuestos a un uso irrazonable de la prisión preventiva, hacinamiento carcelario y demoras del sistema de justicia. En este sentido, cabe destacar que las disposiciones de la ley del 2x1 cobraban relevancia recién después de que un acusado estuviera dos años encarcelado sin sentencia firme.

Por otro lado, las garantías de debido proceso, incluido el principio de “la ley más favorable”, deben aplicarse a todas las personas, incluidos las responsables de las atrocidades más aberrantes. En una sociedad democrática, las reglas de juego deben ser las mismas para todos, sin discriminación.

En tercer lugar, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, las condenas que son severa o manifiestamente inadecuadas a la luz de la gravedad de los delitos no constituyen una rendición de cuentas verdadera y privan a las víctimas de la justicia genuina que merecen. Sin embargo, siempre que verdaderamente se imparta justicia, no hay ninguna disposición del derecho internacional que prohíba beneficios—como la libertad condicional o el arresto domiciliario— a los condenados por abusos graves, cuando se reúnan los requisitos para tales beneficios previstos en el derecho interno.
Entonces, la cuestión de fondo no es si la ley del 2x1 era buena, o si los responsables de los abusos más aberrantes cuentan con garantías de debido proceso.

La cuestión es, en cambio, si esta norma en concreto debió aplicarse a abusos cometidos durante la dictadura. Para responder esa pregunta, es importante recordar que el principio de la “ley más favorable” se basa en la idea de que si una sociedad decide —al promulgar una nueva ley— que algunas conductas son menos reprochables, sería injusto mantener un castigo que no refleje la nueva valoración social del delito. Cuando se promulgó la ley del 2x1 en 1994, los abusos cometidos durante la dictadura no estaban siendo investigados por tribunales y fiscales, debido a que estaban protegidos por leyes de amnistía e indultos. Por lo tanto, los legisladores probablemente estaban manifestando su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva para delitos comunes, y no un menor reproche a los abusos de la dictadura. Es decir, quizás nunca consideraron la posibilidad de que la ley del 2x1 se aplicara a un caso como este.

Afortunadamente, los efectos de la sentencia más allá del caso Muiña aún no están definidos. Los legisladores han sancionado una nueva ley para aclarar el alcance de la ley del 2x1, y excluir los delitos de la dictadura. Además, dado que la sentencia de la Corte Suprema en el caso Muiña no se aplica automáticamente a otros casos, los fiscales y abogados pueden presentar nuevos argumentos a la justicia, lo cual podría producir resultados distintos para otros condenados por crímenes de la dictadura.

Sin embargo, tal vez el resultado más positivo de la indignación pública que despertó esta sentencia sea que, si se encauza adecuadamente, podría brindar un incentivo para que las investigaciones y los procesos por delitos de lesa humanidad avancen más rápidamente y se garantice, con ello, el derecho a la justicia de las víctimas, saldando así una deuda aún pendiente en la Argentina.