-
El 8 de agosto, 17 cancilleres de las Américas se reunieron en Lima para abordar la crisis venezolana. Doce de ellos firmaron una resolución muy completa, disponible aquí, que incluye los siguientes pronunciamientos, entre otros: la condena de la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, que no se reconocerá a la Asamblea Constituyente ni sus decisiones, la preocupación por la crisis humanitaria y la condena al gobierno por no permitir asistencia internacional, y el llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela.
- El 31 de julio, la fiscal general sostuvo que, desde comienzos de abril, 121 personas fallecieron en el contexto de las manifestaciones. Agentes de seguridad son responsables de al menos 25 por ciento de las muertes, mientras que civiles armados lo son en un 40 por ciento de los casos.
- El 30 de julio, el gobierno llevó a cabo la elección de miembros a la Asamblea Constituyente, que permite a Maduro perpetuarse en el poder, en detrimento de la democracia venezolana y los derechos de los venezolanos. Gobernantes clave en la región y en Europa han dicho que no reconocerán a la Asamblea Constituyente.
- El 21 de julio, tras el plebiscito organizado por la oposición el 16 de julio en el cual más de siete millones de venezolanos se opusieron a la propuesta de Maduro para convocar una Asamblea Constituyente y apoyaron la propuesta de la Asamblea Nacional de nombrar a nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional nombró a 33 nuevos magistrados en el Tribunal Supremo. Desde entonces, uno de ellos ha sido detenido, otra solicitó refugio en la embajada chilena, y varios salieron del país, luego de amenazas oficialistas.
- El 19 de julio, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, publicó su tercer informe sobre la crisis venezolana.
- El 4 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia removió al vicefiscal que había nombrado la Fiscal General Ortega Díaz hace unas semanas con acuerdo de la Asamblea Nacional, y nombró en el puesto a una partidaria del gobierno, que está en la lista de funcionarios sancionados por Estados Unidos. También llevó adelante una audiencia para evaluar si procede un antejuicio de mérito contra Ortega, en la cual Ortega no participó.
- El 4 de julio, la Fiscal General Ortega Díaz sostuvo que 90 personas habían fallecido en el contexto de las manifestaciones y que más de 1500 había resultado heridas, según reportes de prensa.
- El 19 de junio, los estados miembros de la OEA no lograron consensuar una resolución sobre la crisis venezolana en la segunda reunión de cancilleres para tratar la situación en el país.
- El 31 de mayo, la OEA llevo a cabo una reunión de cancilleres para abordar la crisis venezolana. Luego de una reunión de varias horas en la cual la mayoría de los participantes expresaron su preocupación sobre la situación en el país, decidieron suspenderla sin llegar a un acuerdo sobre el contenido de una resolución conjunta.
- El 24 de mayo, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz dijo que la cantidad de personas fallecidas aumentó a 55 y que mil personas habían resultado heridas. El Ministerio Público ha imputado a 19 funcionarios por su responsabilidad en la violación de derechos humanos, y ha emitido 18 órdenes de aprehensión que aún deben ser ejecutadas.
- Al 16 de mayo, 38 personas fallecieron y 844 resultaron heridas en incidentes vinculados con las protestas en Venezuela, según el Ministerio Público. Los medios han reportado más muertes el día 15, elevando el número total de muertes aún más.
- El 15 de mayo, el Consejo Permanente de la OEA decidió que va a realizar una reunión especial de ministros de relaciones exteriores para abordar la situación en Venezuela el 31 de mayo. La reunión se llevará a cabo en la OEA en Washington, D.C.
- Al menos 200 personas resultaron heridas durante incidentes en una manifestación en Caracas contra el gobierno de Maduro que ocurrió el 3 de mayo en Caracas, según Reuters. Miles marcharon pacíficamente hasta que fueron interceptados por fuerzas de seguridad. La cantidad de muertos durante incidentes en Venezuela aumentó a 34, según Reuters.
- El 26 de abril, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que Venezuela se retiraría de la OEA. Según la Carta de la OEA, el retiro entra en vigor después de dos años.
- Entre el 3 y el 25 de abril, 26 personas fallecieron en Venezuela en “hechos violentos”, 437 resultaron lesionadas y hubo 1289 detenidos, según la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
- El 21 de abril, el Ministerio público informó que estaba investigando la muerte de 11 personas, incluyendo un joven de 17 años, y heridas a otras seis personas en El Valle durante el 20 y 21 de abril. Algunas víctimas habían sido electrocutadas y otras por heridas causadas por armas de fuego. El Ministerio Público también estaba investigando la muerte de otra persona que murió en un “hecho similar” en Petare, otra urbanización humilde en Caracas.
- En la noche del 20 de abril, ocurrieron incidentes de saqueos en El Valle, una urbanización popular en Caracas, según el Caracas Chronicles. Miembros de las fuerzas de seguridad fueron enviadas para enfrentar a los responsables de los saqueos, junto con civiles armados con vínculos al gobierno, según reportes. En las redes sociales se reprodujeron videos y audios con sonidos de disparos, así como información que indica que el Hospital Materno Infantil debió ser evacuado luego de que entrara gas lacrimógeno al edificio. Residentes locales montaron una serie de pequeñas barricadas para intentar impedir que pasaran las fuerzas de seguridad y los grupos armados, reportó el Caracas Chronicles.
- Decenas de miles de venezolanos que han llegado a un punto de inflexión ante la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela, salieron masivamente a las calles en todo país el 19 de abril. Miembros de las fuerzas de seguridad emplearon fuerza y dispararon gases lacrimógenos contra personas que se manifestaban contra el gobierno. Diversos periodistas que dieron cobertura informativa a las protestas afirmaron haber sido hostigados por miembros de las fuerzas de seguridad. El gobierno sacó del aire a dos canales de noticias por cable que informaban sobre las protestas. Más de 500 personas fueron detenidas en todo el país el 19 de abril. En total, más de 1.000 personas fueron detenidas en protestas contra el gobierno desde comienzos de abril. Tres personas fueron asesinadas el 19 de abril, y con estos casos el número total de muertos durante las manifestaciones este mes asciende a nueve. El 20 de abril, una segunda protesta contra el gobierno fue reprimida con más gases lacrimógenos y llevó a más detenciones.
- Mientras tanto, y a pesar de los intentos gubernamentales por detener las manifestaciones, la oposición y los ciudadanos de a pie han salido a las calles a hacer sentir su descontento con la situación en el país, incluidos los pronunciamientos del Tribunal Supremo, una decisión reciente de la Contraloría General de la República que inhabilitó al líder opositor Henrique Capriles Radonski a postularse a cargos públicos por 15 años y otros problemas persistentes como la inseguridad y la escasez de alimentos y medicinas. Según fuentes locales, la respuesta ha sido un uso excesivo de la fuerza, incluidos los casos de al menos cinco hombres jóvenes que habrían muerto a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso contra establecimientos médicos y desde un helicóptero contra la multitud. El Foro Penal Venezolano, una organización venezolana que brinda asistencia legal a detenidos, informó que se detuvo a 470 personas entre el 4 y el 14 de abril, incluidas 164 que fueron liberadas antes de ser llevadas ante un juez. Por su parte, distintas organizaciones han denunciado detenciones de periodistas y trabajadores de la prensa que se encontraban cubriendo las manifestaciones, así como la confiscación de sus equipos y materiales, por parte de funcionarios de seguridad y presuntos grupos de civiles armados.
- No obstante, las revisiones no apaciguaron la presión internacional. Todo lo contrario:
- El 1 de abril, miembros del bloque comercial Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— emitieron una declaración conjunta afirmando que se había producido una “ruptura del orden democrático” en Venezuela. Citaron acuerdos de Mercosur que protegen los derechos fundamentales y la democracia, e instaron a Venezuela a asegurar la efectiva separación de poderes, respetar los derechos humanos, celebrar elecciones y liberar a los presos políticos.
- Tras un intento de Bolivia por suspender otra sesión del Consejo Permanente de la OEA para tratar la situación en Venezuela, el 3 de abril tuvo lugar una sesión en la que participaron 23 Estados Miembros. De estos, 19 firmaron una resolución que, por primera vez, expresó “profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático” en Venezuela, señaló que las revisiones del Tribunal Supremo no aseguraban la plena restauración del orden democrático y decidió continuar dando seguimiento a la situación en Venezuela, lo cual dejó abierta la posibilidad de una reunión de nivel ministerial. Hubo cuatro abstenciones y ningún voto contra la resolución.
- Horas más tarde, el Tribunal Supremo se retractó “en atención al exhorto efectuado por el Consejo de Defensa de la Nación”, según señaló el mismo tribunal. Sin embargo, en la práctica, sólo dejó sin efecto dos disposiciones clave de los pronunciamientos más recientes: la declaración imprecisa de que asumiría todas las facultades legislativas y la decisión de levantar la inmunidad parlamentaria a legisladores de la oposición. Siguen vigentes todos los demás fallos que ha adoptado que socavan las facultades del poder legislativo desde que la mayoría opositora asumió en la Asamblea Nacional, en enero de 2016. Esto implica que cada ley adoptada por la Asamblea que afecta los intereses del gobierno y fue anulada por el tribunal sigue siendo inválida, se mantienen todos los poderes otorgados al gobierno, incluido el de suscribir acuerdos petroleros sin aprobación de la Asamblea Nacional, decidido en el último y polémico pronunciamiento y el Tribunal Supremo sigue considerando a los legisladores en desacato. No hay motivos para esperar que el tribunal no siga anulando cada nueva ley que se apruebe.
- En respuesta al señalamiento de Ortega Díaz, el Presidente Nicolás Maduro convocó a una reunión del Consejo de Defensa de la Nación para analizar la “discrepancia” entre la Fiscal General y el Tribunal Supremo. Pasada la medianoche, el Vicepresidente Tarek El Aissami leyó una declaración adoptada por el consejo que “exhortaba” al Tribunal Supremo a “revisar” las decisiones para “mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes”. Maduro dijo muy poco tiempo después que la “controversia” había sido “superada”.
- El 31 de marzo, en una inédita expresión de disenso, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz dijo que las dos sentencias más recientes del Tribunal Supremo suponían una “ruptura del orden constitucional”.
- La reacción internacional a estos pronunciamientos fue contundente. Almagro denunció que las sentencias socavaban los poderes de la Asamblea, que había sido elegida por el voto popular, y muchos gobiernos de la región criticaron las sentencias, e incluso algunos retiraron a sus embajadores o los llamaron a consulta a sus capitales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a Venezuela a mantener la separación de poderes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que las sentencias equivalían a anular el voto popular por el cual habían sido elegidos los legisladores.
- El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Venezuela dictó otra sentencia que permitió al gobierno participar en emprendimientos conjuntos con inversionistas privados en el sector petrolero sin aprobación de la Asamblea Nacional. Como parte de su análisis, el Tribunal Supremo sostuvo que la Asamblea Nacional estaba incumpliendo los pronunciamientos anteriores del tribunal, incluidos aquellos mediante los cuales la había despojado de sus poderes. Al final de la sentencia, el Tribunal Supremo venezolano clausuró de facto la Asamblea Nacional, la única institución gubernamental clave que seguía siendo independiente del control del poder ejecutivo, al anunciar que asumiría todas las facultades legislativas o que designaría a otra institución a la cual delegárselas.
- El 28 de marzo, el Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión para analizar la situación en Venezuela. Con el apoyo de algunos aliados (principalmente Nicaragua y Bolivia), el representante venezolano intentó impedir que se celebrara la sesión. Argumentó que debatir sobre la situación venezolana sin el consentimiento del gobierno implica una injerencia en los asuntos internos de Venezuela y viola la soberanía del país. Sin embargo, 20 Estados Miembros votaron a favor de celebrar la sesión y transmitieron al gobierno venezolano un mensaje fuerte y claro: la persistente crisis económica, política y humanitaria está debilitando los derechos humanos y la democracia en el país.
- Ese mismo día, en Venezuela, el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la cual dispuso que una declaración aprobada días antes por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, a favor del debate en la OEA, formaba parte de “acciones que atentan contra la independencia y la soberanía nacional [de Venezuela]”. El tribunal determinó que el acto parlamentario dictado por la Asamblea Nacional podía constituir traición a la patria y advirtió que los legisladores responsables no quedarían alcanzados por la inmunidad parlamentaria. Ordenó que el presidente adoptara las medidas “económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”. Aunque son categorías suficientemente amplias como para incluir prácticamente cualquier tipo de acciones, el tribunal de todas maneras autorizó expresamente al Presidente Maduro a reformar la legislación penal, incluido el Código de Justicia Militar, al destacar que “pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar”.
- El 27 de marzo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, habló en el Consejo Permanente de la OEA, a solicitud del gobierno venezolano. Acusó a la OEA y a Almagro de interferir en los asuntos internos de Venezuela, y a Almagro de trabajar para el gobierno estadounidense y de ser un “mentiroso” y un “traidor”. Rodríguez dijo que el debate sobre el cumplimiento por parte de Venezuela de la Carta Democrática era una “campaña para desestabilizar a Venezuela” y amenazó al gobierno con adoptar “severas acciones” si persistían las “agresiones”.
- Ese día, el Tribunal Supremo venezolano emitió una declaración en rechazo del informe de Almagro, apoyando la política exterior del gobierno e instando al gobierno a proteger la soberanía nacional y a analizar la posibilidad de proponer a la Asamblea General de la OEA que destituya a Almagro.
- El 14 de marzo de 2017, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un informe detallado sobre la crisis en Venezuela que sostiene que el gobierno venezolano ha incumplido sus obligaciones establecidas en la Carta Democrática. El informe expone que las iniciativas anteriores de promoción de un diálogo entre el gobierno y la oposición no tuvieron resultados concretos, insta a que se libere a los presos políticos, y describe tanto abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad como la crisis humanitaria que afecta a miles de venezolanos. También incluye una descripción detallada de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que han avalado medidas gubernamentales que implicaron la comisión de abusos y socavado los poderes de la Asamblea Nacional. El informe insta al gobierno venezolano a fijar una fecha para las elecciones en un plazo de 30 días, y sostiene que no hacerlo podría dar lugar a la suspensión de Venezuela en la OEA. (El primer informe de Almagro, de mayo de 2016, está disponible aquí).
