Tarde en la noche del 30 de julio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció que más de 8 millones de personas —o el 41 % del electorado— habían participado en la elección de miembros de la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Los resultados oficiales han sido descalificados ampliamente como inverosímiles. La oposición calcula que en la votación de ayer participó apenas el 12 % del electorado, incluidas muchas personas cuyo voto fue nulo. La realidad será casi imposible de conocer con certeza, ya que no se permitió que hubiera observadores independientes en la votación. Además, en general no se les permitió a los medios de comunicación aproximarse a los centros de votación.
Independientemente de cuánta gente haya participado, esta votación no fue más que una parodia que nunca debió haberse realizado. Diversas encuestas realizadas en las últimas semanas sugieren que la gran mayoría de los venezolanos se oponen a la Asamblea Constituyente. Sin embargo, el público nunca pudo votar sobre esto. El domingo solamente se les pidió que eligieran candidatos para la Asamblea Nacional, sobre la base de listas compuestas exclusivamente por partidarios del gobierno.
Algunas organizaciones de derechos humanos recibieron decenas de denuncias de ciudadanos venezolanos a quienes se les dijo que perderían sus empleos o el acceso a bolsas de alimentos con artículos sujetos a los controles de precios gubernamentales si no se presentaban a votar. Hubo violentos enfrentamientos que provocaron al menos diez muertos, según datos del Ministerio Público, y más señalamientos, ya habituales, de abusos contra manifestantes que se oponen al gobierno.
Algunos incluso antes de que se conocieran los resultados finales, varios gobiernos clave de la región, como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México, Perú y Estados Unidos, manifestaron que no reconocerían a la Asamblea Constituyente. La lista sigue creciendo y ahora incluye también a la Unión Europea. Más de siete millones de venezolanos se opusieron a la iniciativa de Maduro en una consulta popular realizada el 16 de julio, según cifras de la oposición, que organizó el plebiscito.
Como era de esperar, Maduro salió en televisión después de que se publicaran los resultados y dijo que “nadie estará por encima de la Constituyente”, que los líderes opositores que sigan en las calles terminarán en una “celda” o en un “psiquiátrico” y que el Ministerio Público sería “reestructurado”.
Venezuela y sus vecinos de la región han llegado a un punto de inflexión. América Latina debería demostrar al mundo que no tolerará que haya una dictadura flagrante con la capacidad y la voluntad necesarias para cometer abusos generalizados contra su población y, a la vez, atentar contra los principios democráticos más fundamentales, que a la región tanto le costó construir.
El 8 de agosto, cuando se reúnan en Lima los cancilleres de la región para una sesión extraordinaria sobre la crisis en Venezuela, deberían enviar un mensaje político contundente al gobierno de Maduro. Deberían expresar de manera explícita que no reconocen ni reconocerán como legítima a la Asamblea Constituyente ni a sus acciones. Asimismo, deberían comprometerse a adoptar severas sanciones diplomáticas, incluida la imposición colectiva de sanciones dirigidas contra funcionarios clave implicados en violaciones graves de derechos humanos. Y deberían además transmitir un claro mensaje al gobierno venezolano de que los responsables de violaciones de derechos humanos serán indefectiblemente llevados ante la justicia, cuando se restablezca la independencia judicial en Venezuela.
