El entonces embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, se dirige al Consejo de Seguridad en la sede de la ONU en Nueva York, 22 de julio de 2014.

 

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El mensaje a Venezuela fue elocuente: la actual crisis económica, política y humanitaria está violando derechos humanos y socavando la democracia en el país.

Ese fue el mensaje directo que recibieron las autoridades venezolanas luego de que 20 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos votaran a favor de discutir la crisis en Venezuela en una reunión del Consejo Permanente el martes pasado.

La respuesta de Venezuela fue atacar a los mensajeros.

En la OEA, con el apoyo de unos pocos aliados, el representante venezolano intentó impedir que se desarrollara la reunión. Argumentó que debatir sobre la situación venezolana sin el consentimiento del gobierno implicaría una injerencia en los asuntos internos de Venezuela y violaría la soberanía del país. Sin siquiera referirse a la situación en Venezuela, acusó a los miembros de la OEA de facilitar un “golpe de estado” contra el gobierno de Maduro y criticó la situación en los demás países.

Mientras tanto, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia—que a esta altura no es más que una extensión del ejecutivo—emitió una sentencia en la cual dispuso que la declaración aprobada días antes por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, a favor del debate en la OEA, formaba parte de “acciones que atentan contra la independencia y la soberanía nacional” de Venezuela. El tribunal determinó que lo realizado por los legisladores podía constituir traición a la patria y advirtió que los responsables no podrían invocar la inmunidad parlamentaria. Ordenó que el presidente adoptara las medidas “económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”. Aunque la vaguedad de este lenguaje permitiría incluir prácticamente cualquier tipo de acciones, el tribunal de todas maneras autorizó expresamente al Presidente Maduro a reformar la legislación penal, incluido el Código de Justicia Militar, al destacar que “pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar”.

La sentencia abre la posibilidad de que se procese a legisladores de la oposición en tribunales militares, por el mero hecho de haber ejercido su función legislativa. En un país con más de 100 presos políticos, incluso algunos que han sido juzgados en tribunales militares, y donde el gobierno oprime el disenso y suspende elecciones en un intento desesperado por mantenerse en el poder, no se trata tan sólo de una amenaza teórica.

En este contexto, que se haya intensificado la presión internacional es una buena noticia. Los gobiernos que reclaman el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Venezuela —como Argentina, Canadá, Colombia, México, Perú y Estados Unidos— deberían tomar la reacción de Venezuela ante la sesión en la OEA como una evidencia más de que el gobierno de Maduro está dispuesto a usar toda su maquinaria—incluyendo a los tribunales que ha subordinado al poder ejecutivo—para perseguir a aquellos que invocan los principios de la Carta Democrática. La diplomacia multilateral es la única vía para lograr que Nicolás Maduro libere a todos los presos políticos, permita que haya elecciones, acepte recibir ayuda humanitaria suficiente y restablezca la independencia de todos los poderes de Estado.