(Washington, D.C, 27 de marzo de 2017) Cinco civiles fueron asesinados en circunstancias poco claras en el departamento de Chocó la noche del 25 de marzo de 2017, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno colombiano debe tomar medidas urgentes para investigar las muertes y asistir a las familias que se desplazaron.
Los homicidios ocurrieron en la comunidad afrocolombiana de Carrá en el municipio de Litoral de San Juan. Información inicial de miembros de la comunidad señalaba que las víctimas habían muerto en el fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Un funcionario de derechos humanos luego le señaló a Human Rights Watch que, según residentes locales, no hubo tal enfrentamiento, sino que hombres con el emblema del ELN habían llegado a la comunidad y disparado de manera indiscriminada contra la población civil. De forma similar, el alcalde le señaló a la prensa que no hubo un enfrentamiento y que un grupo armado había disparado “indiscriminadamente” contra los civiles. La Fiscalía General de la Nación reportó que siete miembros del ELN aparentemente habían asesinado a los civiles y dejado una bandera del ELN en la comunidad. Luego, el ELN rechazó la información de la Fiscalía y sugirió que las AGC habrían cometido los homicidios.
“Las autoridades colombianas deben llevar a cabo una investigación pronta y exhaustiva para garantizar que los responsables de los homicidios en Carrá rindan cuentas por sus actos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno también debe tomar todas las medidas necesarias para evaluar las necesidades de las familias desplazadas y asistirlas con los bienes básicos que requieran”.
Las cinco personas que fallecieron fueron Yiminson Granados, Dider Arboleda, Julio Posso, Wilinton Posso y Elcias Arboleda, un funcionario le señaló a Human Rights Watch. La armada de Colombia sostuvo que algunos de ellos eran miembros del Consejo Comunitario, un organismo de gobierno local que existe en muchas comunidades afrocolombianas del país. Un niño de 14 años sufrió una herida de bala en un brazo y 52 personas se desplazaron a Docordó, la capital municipal, en la noche del 25 de marzo, según le señaló un funcionario de derechos humanos a Human Rights Watch. Autoridades locales y organizaciones humanitarias que trabajan en el área le dijeron a Human Rights Watch que las familias desplazadas fueron ubicadas en dos residencias en Docordó.
Human Rights Watch visitó las comunidades del río San Juan, incluida Carrá, a principios de marzo de 2017, como parte de un próximo informe sobre los graves abusos cometidos por el ELN y las AGC en la zona.
Durante la visita de Human Rights Watch, residentes de Carrá señalaron que el 19 de febrero, la armada colombiana había participado en un enfrentamiento con las AGC durante 45 minutos detrás de la escuela de la comunidad. Ninguna persona resultó herida, pero los locales temían nuevos enfrentamientos o abusos. “Aquí no va a quedar nadie por el miedo” nos dijo un poblador. Luego de los enfrentamientos, dos miembros de las AGC fueron capturados, según informó la Fiscalía General de la Nación.
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que, en julio de 2015, miembros del ELN llegaron a Carrá y exigieron ver a miembros de la comunidad que, según los guerrilleros, habían cooperado con las AGC. Más tarde, el ELN y la armada participaron de un enfrentamiento cerca de la comunidad. Pobladores de Carrá le señalaron a Human Rights Watch que en esa ocasión 18 familias se desplazaron a Docordó por tres días.
En febrero, las guerrillas del ELN comenzaron diálogos de paz con el gobierno de Colombia, luego de dos años de negociaciones preliminares. Las AGC, que no forman parte de los procesos de paz, surgieron luego de un proceso fallido de desmovilización paramilitar hace una década. Los grupos se disputan el control del río San Juan.
“A menos que el gobierno tome medidas serias para proteger a las víctimas, la promesa de una Colombia en paz seguirá siendo una promesa vacía para las comunidades ribereñas del Chocó”, sostuvo Vivanco.
