(Washington, DC) – El nuevo decreto ejecutivo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, que limita sustancialmente el programa de refugiados de EE. UU., provocaría perjuicios a refugiados y ciudadanos estadounidenses similares a los del decreto anterior, expresó hoy Human Rights Watch.

Una muchedumbre participa en una protesta contra la prohibición de viajes de las administraciones de Trump a las afuera de la Terminal 4 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Queens, Nueva York, el 28 de enero de 2017.

© 2017 Reuters
El decreto del 6 de marzo de 2017 prohíbe durante 90 días el ingreso en EE. UU. a ciudadanos de seis países con población mayormente musulmana, además de ciudadanos de otra lista de países todavía desconocida, que se considera que no proporcionan información adecuada para que EE. UU. resuelva pedidos de visas u otras admisiones. Si bien el nuevo decreto supuestamente aborda los cuestionamientos legales que frenaron la implementación del decreto del 27 de enero, en realidad debilita gravemente el programa estadounidense de refugiados y aplica prohibiciones indiscriminadas basadas en la nacionalidad, sin demostrar que existan efectivamente amenazas a la seguridad por parte de todos los ciudadanos de esos países.

“El nuevo decreto ejecutivo de Trump sobre refugiados es más de lo mismo”, señaló Grace Meng, investigador sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “En nombre de la lucha contra el terrorismo, el nuevo decreto culpabilizará injustificadamente a los refugiados y transmitirá el mensaje de que las personas musulmanas no son bienvenidas en EE. UU. Dejará desamparados a decenas de miles de refugiados que necesitan salir de situaciones precarias, y renunciará al liderazgo estadounidense en una cuestión global de suma importancia”.

El nuevo decreto ejecutivo no puede abstraerse de las declaraciones realizadas por Trump como candidato y como presidente, en las cuales se evidencia la intención prejuiciosa de impedir el ingreso de musulmanes como una categoría religiosa. Afirmar que el actual decreto “no está motivado por la animosidad hacia ninguna religión” no anulará esas declaraciones.

El nuevo decreto ejecutivo suspende la posibilidad de ingresar en EE. UU. a ciudadanos de seis de los siete países de mayoría musulmana designados en el decreto anterior, a saber, Libia, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y omite únicamente a Irak. También insta al gobierno estadounidense a crear una lista de países adicionales que se considera que aportan información insuficiente sobre sus ciudadanos a EE. UU. para este país que pueda tomar decisiones sobre otorgamiento de visas, que en gran medida impedirán que las personas de esas nacionalidades puedan obtener visas estadounidenses o ser admitidos en el país. El nuevo decreto aclara que los residentes permanentes, las personas que actualmente tienen visas, las personas que ya han sido admitidas como refugiadas o han recibido asilo y las personas que tengan doble ciudadanía podrán ingresar en EE. UU.

El nuevo decreto, al igual que el anterior, suspende por 120 días el ingreso de refugiados del programa estadounidense de reasentamiento de refugiados y continúa la reducción de la cantidad de refugiados aceptados en EE. UU. durante el año fiscal 2017, de 110.000 a 50.000. Si bien ya no identifica en forma expresa a los refugiados sirios como objeto de suspensión indefinida, la inclusión de ciudadanos sirios en la prohibición general de ingreso igualmente excluirá a muchas de las personas que más necesitan protección.

El gobierno de Trump ha dejado en claro que está previsto que este nuevo decreto tenga los mismos efectos que el del 27 de enero. Conforme lo señaló el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller el 21 de febrero, el nuevo decreto “tendrá básicamente el mismo resultado como política”.

El decreto modificado exime a personas que ya tengan visas de inmigrantes o no inmigrantes. También permite que los funcionarios de consulados emitan visas a ciudadanos de los seis países cuando se determine que no hacerlo podría causarles “graves dificultades” y que no representan un riesgo para la seguridad. Estas pocas excepciones evitarán que algunas personas queden alcanzadas por las consecuencias más graves de la prohibición, pero no cambiarán la dura realidad que establece el decreto: la aplicación de una prohibición inmigratoria perniciosa y sin sentido a nacionalidades enteras.

En un momento en el que nunca antes hubo tantas personas desplazadas en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la decisión del gobierno de Trump de limitar drásticamente el programa de refugiados de EE. UU. implica renunciar al rol de liderazgo que Washington tenía en este plano. Los procedimientos de evaluación estadounidenses ya son sumamente rigurosos, y esto a menudo provoca que se excluya a refugiados procedentes de Siria, Irak y otros sitios que sí reúnen los requisitos, destacó Human Rights Watch. El decreto también se desentiende del apoyo bipartidista que históricamente ha recibido el programa de reasentamiento de refugiados, y socava los compromisos con aliados de EE. UU. como Jordania y Kenia, que acogen a cientos de miles de refugiados.

“Las personas vienen a EE. UU. por distintos motivos, entre los que se cuentan refugiados que huyen de contextos de violencia y persecución, trabajadores capacitados que contribuyen a la economía estadounidense, estudiantes que reciben educación superior y personas que llegan con fines de reunificación familiar”, explicó Meng. “Para los afectados, este decreto destruye esas oportunidades, ya sean personas con o sin ciudadanía estadounidense”.

El gobierno afirma que las prohibiciones de ingreso son necesarias para prevenir el terrorismo, pero el propio informe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional concluyó que “es improbable que el país de ciudadanía sea un indicador confiable de posible actividad terrorista”. Y si bien las prohibiciones de ingreso son temporarias, los requisitos sobre transmisión de información impuestos a algunos países podrían, en la práctica, redundar en una prohibición permanente de ciertas nacionalidades, dado que esos países tal vez no deseen o no puedan cumplir los requisitos.

En particular, es ilógico e irrazonable que el gobierno estadounidense exija que el gobierno extranjero responsable de perseguir a refugiados proporcione información confiable sobre ellos.

“El presidente Trump todavía parece creer que es posible determinar quiénes son terroristas en función del país de donde proceden”, declaró Meng. “Poner en vigor este decreto generará la falsa creencia de que se están tomando medidas genuinas para proteger a los estadounidenses de ataques, a la vez que se socavará la posición de EE. UU. como lugar seguro para quienes están en mayor riesgo”.