Los nuevos memorandos sobre la aplicación de la ley inmigratoria del gobierno de Trump detallan cambios impactantes y radicales en la política de inmigración, que tendrán un profundo impacto en los derechos de los inmigrantes y sus familias y perjudicarán a las comunidades en las que viven, dijo Human Rights Watch hoy tras publicar un análisis de “preguntas y respuestas”. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó los memorandos el 20 de febrero de 2017.
Estas nuevas políticas están diseñadas para facilitar las deportaciones de millones de personas mediante la aplicación ampliada de procedimientos que han demostrado perjudicar a los residentes de largo plazo, a sus familiares ciudadanos estadounidenses y a los solicitantes de asilo que huyen de la persecución y la violencia. También adoptan un enfoque “sin restricciones” para hacer aplicar leyes problemáticas vigentes desde 1996 que ya han causado daños enormes entre las familias estadounidenses. El análisis de Human Rights Watch del posible impacto de estas nuevas políticas de control del cumplimiento de la ley está basado en décadas de investigación sobre el sistema de inmigración de EE.UU. y el funcionamiento de las leyes de 1996.
“El presidente Donald Trump sugirió recientemente que podría estar abierto a reformar el sistema de inmigración estadounidense, pero sus memorandos no indican un interés por crear un sistema más humano y razonable”, dijo Grace Meng, investigadora senior sobre EE.UU. de Human Rights Watch. “En lugar de eso, los memorandos prometen la aplicación más amplia y draconiana de leyes ya de por sí duras”.
Como ha sido ampliamente informado, los memorandos delinean nuevas prioridades de aplicación de la ley inmigratoria que esencialmente convierten a cada inmigrante indocumentado en Estados Unidos en un blanco de persecución. Los documentos también indican que el gobierno de Trump podría facilitar y acelerar las deportaciones de millones de personas mediante la expansión de la “deportación expedita”, un procedimiento que se reduce a agentes de inmigración rellenando y firmando formularios. Actualmente, la deportación expedita se aplica a los migrantes detenidos a menos de 100 millas de la frontera y dentro del plazo de 14 días después de ingresar a Estados Unidos. Tal como ha documentado Human Rights Watch, la aplicación por parte de los agentes fronterizos de la deportación expedita ya resulta en violaciones de los derechos humanos de los centroamericanos que huyen de la violencia de las pandillas.
Los memorandos también afectan a los solicitantes de asilo, incluidas mujeres y niños de América Central, al abogar por prácticas de detención más amplias, cambios en el proceso de solicitud de asilo y el despojo de protecciones para los niños migrantes que viajan solos. Piden que se amplíen los programas que involucran a la policía local en la aplicación de la ley inmigratoria, lo que ha demostrado aumentar la desconfianza hacia la policía en las comunidades de inmigrantes y la discriminación por perfiles raciales, ninguno de los cuales facilita una mayor seguridad pública.
“Todavía tenemos que ver el impacto completo de las políticas de inmigración de Trump, pero los nuevos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional son una clara hoja de ruta hacia violaciones masivas de los derechos”, señaló Meng. “Si Trump se toma en serio la protección y el mejoramiento de las comunidades de EE.UU., debería desarrollar políticas que protejan los derechos de todos los que vivan en ellas”.
