“Le dije a mi familia: No quiero que los deporten por mi culpa. Es debido a que estoy en el DACA que el gobierno tiene información sobre nosotros”.
Nafisa es una de las cerca de 750.000 personas que se han beneficiado con la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), un programa creado por el gobierno de Obama para algunos inmigrantes indocumentados que llegaron a EE. UU. siendo niños. El programa DACA ha permitido a algunas personas trabajar legalmente y cursar estudios durante un período de dos años, pero para ello debían registrarse ante el gobierno federal.
Al hablar durante un encuentro de Desis Rising Up and Moving (DRUM), una organización comunitaria por la justicia social que agrupa a inmigrantes de clases trabajadoras de Asia Meridional en la Ciudad de Nueva York, Nafisa manifestó el temor de muchas personas a que la información presentada para el DACA ahora se use para facilitar su deportación y la de sus padres indocumentados.
La posición del nuevo gobierno es, en el mejor de los casos, ambigua. Durante su campaña, Trump prometió que cancelaría el DACA, aunque más recientemente señaló que las personas que participaban en el DACA no debían “preocuparse demasiado”. En este momento, el futuro de los beneficiarios del DACA sigue siendo incierto.
“Un miembro acudió a mí para que lo ayudara a renovar su DACA”, contó Kazi Fouzia, una coordinadora comunitaria de DRUM. “Le dije que no tenemos certeza, pero que podría ser cancelado. Tenemos que decirles a nuestros miembros la verdad, pero no queremos atemorizarlos”.
Desde que Trump firmó dos decretos sobre política inmigratoria y fronteriza, Kazi ha recibido un caudal incesante de llamadas y visitas de miembros que intentan entender cómo estas políticas afectarán su posibilidad de permanecer en este país y su actual vulnerabilidad a la deportación. Si bien los decretos afectan de manera directa al DACA, están claramente orientados a incrementar la cantidad de detenciones y deportaciones. A medida que corren noticias —tanto reales como falsas— sobre redadas del ICE entre las comunidades de inmigrantes, estos temores no han hecho más que acentuarse. Tan solo ayer, Daniel Ramírez Medina, un beneficiario del DACA de Seattle fue puesto a disposición del ICE, y un vocero de la institución declaró que había confesado pertenecer a una banda delictiva. Ramírez respondió que fue presionado para admitir falsamente un vínculo con la banda, el cual “niega categóricamente”.
Muchos miembros han admitido ante Kazi que “están sumamente preocupados y siguen las noticias cada instante del día. No están comiendo bien debido al estrés. Este no es un comportamiento sano”.
Tras el encuentro, Raihana, una de las integrantes de DRUM, me preguntó si sabía de alguien que quisiera contratar a una cuidadora, y me aclaró: “Soy indocumentada. Actualmente mi hijo sostiene a toda la familia con su ingreso. Pero una vez que termine el DACA, ¿quién sabe qué puede suceder? Necesito encontrar un empleo”.
Fahd Ahmed, director ejecutivo de DRUM, entonó las palabras con las que se concluyó el encuentro: “Cuando digo ‘¡Aquí para quedarnos!’, ustedes digan ‘¡Aquí para luchar!’”. Una sala atiborrada de miembros, personal e intérpretes, procedentes de al menos cuatro países, y que hablaban tres idiomas distintos, acallaron el sonido que llegaba desde la línea 7 de metro al grito de “¡Aquí para quedarnos! ¡Aquí para luchar!”.
