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Ante el resultado del plebiscito, celebramos que el Presidente Santos haya decidido continuar con las negociaciones de paz con las FARC. El gobierno debería persuadir a las FARC de buscar un nuevo acuerdo. Las eventuales futuras negociaciones deben orientarse a solucionar los graves defectos del acuerdo de víctimas que facilita la impunidad para responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre otros graves defectos, el acuerdo facilita que los generales del Ejército y comandantes de las FARC puedan eludir su responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subalternos; permite que criminales de guerra confesos cumplan sus sanciones mientras ejercen cargos de elección popular; e incluye modestas sanciones alternativas a la privación de la libertad (que se parecen más a tareas de servicio a la comunidad) para los guerrilleros que confiesen sus delitos de forma plena y temprana.

Este sacrificio a la justicia es lo suficientemente grave como resultado de las negociaciones con las FARC, pero no existe ninguna justificación para extender estos beneficios de impunidad a oficiales del Ejército responsables de miles de asesinatos de civiles, conocidos como casos de “falsos positivos”. La mejor forma de evitar esta renuncia injustificada a la justicia sería excluir categóricamente a los agentes del estado de cualquier beneficio de justicia transicional acordado con las FARC. En tal sentido, nos genera gran preocupación que el partido Centro Democrático del ex Presidente Álvaro Uribe, quien lideró la campaña por el “no”, demande que un nuevo acuerdo de paz traiga “alivio” a los miembros de las fuerzas armadas responsables de hechos atroces.

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