El Departamento de Justicia de EE. UU. admitió haber cometido un error mayúsculo.
Comunicó a la Corte Suprema que había incurrido en “varios errores significativos” al proporcionar datos en el marco de un caso sobre inmigración de 2003, caratulado Demore v. Kim. Este no es un error que se pueda considerar menor. No es posible saber cuál habría sido el impacto de las cifras verdaderas en la decisión de la Corte, que se emitió dando por supuesto que los datos eran ciertos. La decisión ha permitido la detención obligatoria, por períodos prolongados, de cientos de miles de inmigrantes en los años transcurridos desde entonces.
En Demore v. Kim, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de una ley de “detención obligatoria” que exige que los inmigrantes que hayan sido condenados previamente por un amplio repertorio de delitos y que hayan cumplido su condena (cuando se hubiera aplicado tal pena), permanezcan detenidos sin posibilidad de ser liberados bajo caución mientras estén en curso sus procesos de deportación. Esto afecta también a quienes cuentan con tarjetas de residencia (green cards).
Por ejemplo, Ricardo F., un residente permanente cuya familia tiene ciudadanía estadounidense, fue recluido en detención obligatoria en 2013 debido a dos condenas impuestas 12 años antes por tenencia de marihuana y por las cuales no debió cumplir pena de prisión.
Al emitir su fallo en Demore, la Corte Suprema se basó en la aseveración del gobierno estadounidense de que la apelación de una deportación —y por lo tanto la detención obligatoria— demora en promedio cuatro meses. En la rectificación de esta semana, el Departamento de Justicia admitió que el período medio de detención era en realidad de más de un año, y sugirió que la Corte Suprema “enmiende su decisión para eliminar” el error.
Desde Demore, cientos de miles de personas han intentado defenderse en los procesos por deportación mientras se encontraban encarceladas. La detención menoscaba significativamente la posibilidad de una persona de conseguir un abogado o de obtener un resultado favorable en el caso. La detención tiene un impacto devastador en las familias, que enfrentan arduas dificultades de tipo económicas y emocionales sin la presencia de un padre y de un sostén económico. También expone a las personas a condiciones precarias, que incluyen una atención médica de baja calidad y que, en los casos más graves, ha redundado en la muerte de las personas afectadas. Es posible que el error del gobierno también haya causado deportaciones con consecuencias letales, al provocar que personas que habían sufrido persecución o tortura en su lugar de origen renunciaran a sus reclamos de protección como refugiados, en un acto desesperado para evitar la detención por largos períodos.
La Corte y el Congreso no deberían limitarse a “eliminar” el error. Este invierno, la Corte recibirá los alegatos en la causa Rodríguez v. Jennings, en la cual interviene por vía de apelación de una decisión del Noveno Circuito. La sentencia apelada determinó que, luego de seis meses, los inmigrantes en situación de detención obligatoria deberían recibir una audiencia para determinar la posibilidad de libertad bajo fianza. Al considerar este caso, la Corte debería tomar en cuenta los datos reales sobre la detención obligatoria. La responsabilidad recae, en última instancia, en el Congreso, que debería poner fin a la detención obligatoria y asegurar que a todas las personas se les conceda una audiencia en la cual se analice si su detención es necesaria.
