(Nueva York) – La campaña del gobierno chino para reprimir el disenso pacífico en áreas tibetanas sigue siendo la causa de un elevado número de detenciones, juicios y condenas desde que la conflictividad social se tornó generalizada hace ocho años, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe difundido hoy. Las autoridades han detenido a personas en relación con modalidades de expresión y reunión que están protegidas por la legislación china y el derecho internacional, y que anteriormente habían sido toleradas. Muchos de los casos ocurrieron en zonas rurales o implicaron a segmentos de la sociedad que antes no habían estado alcanzados por este tipo de acciones.

“Las áreas tibetanas son el objetivo principal del operativo del gobierno chino contra el disenso pacífico en todo el país”, observó Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch. “Las autoridades tratan a todos los tibetanos como potenciales disidentes y están intentando extender la vigilancia a la comunidad tibetana en su totalidad”.

El informe de 86 páginas, “Relentless: Detention and Prosecution of Tibetans under China’s ‘Stability Maintenance’ Campaign” [Implacable: Detención y juzgamiento de miembros de la comunidad tibetana en el marco de la campaña de “mantenimiento de la estabilidad” de China], muestra cómo los patrones cambiantes de conflictividad social y detenciones por motivos políticos, enjuiciamiento y condenas de 2013 a 2015 se corresponden con la fase más reciente de la campaña de “mantenimiento de la estabilidad” del gobierno, una política que ha redundado en medidas de vigilancia y control sin precedentes en aldeas y localidades tibetanas.

La Región Autónoma del Tíbet sigue estando casi totalmente cerrada a periodistas, investigadores y turistas individuales, y prácticamente no hay datos oficiales disponibles. Los hallazgos de Human Rights Watch se obtuvieron a partir de datos correspondientes a una serie de 479 casos extraídos de informes de medios extranjeros, el gobierno chino y fuentes en el exilio. Human Rights Watch analizó estos datos para identificar patrones cambiantes de detención y condena.

En documentos hasta ahora nunca publicados, se revelan las gravísimas consecuencias afrontadas por una comunidad local a causa de haber realizado una sola protesta, indicó Human Rights Watch. En abril de 2013, tras el juicio y la condena de tres lamas de Chamdo en la Región Autónoma del Tíbet, imputados con el delito menor de “esconder a un delincuente”, la policía apeló a medidas de castigo colectivo, intimidación y represión contra la comunidad general, que se extendieron durante más de un año mientras procuraban identificar a otros sospechosos. Las autoridades detuvieron, golpearon y amenazaron a decenas de tibetanos locales, y sometieron a otros a adoctrinamiento político y restricciones a la posibilidad de viajar, en un intento por obtener información sobre presuntos implicados y disuadir ulteriores actos de disenso.

El trato impartido durante las detenciones sigue siendo alarmante, observó Human Rights Watch. Con respecto a catorce de los detenidos que figuraban en los datos consultados por Human Rights Watch, se indicaba que habían muerto mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades o poco después de su liberación.

Luego de 2012, miles de funcionarios que el año anterior habían sido destinados a localidades en distintas regiones del Tíbet, en el marco de la política sobre “mantenimiento de la estabilidad”, comenzaron a implementar medidas a nivel local para prevenir la posibilidad de disenso. En esas comunidades, muchas de las actividades sociales, culturales y ambientales que anteriormente se consideraban inofensivas pasaron a ser escudriñadas y castigadas por el Estado.

Numerosos detenidos y acusados que figuraban entre los datos a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch, y que eran personas de entre 14 y 77 años, simplemente habían ejercido sus derechos de expresión y reunión sin propugnar ningún tipo de separatismo. Otras solamente habían criticado decisiones de funcionarios locales en sus poblaciones, se habían opuesto a un proyecto de minería, defendían mayores derechos lingüísticos o mostraban simpatía por las personas que se inmolaban. En decenas de protestas, miembros de las fuerzas de seguridad dispararon hacia los manifestantes, pese a que no trascendió que hubiera habido actos de violencia perpetrados por quienes participaban en las manifestaciones.

Human Rights Watch concluyó que casi todos los casos informados de expresiones de disenso que redundaron en detenciones se produjeron en aldeas, pequeñas localidades, o poblados rurales, más que en ciudades, como había ocurrido antes; es decir, los mismos sitios donde se han implementado medidas de “mantenimiento de la estabilidad”. El informe identifica nueve localidades específicas, o “núcleos”, en la meseta tibetana donde —presuntamente en respuesta a estas medidas— se habrían producido ciclos recurrentes de protesta y represión, aumento de las detenciones por motivos políticos y condenas más prolongadas por delitos relativamente menores, en comparación con otras áreas.

Muchas de las personas detenidas y juzgadas durante ese período eran líderes comunitarios, activistas ambientales y lugareños que participaban en actividades sociales y culturales. En las tres décadas anteriores, fueron muy pocos los casos en que las autoridades acusaron a estos tibetanos de zonas rurales de participar en revueltas políticas. Human Rights Watch identificó siete protestas, cinco de ellas con más de cien participantes, en las cuales hubo residentes locales que exigieron la liberación de un líder comunitario detenido. La detención de dirigentes locales y el apoyo masivo de sus comunidades pareciera ser un fenómeno nuevo.

Un análisis de los casos de detención correspondientes a este período indicó que, una vez detenidas, las personas con influencia social —como líderes comunitarios, profesionales religiosos, escritores o intérpretes musicales— tenían mayores probabilidades de ser enviadas a juicio que otras personas en similar situación. También era más probable que enfrentaran juicios quienes fueron detenidos por acciones que se identificaron como una prioridad política de represión durante este período, como el apoyo a las inmolaciones.

“Si el objetivo de la campaña de ‘mantenimiento de la estabilidad’ fue erradicar el disenso entre los tibetanos, entonces ha fracasado”, señaló Richardson. “La base para una verdadera estabilidad será que el gobierno de China respete los derechos, entienda y responda a los reclamos locales, y ponga fin a abusos de las fuerzas de seguridad en toda la meseta”.