En el memorial, planteado el viernes ante un tribunal federal de apelaciones, Human Rights Watch sostiene que, conforme a los estándares internacionales, los agentes de aplicación de la ley solamente deben utilizar la fuerza cuando resulte necesario y proporcionado. El estudio de abogados Constantine Cannon LLP participó como asesor en la preparación del memorial.
“De los hechos expuestos en la demanda, se desprende que esta muerte representa inequívocamente una violación a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza por agentes del orden”, destacó Sarah Poppy Alexander, abogada asociada de Constantine Cannon. “Un menor que estaba parado en la vía pública y no tenía un arma no puede haber supuesto una amenaza inmediata para el agente Swartz, que se encontraba detrás de un vallado fronterizo, a 40 o 50 pies por encima del nivel de la calle”.
Human Rights Watch presentó el memorial de amicus en la causa Rodríguez v. Swartz, en apoyo a la demanda interpuesta por la madre del joven de 16 años José Antonio Elena Rodríguez. En octubre de 2012, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Lonnie Ray Swartz, provocó la muerte del adolescente tras dispararles cerca de 10 veces por la espalda. Elena Rodríguez se encontraba cerca del vallado fronterizo en Nogales, México, cuando el agente Swartz disparó desde el lado estadounidense de la frontera.
El derecho internacional de los derechos humanos obliga a EE. UU. a prevenir, investigar y asegurar rendición de cuentas por los abusos violentos que puedan cometer en el contexto de la frontera los agentes de la Patrulla Fronteriza de ese país, señaló Human Rights Watch.
En julio de 2015, un tribunal de primera instancia decidió dar curso a la causa por violaciones constitucionales contra el agente Swartz. La decisión fue apelada por Swartz, quien sostuvo que Elena Rodríguez no podría invocar las garantías de la Constitución de EE. UU. debido a que era un ciudadano mexicano que se encontraba en México en el momento en que recibió los disparos.
“Las fronteras no son zonas de excepción in están exentas de la obligación de respeto de los derechos humanos”, apuntó Clara Long, investigadora del programa sobre EE. UU de Human Rights Watch. “El derecho estadounidense no debería permitir que queden impunes abusos violentos en sus fronteras”.
Las agencias fronterizas de EE. UU. han ignorado incidentes violentos que probablemente implicaron el uso ilegítimo de la fuerza por parte de sus agentes, indicó Human Rights Watch. Un panel de expertos del gobierno estadounidense determinó recientemente que el sistema disciplinario del Servicio de Control de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection) resulta inadecuado y demora demasiado tiempo para funcionar como disuasivo eficaz de faltas a la conducta.
“En el pasado, la Patrulla Fronteriza estadounidense no ha asegurado que agentes responsables de actos de violencia en la frontera rindieran cuentas por su actuación”, expresó Long. “Es por ello que este caso es tan importante, dado que podría ser la única oportunidad genuina de resarcimiento para la familia de Elena Rodríguez”.
