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En un informe publicado ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) instó a que se introduzcan reformas sustanciales a la utilización de la detención en régimen de aislamiento en EE.UU., incluida la prohibición de la incomunicación para los niños. En el informe propone cambios para la Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. y promueve “principios rectores” que deberían aplicarse a otras agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional, así como a gobiernos estatales y locales.

Una celda en la prisión del Condado de Pinellas, en Florida, una instalación para adultos donde jóvenes son encerrados en régimen de aislamiento. Una joven entrevistada por Human Rights Watch dijo que pasó cuatro meses en una celda de aislamiento allí. © 2008 AP Photo/Pinellas County Sheriff's Office

La demanda del informe de que se ponga fin a la utilización del régimen de aislamiento para los niños – tal y como también hemos recomendado nosotros y lo ha hecho el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura – es merecedora de los titulares de esta mañana. Pero el informe va más allá de los niños e insta a todas las jurisdicciones a reconsiderar el uso del aislamiento para los adultos jóvenes de entre 18 y 25 años. Entre otras cosas, resalta la necesidad de que el personal penitenciario reciba preparación en temas como el desarrollo del cerebro de los jóvenes adultos y de incorporar políticas “sensibles al desarrollo” para esta población.

El informe cuestiona adecuadamente la semántica sobre en qué consiste el régimen de aislamiento y define el “alojamiento restrictivo” en términos generales: “la separación de la población general de la prisión, ya sea de manera voluntaria o involuntaria; la colocación de una persona en un espacio cerrado o celda, ya sea en solitario o con otro recluso; y la incapacidad de salir de una habitación o celda durante la mayor parte del día, normalmente 22 horas o más”.

El informe recomienda significativas reducciones del uso de la segregación disciplinaria, incluyendo una prohibición del aislamiento como castigo por delitos de menor nivel y una reducción de la duración máxima del tiempo permitido en confinamiento como castigo por los delitos más graves. Actualmente, por un delito reincidente de nivel “moderado”, la pena máxima es de 180 días en régimen de aislamiento. El DOJ ahora pide que ese período sea reducido a un máximo de 15 días. (Aunque supone una mejora importante, resulta insignificante en comparación con las recientemente adoptadas Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas que exigen un máximo de 15 días bajo cualquier circunstancia).

Human Rights Watch lleva muchos años criticando el uso excesivo e indebido del régimen de aislamiento, y hemos abogado por muchas de las reformas incluidas en el informe del Departamento de Justicia. Reconocemos que la aplicación de algunas de las recomendaciones puede ser más difícil que otras. Es posible que algunas tengan que ser abordadas mediante acuerdos de negociación colectiva con los sindicatos de prisiones, mientras que la financiación de algunas de las recomendaciones más importantes – como crear y dotar de personal a unidades de salud mental en todo el país para evitar que las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales se vean sometidas al régimen de aislamiento –  requerirán un firme compromiso de apoyo por parte del Congreso.

Pero de lo que no hay ninguna duda es de que el anuncio de hoy forma parte de una ola de cambio que está barriendo por EE.UU. sobre el uso dañino del régimen de aislamiento. La detención en solitario prolongada e indefinida es, desde hoy, más inusual en EE.UU.

 

 

 

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