El organismo nacional encargado de promover la transparencia en México debe cumplir con su misión y dejar de impedir que los medios de comunicación accedan a información sobre ejecuciones cometidas por policías en Michoacán.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) denegó recientemente un pedido formulado por la agencia de noticias Associated Press (AP) para acceder a datos oficiales sobre un incidente ocurrido en mayo de 2015, durante el cual 42 personas fueron abatidas por policías federales en un rancho en Tanhuato que, según afirmaron las autoridades, había sido ocupado ilegalmente por una banda criminal.
En agosto, AP pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que proporcionara "copias de las necropsias", "los peritajes de balística", "y los peritajes y reportes del levantamiento de cadáveres y armas en el lugar". Teniendo en cuenta los paupérrimos antecedentes de investigación de casos de abusos policiales en México, el pedido de AP constituye un intento crucial por conocer la verdad de lo sucedido.
Al menos algunas de las muertes habrían sido ejecuciones extrajudiciales. Según un informe oficial que describe la evidencia forense recogida por la Procuraduría General de Justicia del Estado -al que tuvo acceso un periodista- y la información que dieron varios testigos a un investigador de derechos humanos, miembros de la policía, luego de una confrontación inicial, efectuaron disparos mortales contra personas que estaban huyendo del lugar, no llevaban armas o ya habían sido detenidas. A pesar de la desproporción en el número de víctimas fatales, que fue de 42 civiles y un policía, la policía insistió en que todas las muertes se produjeron en el marco de un "enfrentamiento armado".
Cuando AP intentó obtener los archivos sobre el incidente de Tanhuato, la PGR rechazó el pedido. Frente a la negativa, AP apeló la decisión ante el INAI, el cual rechazó la apelación y dispuso la reserva de toda la información solicitada por un plazo de cinco años. El INAI sostiene que la información tiene carácter "reservado" según la ley de transparencia, que permite mantener en secreto la información cuya difusión pueda "poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona", y la correspondiente a "averiguaciones previas". Según el INAI, difundir la información solicitada "colocaría en riesgo las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público de la Federación para integrar la averiguación previa".
Sin duda, los datos personales que puedan poner en riesgo la vida de peritos y víctimas no deberían ser divulgados. Sin embargo, el INAI está impidiendo que AP acceda a la totalidad del expediente sobre Tanhuato, aun cuando la ley de transparencia indica que, en general, la información no deberá clasificarse como "reservada" cuando "se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad". Además, la interpretación del INAI, que sostiene que los señalamientos de ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato todavía no han sido formalmente probados, privaría casi totalmente de efectos prácticos a las disposiciones de la ley de transparencia sobre graves violaciones de derechos humanos. Las autoridades parecerían estar más preocupadas por proteger su reputación que por proteger datos personales.
Este mismo mes, la CIDH publicó un duro informe sobre el deficiente desempeño de México en materia de derechos humanos. En este contexto ampliamente documentado de impunidad generalizada de abusos policiales, el INAI debería ejercer el rol que le corresponde como la máxima autoridad de transparencia en México y asegurar que la PGR no mantengan en secreto las investigaciones sobre graves abusos policiales. El público merece saber si se está actuando para que los policías que hayan cometido ejecuciones y otros graves abusos rindan cuentas por sus acciones.
