(Beirut) – Las fuerzas de seguridad y de inteligencia fueron las principales responsables de violaciones de derechos humanos en Irán durante 2015, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2016. En un drástico incremento respecto de años anteriores, Irán también ejecutó a más de 830 presos, en su mayoría por delitos vinculados con drogas.

Las autoridades avasallaron reiteradamente la libertad de expresión y acallaron el disenso. Usuarios de medios sociales, artistas y periodistas, como el reportero del Washington Post Jason Rezaian, de nacionalidad iraní-estadounidense, enfrentan severas penas por cargos poco plausibles relacionados con seguridad. La libertad de reunión y asociación también se vio menoscabada durante 2015, y las autoridades hostigaron y detuvieron a estudiantes, docentes y sindicalistas por actividades pacíficas. Decenas de activistas políticos y defensores de derechos humanos están detenidos por sus actividades pacíficas o profesionales.

“Un año tras otro, las fuerzas de seguridad reprimen libertades fundamentales y cometen abusos impunemente en Irán”, manifestó Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente. “Hace ya tiempo que las autoridades deberían haber exigido que los responsables de violaciones de derechos humanos rindieran cuentas por haber transgredido las obligaciones de derechos humanos asumidas por Irán a nivel interno e internacional”.

En el Informe Mundial 2016 de 659 páginas, su 26ª edición, Human Rights Watch examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En el ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth escribe que la propagación de los ataques terroristas más allá de Oriente Medio y los enormes flujos de refugiados provocados por la represión y el conflicto llevaron a muchos gobiernos a restringir los derechos, lo se tradujo en esfuerzos erróneos por proteger su seguridad. Al mismo tiempo, los gobiernos autoritarios en todo el mundo, temerosos de la disidencia pacífica que a menudo se ve magnificada por las redes sociales, emprendieron su ofensiva más intensa en los últimos tiempos contra los grupos independientes.

Las mujeres en Irán sufren discriminación en múltiples aspectos de sus vidas, incluidos temas de estado civil como el matrimonio, el divorcio y los derechos hereditarios. En 2015, las autoridades intentaron adoptar leyes discriminatorias que limitarían la posibilidad de empleo de las mujeres en determinados sectores, así como su acceso a la planificación familiar.

En Irán, las minorías étnicas y religiosas, así como los refugiados y los trabajadores migrantes, enfrentan discriminación tanto en la ley como en la práctica. El gobierno negó la libertad religiosa a la comunidad baha’i, la minoría religiosa no musulmana más numerosa de Irán. Miembros de las fuerzas de seguridad también actuaron deliberadamente contra cristianos convertidos del islam. El gobierno limitó las actividades culturales y políticas entre las minorías kurdas, árabes y baluchis en Irán.

Se estima que entre 2,5 y 3 millones de refugiados y trabajadores migrantes afganos en Irán enfrentan obstáculos al intentar acceder a servicios sociales. Tienen mayores probabilidades que la población general de ser interrogados arbitrariamente y, en ocasiones, detenidos por las autoridades, y además tienen escasas posibilidades de recurso legal cuando sufren abusos a manos de funcionarios gubernamentales o de particulares.