(Washington, DC) – Una propuesta de resolución del Senado de Estados Unidos, que avalaría los procedimientos penales contra migrantes a través de audiencias masivas y sumarias, perpetuaría la aplicación de procesos injustos que tienen un alto costo humano y económico, señaló hoy Human Rights Watch.
La resolución 104 del Senado, cuyo tratamiento por la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales está previsto para hoy 29 de julio de 2015, indica que el programa, denominado “Operation Streamline”, ha sido exitoso y que negarse a procesar a quienes “cruzan ilegalmente la frontera por primera vez” frustraría estos resultados satisfactorios.
“Operation Streamline es un programa que genera despilfarros y ningún resultado demostrado, sin embargo, procesa penalmente a decenas de miles de migrantes no autorizados cada año”, indicó Grace Meng, investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “Muchos son condenados por un delito federal simplemente porque deseaban reunirse con sus familias o intentaban llegar a un sitio seguro después de escapar de la persecución”.
En el marco de “Operation Streamline”, decenas de acusados, en forma colectiva, son imputados, se declaran culpables y reciben una condena y una pena específica por el delito menor federal de ingreso ilegal, y todo esto se produce en el transcurso de apenas unas pocas horas, o incluso minutos. El Servicio de Control de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (US Customs and Border Protection) asevera que el programa reduce las tasas de reincidencia, al disuadir a migrantes de volver a intentar ingresar ilegalmente al país. Si bien el programa se promocionó inicialmente como de “tolerancia cero”, los sectores de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) en las que “Operation Streamline” se encuentra actualmente activo, tienen políticas discordantes con respecto a cuáles migrantes no autorizados deberían ser imputados penalmente y qué casos deberían tramitar por el proceso administrativo de deportación habitual.
La resolución 104 del Senado parece ser planteada en respuesta a versiones, difundidas en septiembre de 2014, de que en el Condado de Yuma, en Arizona, la Fiscalía Federal de EE. UU. ya no estaría procesando penalmente a quienes cruzan la frontera por primera vez, sino que en cambio se concentra en personas que ya han sido objeto de una deportación por vía administrativa anteriormente, una política similar a las aplicadas en otras áreas.
Al sostener que Operation Streamline ha sido un éxito, la resolución no toma en cuenta los hallazgos presentados en un informe de la Inspección General (Office of Inspector General, OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), divulgado en mayo pasado. El informe cuestionó seriamente diversos datos de la autoridad de control de fronteras y su aseveración sobre la efectividad de Operation Streamline, e hizo referencia asimismo a su elevado costo.
La Inspección General concluyó que, si bien numerosos organismos —como la Fiscalía General de EE. UU., el Cuerpo de Alguaciles Federales, la Agencia Federal de Prisiones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la justicia federal— afrontan elevados costos para implementar “Operation Streamline”, la Patrulla Fronteriza no realiza un seguimiento de cuántos fondos se destinan al programa. El informe concluye que, debido a ello, la Patrulla Fronteriza no puede determinar si Operation Streamline u otras medidas —como la deportación directa— “son adecuadas considerando los recursos existentes”.
El inspector general comprobó asimismo que la Patrulla Fronteriza remite habitualmente a migrantes al programa de procedimientos penales, incluso si manifiestan el temor de sufrir daños si regresan a su país de origen. Como fue señalado por Human Rights Watch en un informe de 2013, tales procedimientos penales violan obligaciones asumidas por EE. UU. conforme al protocolo de 1967 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
“Operation Streamline” ha contribuido a intensificar el incremento de los procesos penales inmigratorios a nivel federal, que en 2014 representaron el 40 por ciento de todos los casos penales federales. La gran mayoría de estos procesos son por ingreso y reingreso ilegales, los delitos federales que han dado lugar a la mayor cantidad de procesos penales.
Las personas imputadas por delitos vinculados con inmigración representan ahora el 30 por ciento de quienes ingresan al sistema federal de prisiones, que mantiene contratos cada vez más frecuentes con empresas de servicios penitenciarios para confinar a ciudadanos extranjeros condenados por estos delitos. Algunos, como el ex Fiscal General de Arizona Terry Stoddard, han criticado los procesos penales por inmigración, señalando que insumen recursos que podrían destinarse a luchar contra la delincuencia organizada y otros problemas que inciden más gravemente en la seguridad en las fronteras.
“La resolución del Senado se aparta del reconocimiento bipartidista, cada vez más amplio, de que EE. UU. necesita reducir la cantidad de personas en las prisiones federales”, observó Meng. “En vez de ratificar ‘Operation Streamline’, el Senado debería reconsiderar y concluir un programa que, básicamente, trata a los migrantes como delincuentes”.
