Cuando la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff se reúna con el Presidente de Estados Unidos Barack Obama el próximo martes, sería muy importante que analizaran dos cuestiones apremiantes de derechos humanos sobre las cuales han tenido roles fundamentales, pero opuestos: la libertad en Internet y la situación en Venezuela. 

Respecto de la libertad en Internet, Rousseff ha ayudado a impulsar un debate global sobre la seguridad y la privacidad digital. Después de que Edward Snowden revelara que Estados Unidos había realizado actividades de espionaje contra Rousseff, ella presentó este tema ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, repudió la idea de que la seguridad de un país pudiera garantizarse violando derechos fundamentales de ciudadanos de otro país, y consiguió que un importante número de estados apoyaran dos resoluciones clave sobre el derecho a la privacidad en la era digital. Estas resoluciones allanaron el camino para la creación de una Relatoría Especial sobre el derecho a la privacidad en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En cambio, Obama ha hecho poco para abordar las preocupaciones sobre la privacidad de las personas fuera de Estados Unidos o para desarticular el aparato de vigilancia masiva que reveló Snowden. El año pasado, el gobierno emitió una directiva que imponía nuevas restricciones sobre cómo pueden usarse los datos personales y apoyó la reciente Ley de Libertad Estadounidense (USA Freedom Act), que impone límites —pendientes desde hace mucho tiempo— a la obtención de registros telefónicos en el país, y establece nuevas medidas para incrementar la transparencia y el control de las medidas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA).

Aun así, estas medidas son solamente pasos muy modestos en el camino para poner fin a los programas de vigilancia masiva que invaden, de manera innecesaria y desproporcionada, la privacidad de millones de personas en todo el mundo. Mientras tanto, el gobierno insiste en juzgar a Snowden, en lugar de reconocerlo como un denunciante que merece protección.

Respecto de Venezuela, es Obama, y no Rousseff, quien ha alzado la voz en defensa de los derechos humanos. Desde principios del año pasado, el gobierno venezolano ha cometido abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos —incluyendo golpizas y torturas— y ha detenido y juzgado a opositores políticos sin fundamento, sobre la base de evidencias absolutamente dudosas. Observadores internacionales y defensores de derechos humanos venezolanos han denunciado estas prácticas en reiteradas oportunidades. No obstante, Obama ha sido uno de los pocos líderes de la región que ha exigido que se ponga fin a estos abusos. Su gobierno ha respaldado esta exigencia imponiendo sanciones selectivas dirigidas a altos funcionarios implicados en estos crímenes. 

En cambio, Rousseff no se ha mostrado dispuesta a pronunciarse públicamente sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Al ser consultada sobre el tema, se ha refugiado, en reiteradas ocasiones, en el arcaico principio de “no intervención” como fundamento para justificar su silencio frente a los graves abusos del gobierno venezolano. No obstante, en cuestiones que involucran derechos fundamentales —sea el derecho a protestar en las calles de Venezuela o el derecho a la privacidad en Internet—no se puede callar frente a prácticas abusivas, dado que existe la obligación colectiva de defender estos valores que son universales.