Entrevisté a Rosana, una joven de 17 años de edad nacida en la República Dominicana, durante una investigación para Human Rights Watch hace un par de semanas. Los padres de Rosana emigraron de Haití poco más de 20 años. Durante los últimos dos años, Rosana se ha visto inmersa en una lucha nacional cada vez más controvertida sobre quién es y quién no es dominicano.
A partir de hoy, Rosana enfrenta el riesgo de ser expulsada a Haití bajo un plazo dado por el gobierno - aunque no está claro cuántas personas se verán afectadas.
En 2013, el Tribunal Constitucional Dominicana decidió anular la nacionalidad de manera retroactiva a decenas de miles de dominicanos. La mayoría de ellos, como Rosana, son de ascendencia haitiana - una comunidad históricamente marginada. Esto los ha dejado incapaces de llevar a cabo tareas básicas como registrar a sus niños al nacer, inscribirse en la escuela o en la universidad, participar en la economía formal e incluso, moverse en el interior del país sin el riesgo a ser detenidos y deportados. Bajo estas medidas, Rosana se vio forzada a abandonar la escuela pública y ahora recoge y vende fruta en el campo, ganando menos de tres dólares por día.
En 2014, el gobierno del presidente Danilo Medina intentó mitigar la sentencia del Tribunal Constitucional con la llamada Ley de Naturalización que estaba dirigida a reconocer los derechos ciudadanos de las personas afectadas por la decisión de 2013. A pesar de que en el marco legal la norma lucia prometedor, la ley se ha visto afectada por defectos de diseño e implementación que han frustrado el proceso de naturalización. Decenas de miles de dominicanos como Rosana no pudieron beneficiarse de la ley y ahora son vulnerables a la expulsión.
Para complicar aún más las cosas, también en el año 2014, el gobierno puso en marcha un plan de "regularización" de inmigrantes haitianos. A diferencia de los dominicanos de ascendencia haitiana como Rosana, el plan de “regularización” está específicamente dirigido a los migrantes como los padres de Rosana, que nacieron en Haití y se trasladaron a la República Dominicana - a menudo para a trabajar para el gobierno dominicano o para empresas dominicanas. Muchos migrantes, sin embargo, lo hicieron sin la documentación apropiada. El año pasado, el gobierno ofreció a estas personas la oportunidad de regularizar su situación migratoria en el país. Al igual que la Ley de Naturalización, el proceso de regularización, aunque bien intencionado, se ha visto afectado por fallas de diseño e implementación y numerosas personas que eran elegibles no fueron capaces de iniciar el proceso.
A pesar de las limitaciones de ambas leyes, el gobierno dominicano no ha aclarado quien se verá afectado con las deportaciones cuya fecha límite se cumple hoy. Según fuentes locales, sólo los inmigrantes haitianos que no pudieron regularizar están en riesgo. Muchos, sin embargo, temen que los dominicanos de ascendencia haitiana también se verán afectadas por un proceso de deportación que parece centrarse más en la apariencia de las personas y que en el lugar en que nacieron. La prensa dominicana informa que el presidente probablemente hablará sobre el tema esta noche.
Basado en la investigación que llevé a cabo para mi próximo informe, Human Rights Watch pide que el gobierno dominicano que detenga la expulsión de los dominicanos a los que se les retiro la nacionalidad. Instamos al gobierno a trabajar tanto con activistas, como con organizaciones no gubernamentales, con el gobierno haitiano y otros actores internacionales para garantizar que las personas no sean arbitrariamente y de forma permanente, privadas de la nacionalidad dominicana. También instamos a que cualquier deportación legal se lleve a cabo de una manera consistente con las normas jurídicas internacionales.
A menos que las autoridades dominicanos actúen ahora, los niños como Rosana no volverán a la escuela este otoño. Al contrario, podrían verse expulsados de manera forzosa - y en completa violación de sus derechos humanos - del país en el que nacieron, en un viaje con destino a Haití.
Entrevisté a Rosana, una joven de 17 años de edad nacida en la República Dominicana, durante una investigación para Human Rights Watch hace un par de semanas. Los padres de Rosana emigraron de Haití poco más de 20 años. Durante los últimos dos años, Rosana se ha visto inmersa en una lucha nacional cada vez más controvertida sobre quién es y quién no es dominicano.
A partir de hoy, Rosana enfrenta el riesgo de ser expulsada a Haití bajo un plazo dado por el gobierno - aunque no está claro cuántas personas se verán afectadas.
En 2013, el Tribunal Constitucional Dominicana decidió anular la nacionalidad de manera retroactiva a decenas de miles de dominicanos. La mayoría de ellos, como Rosana, son de ascendencia haitiana - una comunidad históricamente marginada. Esto los ha dejado incapaces de llevar a cabo tareas básicas como registrar a sus niños al nacer, inscribirse en la escuela o en la universidad, participar en la economía formal e incluso, moverse en el interior del país sin el riesgo a ser detenidos y deportados. Bajo estas medidas, Rosana se vio forzada a abandonar la escuela pública y ahora recoge y vende fruta en el campo, ganando menos de tres dólares por día.
Entrevisté a Rosana, una joven de 17 años de edad nacida en la República Dominicana, durante una investigación para Human Rights Watch hace un par de semanas. Los padres de Rosana emigraron de Haití poco más de 20 años. Durante los últimos dos años, Rosana se ha visto inmersa en una lucha nacional cada vez más controvertida sobre quién es y quién no es dominicano.
A partir de hoy, Rosana enfrenta el riesgo de ser expulsada a Haití bajo un plazo dado por el gobierno - aunque no está claro cuántas personas se verán afectadas.
En 2013, el Tribunal Constitucional Dominicana decidió anular la nacionalidad de manera retroactiva a decenas de miles de dominicanos. La mayoría de ellos, como Rosana, son de ascendencia haitiana - una comunidad históricamente marginada. Esto los ha dejado incapaces de llevar a cabo tareas básicas como registrar a sus niños al nacer, inscribirse en la escuela o en la universidad, participar en la economía formal e incluso, moverse en el interior del país sin el riesgo a ser detenidos y deportados. Bajo estas medidas, Rosana se vio forzada a abandonar la escuela pública y ahora recoge y vende fruta en el campo, ganando menos de tres dólares por día.
