(New York) – En centros de detención y prisiones de Estados Unidos se ha empleado fuerza excesiva, incluso en forma maliciosa, contra internos con discapacidad mental, según lo reveló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El informe de 126 páginas, “Callous and Cruel: Use of Force against Inmates with Mental Disabilities in US Jails and Prisons,” [Insensibilidad y crueldad: Uso de la fuerza contra internos con discapacidad mental en centros de detención y prisiones estadounidenses], describe incidentes en los cuales personal penitenciario roció a internos con productos químicos con efectos lacerantes, les aplicó descargas con potentes pistolas eléctricas o los mantuvo sujetados a sillas o camas de inmovilización durante días. Hubo instancias en que, a causa de agresiones del personal carcelario, los internos sufrieron fracturas de mandíbula, tabique y costillas, cortes que necesitaron puntos, quemaduras de segundo grado, contusiones profundas y daños a órganos internos. En algunos casos, la fuerza empleada tuvo consecuencias letales.
“Los centros de detención y las prisiones pueden ser sitios donde hombres y mujeres con problemas de salud mental se exponen a peligros, daños e incluso la muerte”, señaló Jamie Fellner, asesora sénior del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. “Se aplica la fuerza contra internos incluso cuando, debido a su enfermedad, no pueden comprender ni cumplir órdenes del personal”.
Si bien no hay datos nacionales disponibles, la investigación de Human Rights Watch indica que el empleo de fuerza injustificada, excesiva y de manera punitiva contra presos con problemas de salud mental es una práctica extendida y que podría estar en aumento en los más de 5.100 centros de detención y prisiones de Estados Unidos. Algunos especialistas atribuyen la situación a la atención inadecuada para la salud mental, políticas inapropiadas sobre uso de la fuerza, falta de capacitación suficiente del personal y liderazgo deficiente.
El personal de establecimientos penitenciarios en EE. UU. está autorizado a aplicar la fuerza cuando resulta necesario para controlar a presos peligrosos o extremadamente indisciplinados. Pero según comprobó Human Rights Watch, el personal a veces responde con violencia cuando los internos tienen conductas que son sintomáticas de sus problemas de salud mental, e incluso cuando son poco graves y no representan una amenaza, como orinar en el piso, usar lenguaje vulgar, golpear enérgicamente la puerta de su celda, masturbarse, quejarse por no haber recibido alguna comida o negarse a salir de la celda. En ocasiones el personal penitenciario recurre a la fuerza para castigar a internos cuando estos los irritan o colman su paciencia.
El informe analiza el uso de la fuerza contra internos con discapacidad mental en centros de detención y prisiones en distintos puntos del territorio de Estados Unidos. Human Rights Watch examinó cientos de demandas individuales y colectivas e investigaciones del Departamento de Justicia, y entrevistó a más de 125 funcionarios que trabajaron anteriormente en el servicio penitenciario o lo hacen actualmente, especialistas en uso de la fuerza, psiquiatras y defensores de internos, con el fin de identificar políticas y prácticas que causen el uso injustificado de la fuerza y recomendar cambios.
En un caso, miembros del personal de una prisión de California rociaron con gas pimienta a un preso aproximadamente 40 veces, y arrojaron cuatro cartuchos con esta sustancia dentro de su celda, luego de que el hombre, que aseveraba ser “El Creador”, se resistió a ser llevado fuera de la celda.
En otro caso, un preso de Florida con diagnóstico de esquizofrenia defecó en el piso de su celda y luego se negó a limpiarlo. El personal presuntamente lo habría puesto bajo una ducha con agua a altísima temperatura, sabiendo que no podría regular el calor ni tampoco el caudal de agua. Luego de ser abandonado bajo el agua durante más de una hora, el interno falleció.
Se estima que uno de cada cinco presos en EE. UU. padece graves problemas de salud mental como esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión profunda, y se calcula que el 5 por ciento tuvo episodios psicóticos en algún momento. Los presos con estas condiciones a menudo tienen dificultad para afrontar el estrés excepcional que supone el encarcelamiento y cumplir con el régimen de la prisión y las órdenes del personal. Con tratamiento insuficiente o nulo debido a servicios de salud mental inadecuados, estos presos pueden tener comportamientos que para el personal resultan irritantes, descabellados, atemorizantes, perturbadores o peligrosos. Es probable que se nieguen a cumplir órdenes, y es más común que transgredan las normas, en comparación con otros internos. Es posible que, ante esto, la respuesta automática del personal sea el uso de la fuerza.
Especialistas en temas penitenciarios indican que las mejores prácticas exigen un uso especial de medidas de fuerza en el caso de presos cuyo comportamiento perturbador es sintomático de la enfermedad mental que padecen. Por ejemplo, tras un caso reciente de demanda colectiva, los funcionarios penitenciaros de Arizona y California están adoptando políticas que limitan sustancialmente la aplicación de productos químicos en espray a presos con problemas de salud mental, salvo en situaciones de emergencia. Pero la mayoría de los organismos no cuentan con estas políticas. Gran parte de los organismos no brindan capacitación a su personal que les permita comprender la incidencia que las enfermedades de salud mental pueden tener en el comportamiento y saber utilizar estrategias de negociación verbal para poner fin a comportamientos conflictivos sin uso de la fuerza.
Los funcionarios públicos deberían trabajar para reducir la cantidad de presos con problemas de salud mental que se encuentran recluidos en centros de detención y prisiones, y esto incluye aumentar la disponibilidad de recursos de salud mental en el ámbito de la comunidad y la remisión a programas externos al sistema de justicia penal. Los funcionarios deberían además mejorar los servicios de salud mental en centros de detención y prisiones, y asegurar que adopten y respeten políticas sensatas sobre uso de la fuerza, que tomen en cuenta las necesidades y vulnerabilidades singulares de presos con problemas de salud mental. Las autoridades deberían impartir una capacitación que permita implementar estas políticas, e incluir mecanismos para que los trabajadores que se aparten de tales políticas rindan cuentas por su actuación.
“El personal de custodia no recibe capacitación con respecto a cómo trabajar con presos que presentan discapacidad mental, cómo mitigar situaciones potencialmente riesgosas o cómo persuadir a los internos para que cumplan órdenes”, observó Fellner. “Con demasiada frecuencia, el personal hace lo que sabe, que es emplear la fuerza. En establecimientos que se administran de manera deficiente, los funcionarios controlan a los internos, incluidos aquellos con enfermedad mental, a través de la violencia punitiva”.
Ver ejemplos adicionales a continuación.
Human Rights Watch identificó casos que, según considera, representaban un uso innecesario, excesivo o malicioso de la fuerza contra internos con discapacidad mental:
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El 17 de marzo de 2013, a las 3:30 a.m., el personal de la prisión de Colorado encontró a Christopher López, un hombre de 35 años con trastorno esquizoafectivo bipolar, acostado boca abajo en el suelo dentro de su celda, en estado semiinconsciente y prácticamente sin poder moverse. El personal no lo trasladó hasta la clínica de la prisión ni llamó para solicitar asistencia médica. En vez de ello, como se ve en un video que tuvo difusión pública, los funcionarios lo esposaron, sujetaron las esposas a una cadena en la cintura, le encadenaron también los tobillos, y lo ataron a su vez con cadenas a una silla de inmovilización. Varias horas más tarde, levantaron a López de la silla y lo dejaron en el suelo de otra celda, todavía inmovilizado, en un estado en el que casi no podía moverse y su respiración era cada vez más dificultosa. López murió cerca de las 9 a.m. a causa de hiponatremia, una condición sanguínea que se trata con atención médica oportuna.
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Robert Sweeper ingresó a un centro de detención en Carolina del Sur el 7 de febrero de 2013, acusado de ingreso ilegal a propiedad privada luego de que la policía lo encontrara durmiendo en el portal de acceso a un edificio educativo a bajas temperaturas durante la noche. Sweeper no cooperaba con los oficiales y su reacción era desorientada e incoherente, pero pese a ello el personal no lo derivó a un hospital para recibir atención psiquiátrica. Durante un control de rutina en la celda de Sweeper, un agente le torció un brazo y la muñeca, y le propinó reiterados puntapiés en el torso, lo cual le causó perforación de pulmón y fractura de tres costillas y dos vértebras.
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Nick Christie, un hombre de 62 años que poco antes había dejado de tomar los medicamentos que le habían recetado para controlar la depresión y la ansiedad, fue encarcelado en Florida en 2009 por un delito no violento de baja gravedad, mientras se encontraba en un estado de profunda perturbación y confusión. Al ser confinado y no recibir servicios de salud mental, comenzó a gritar y golpear enérgicamente la puerta de su celda. Fue rociado con un espray químico más de diez veces durante un lapso de 36 horas, e inmovilizado en una silla con una mascarilla cubriéndole el rostro. Christie murió a causa de un paro cardíaco.
- Marie Franks, una mujer de 58 años con trastorno bipolar, fue encarcelada en un centro de detención de Iowa en el otoño boreal de 2013, luego de haber efectuado múltiples llamadas al 911 que no estaban relacionadas con emergencias y posteriormente resistirse a ser detenida. Debido a que mientras estuvo detenida no recibió los medicamentos indicados para su condición, su estado de salud mental se deterioró. El 7 de octubre, se negó a cambiarse voluntariamente el uniforme de prisión e insultó al personal penitenciario. En respuesta, un funcionario le aplicó descargas con un arma paralizadora Taser varias veces en el transcurso de ocho minutos.
