Una foto aérea muestra el edificio de la Agencia de Seguridad Nacional(NSA), con sede en Fort Meade, Maryland.

Handout via Reuters

(Washington) – El Congreso de Estados Unidos debería promulgar sin demora la Ley de Libertad Estadounidense (USA Freedom Act) para frustrar la recolección masiva de datos y reforzar la transparencia y el control de las medidas de vigilancia en el país, señaló hoy Human Rights Watch. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó el anteproyecto el 30 de abril de 2015.

La Ley de Libertad Estadounidense, presentada por miembros de la Cámara de Representantes y del Senado el 28 de abril de 2015, procura poner fin a la obtención a gran escala de registros telefónicos y otros datos en el país. Como lo reveló el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA) Edward Snowden en 2013, el gobierno estadounidense ha justificado la obtención de posiblemente millones de registros telefónicos de personas en EE. UU. que no han estado vinculadas con actividades ilícitas, amparándose para ello en una interpretación de naturaleza secreta y expansiva del artículo 215 de la Ley Patriota de EE. UU. (USA Patriot Act). La Ley de Libertad Estadounidense pondría fin a esta recolección indiscriminada de registros telefónicos y otros datos efectuada invocando el artículo 215 y otras leyes del país.

“La Ley de Libertad Estadounidense es un primer paso crucial para frenar los excesos de la NSA en materia de vigilancia y abordar las violaciones masivas de la privacidad reveladas por Edward Snowden hace casi dos años”, comentó Cynthia Wong, investigadora sénior sobre Internet de Human Rights Watch. “Si bien son muchos los aspectos vinculados con derechos humanos que no se tratan en el proyecto, ofrece un punto de partida para futuras reformas. El Congreso debería promulgar el proyecto sin postergaciones ni cambios que puedan restarle contundencia”.

Está previsto que el artículo 215 de la Ley Patriota de EE. UU. prescriba el 1 de junio, a menos que el Congreso intervenga. No obstante, son pocos los que en el Congreso están a favor de dejar que la ley prescriba, y los líderes en el Senado ya han planteado una propuesta para prorrogar las disposiciones de la Ley Patriota, sin acompañar esto con garantías adicionales de privacidad. El 21 de abril, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Comisión de Inteligencia de esa misma cámara, Richard Burr, presentaron la norma S. 1035, un proyecto que prorrogaría el artículo 215 y otras disposiciones de la Ley Patriota de EE. UU. sin efectuar reformas durante cinco años más. La Ley de Libertad Estadounidense ofrece una alternativa a la prórroga del artículo 2015 sin ninguna restricción.  

En 2014, se presentaron versiones anteriores de la Ley de Libertad Estadounidense, pero no fueron aprobadas en el Congreso. La Ley de Libertad Estadounidense de 2015 conserva muchas de las reformas clave incorporadas a una versión del proyecto propuesta por el senador Patrick Leahy en 2014, que recibió el apoyo de Human Rights Watch.

El artículo 215 de la Ley Patriota Estadounidense permite a organismos de inteligencia conseguir acceso a registros comerciales que sean “relevantes” para una investigación. En la práctica actual, organismos de inteligencia y el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Exterior han forzado la interpretación del concepto de “relevancia” para que se extendiera potencialmente a todos los registros de llamadas de compañías telefónicas en Estados Unidos, además de otros datos personales.

Los registros telefónicos, que se denominan también “metadatos”, no incluyen el contenido de las conversaciones, pero pueden ofrecer una descripción bastante completa de los movimientos de una persona, sus vínculos y sus intereses, realizando un mapeo de la red de personas con las cuales se comunica, además de dónde y cuándo realiza las llamadas. Esta amplia intromisión en la privacidad no resulta proporcionada y amedrenta el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y asociación, observó Human Rights Watch. El programa de obtención masiva de registros telefónicos también ha perjudicado el trabajo desarrollado por periodistas en EE. UU, pues les resulta más difícil resguardar la identidad de las fuentes, que a su vez temen sufrir represalias incluso si hablan sobre temas relativos a seguridad nacional que no tienen carácter confidencial.

La Ley de Libertad Estadounidense circunscribiría el alcance y la escala de los registros —incluidos metadatos telefónicos— que pueden recabar los organismos de inteligencia. En vez de obtener todos los registros de una compañía telefónica, estos organismos tendrían que identificar y demostrar que un “término de selección específico” (por ejemplo, un término que identifica a una persona, cuenta o dispositivo personal) está asociado con terrorismo internacional para solicitar acceder a registros de llamadas con respecto a ese término. El proyecto impondría un requisito similar, pero más amplio, para otros tipos de registros.

De este modo, sería más difícil que los organismos justifiquen la obtención indiscriminada de registros en todo el país. Si bien el proyecto no evita completamente que en el futuro haya interpretaciones demasiado expansivas con respecto a qué constituye “término de selección específico” ni garantiza tampoco el control judicial de las solicitudes, las medidas de transparencia que contiene el proyecto podrían brindar garantías adicionales frente a una aplicación abusiva de la ley.

Al igual que otras versiones anteriores, el proyecto también incluye disposiciones para fortalecer la transparencia de los programas gubernamentales de vigilancia y profundizar la supervisión que realiza el Tribunal conformado en virtud de la Ley sobre Vigilancia de Inteligencia Exterior (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA). El proyecto permitiría a las compañías de tecnología que reciben órdenes de vigilancia informar sobre la cantidad de órdenes recibidas y de selectores de clientes alcanzados. También exigiría al gobierno informar de qué manera utiliza leyes específicas sobre vigilancia y difundir públicamente sumarios desclasificados de los pronunciamientos del tribunal de la FISA que contengan interpretaciones sustanciales de la ley. El proyecto incorporaría reformas adicionales al tribunal de la FISA, al crear un panel de expertos que aportaría colaboración al tribunal en temas jurídicos novedosos o técnicos, lo cual incluye defender la privacidad y las libertades civiles. En la práctica actual, solamente el gobierno tiene representación en el tribunal de la FISA.

No obstante, las disposiciones sobre transparencia y supervisión judicial del proyecto son menos sólidas de lo que exigía una versión anterior, ya que los requisitos de información son más limitados y el rol de los defensores legales externos se encuentra mucho más circunscripto. Si bien la Ley de Libertad Estadounidense supone una mejora con respecto a la práctica actual, el Congreso debería ir más allá y fortalecer las disposiciones sobre transparencia y supervisión como una garantía fundamental que evite futuros abusos de leyes sobre obtención de datos de inteligencia extranjera, señaló Human Rights Watch.

Un aspecto crítico es que el proyecto no aborda la vigilancia masiva que, según fue puesto en evidencia por Snowden, se producía al amparo de otras normas, incluido el artículo 702 de la Ley de Enmiendas a la FISA y el decreto 12333. Estas fuentes normativas prácticamente no ofrecen garantías para la privacidad ni otros derechos humanos de personas fuera de EE. UU. El presidente Obama y el Congreso deberían adoptar reformas genuinas para responder a la incertidumbre de miles de millones de personas fuera de EE. UU. con respecto a sus derechos humanos, pues temen que sus datos queden alcanzados en la red global de captura de la NSA, aseveró Human Rights Watch.

El proyecto de ley también incluye una nueva disposición que eleva de 15 a 20 años la pena máxima para la colaboración sustancial con organizaciones terroristas extranjeras. EE. UU. ha apelado de manera excesivamente amplia a la formulación de imputaciones por colaboración sustancial para reprimir conductas de las cuales no se deducía la voluntad de colaborar con el terrorismo. Ampliar la pena máxima para el supuesto de colaboración sustancial podría exacerbar estos riesgos, y el Congreso debería eliminar la disposición del proyecto, sostuvo Human Rights Watch.
 
“Si bien lamentamos que algunos aspectos del proyecto no sean óptimos, el Congreso no debería continuar postergando la reforma”, opinó Wong. “Prorrogar el artículo 215 de la Ley Patriota sin garantías sustanciales para la privacidad sencillamente no es una opción viable. EE. UU. debería demostrar al mundo que puede abordar seriamente la privacidad y, a la vez, proteger su seguridad nacional en la era digital”.