El presidente palestino Mahmoud Abbas firma 20 tratados internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en Ramallah el 31 de diciembre de 2014.

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(Bruselas) – La decisión de Palestina de adherirse a la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de la fuerte oposición, incluso por parte de Estados Unidos, Israel y Canadá, merece el apoyo internacional, afirmó hoy Human Rights Watch.

El 1 de abril de 2015 entró oficialmente en vigor para Palestina el tratado de la CPI, lo que le otorga al tribunal un mandato que se remonta al 13 de junio de 2014 sobre graves delitos, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en o desde el territorio palestino.

“Los gobiernos que tratan de penalizar a Palestina por unirse a la CPI deberían de acabar inmediatamente con la presión y los países que apoyan la aceptación universal del estatuto de la corte deberían darle públicamente la bienvenida a su membresía”, dijo Balkees Jarrah, asesora jurídica internacional de Human Rights Watch. “Lo que es inaceptable es el intento por quebrantar la justicia internacional, no la decisión de Palestina de adherirse a un tratado del que son miembros 100 países de todo el mundo”.

El 2 de enero de 2015, las autoridades palestinas presentaron una copia del instrumento constitutivo de la CPI a la Secretaría de Naciones Unidas. Como depositario del Estatuto de Roma, el secretario general de la ONU aceptó oficialmente  el documento el 6 de enero y circuló una notificación indicando que Palestina se convertiría formalmente en un Estado miembro de la CPI a partir del 1 de abril, convirtiéndose en el miembro 123 del alto tribunal. El 1 de enero, el gobierno palestino también había presentado una declaración, otorgándole un mandato que se remonta al 13 de junio de 2014, para cubrir el conflicto de Gaza en 2014.

Partiendo de su política para cuando recibe declaraciones que aceptan la jurisdicción de la corte, Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, abrió una evaluación preliminar sobre la situación en Palestina el 16 de enero. Durante esta fase de examen preliminar, la Fiscalía determina si se cumplen los criterios para iniciar una investigación formal.

Estados Unidos ha declarado que no cree que Palestina sea un estado y que, por lo tanto, no podía ser una candidata a adherirse a la CPI. EE.UU. también se opone a que la CPI investigue a funcionarios israelíes. En diciembre, el presidente de EE.UU. Barack Obama aprobó una ley de apropiaciones que interrumpiría parte de la ayuda a la Autoridad Palestina si “los palestinos inician” o “apoyan activamente” una investigación “judicialmente autorizada” de la CPI que “someta a ciudadanos israelíes a una investigación por presuntos crímenes contra palestinos”. Setentaicinco senadores estadounidenses también han urgido al gobierno de Obama que deje claro que la CPI no es “un camino legítimo ni viable para los palestinos”.

Entre enero y marzo, Israel retuvo cerca de US$400 millones en ingresos tributarios que recauda en nombre de las autoridades palestinas en respuesta a la decisión del presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, de adherirse a la CPI. Como resultado, los 160.000 empleados públicos palestinos han cobrado sólo 60 por ciento de sus salarios durante los últimos tres meses. El 27 de marzo, Israel anunció que liberaría parte de los ingresos tributarios de Palestina acumulados.

A pesar de los informes que indican que los palestinos se preparan para presentar una denuncia en contra de Israel en la CPI, solo la fiscalía de la corte y, en algunos casos, sus jueces tienen la autoridad para decidir qué casos serán investigados, basándose en la información disponible, dijo Human Rights Watch. Sin embargo, los países pueden presentar información a la fiscal para que sea examinada por su oficina.

“La fiscal de la CPI examina las denuncias de graves crímenes sin importar quién sea su autor y establece sus propias determinaciones sobre cómo proceder en función de las pruebas”, señaló Jarrah. “Ninguna decisión sobre si abrir una investigación y en contra de quién está en manos de los palestinos ni de los israelíes”.

La pesquisa en curso de la Fiscalía incluye un análisis de si se han cometido delitos de la CPI, si estos delitos son lo suficientemente graves para merecer la atención de la corte y si las autoridades nacionales están desempeñando de manera genuina investigaciones creíbles y, en su caso, abriendo procesos en relación a potenciales casos que podrían ser investigados por el tribunal, afirmó Human Rights Watch.

No existe un plazo específico que determine cuánto pueda demorarse una evaluación preliminar, ya que varía de situación en situación. Bensouda ha afirmado que está llevando a cabo otros ocho exámenes preliminares de casos en todo el mundo, incluyendo Afganistán, Colombia, Georgia, Irak, Nigeria y Ucrania.

Human Rights Watch ha documentado ataques ilegales, incluyendo algunos que constituyen  crímenes de lesa humanidad, durante las hostilidades de 2014 en Gaza. Los enfrentamientos en la Franja de Gaza han acabado con la vida de más de 1.500 civiles, dañado hospitales y otras infraestructuras públicas cruciales, y destruido las viviendas de más de 100.000 palestinos. Los grupos armados palestinos han lanzado cohetes y morteros de manera indiscriminada hacia centros urbanos israelíes.

Ninguna de las partes ha hecho todavía un progreso significativo en otorgar justicia por las graves violaciones de las leyes de guerra durante el conflicto de 2014. Las investigaciones militares israelíes de las hostilidades en Gaza están en curso, e Israel ha anunciado una investigación por parte de su Contralor de Estado. No se conoce que el gobierno palestino en Cisjordania ni Hamas en Gaza hayan llevado a cabo ninguna investigación. El historial, tanto de Israel como de Palestina, sobre la rendición de cuentas por violaciones de sus fuerzas es deficiente, señaló Human Rights Watch.

No está en cuestión solo la conducta de ambas partes en la guerra de Gaza. El Estatuto de la CPI también clasifica como crimen de guerra el traslado por parte de una potencia ocupante de sus propios civiles “directa o indirectamente” al territorio que ocupa. El traslado de las personas en el territorio ocupado desde sus hogares hasta dentro o fuera de ese territorio constituye también un crimen de guerra.

Desde que ocupó los territorios palestinos en 1967, Israel ha facilitado la circulación de sus ciudadanos en los asentamientos de Cisjordania, incluida Jerusalén oriental. Desde que Benjamin Netanyahu se convirtió en primer ministro de Israel en 2009, Israel comenzó a construir más de 10.400 hogares en los asentamientos. Las demoliciones israelíes en Cisjordania durante el mismo período dejaron a más de 5.333 palestinos sin hogar, incluyendo 1.103 en 2013 y 1.177 en 2014. El 30 de enero, Israel publicó licitaciones para 450 nuevos asentamientos en Cisjordania el 30 de enero.

“Dado que la fiscal de la CPI solo actuará en la ausencia de procedimientos nacionales creíbles, tanto las autoridades israelíes como las palestinas tienen la oportunidad de evitar la intervención de la corte mediante la realización de sus propias investigaciones y enjuiciamientos genuinos”, dijo Jarrah. “En ausencia de esfuerzos nacionales creíbles, la CPI podría intervenir para reducir la brecha de la rendición de cuentas por abusos graves”.