(Gaza) – Fuerzas israelíes dispararon y mataron a civiles de la localidad de Khuza’a, al sur de Gaza, en una aparente violación del derecho de guerra, durante una serie de incidentes ocurridos entre el 23 y el 25 de julio de 2014, señaló hoy Human Rights Watch. Los ataques deliberados contra civiles que no participan en los enfrentamientos constituyen crímenes de guerra.
Siete ciudadanos palestinos que habían huido de Khuza’a contaron a Human Rights Watch los graves peligros que enfrentaron los civiles que intentaron abandonar la población, próxima a la frontera con Israel, para procurar refugiarse en Jan Yunis. Entre estos se incluyeron los reiterados bombardeos que impactaron edificios claramente de tipo civil, la falta de acceso a atención médica necesaria y la amenaza de ataques de fuerzas israelíes mientras intentaban irse del lugar.
“¿Cuándo habrá justicia para los civiles en Khuza’a, que sufrieron bombardeos durante días, y luego ataques letales por parte de los soldados israelíes que antes les habían ordenado abandonar la población?”, expresó Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch.
Khuza’a, cuya población asciende a cerca de 10.000 personas, fue escenario de combates entre soldados israelíes y grupos armados palestinos, durante una ofensiva terrestre israelí desplegada en la zona el 23 de julio, conforme indicaron medios de noticias israelíes. Las fuerzas israelíes emitieron advertencias generales a residentes de Khuza’a para que abandonaran la zona antes del 21 de julio. Si bien el derecho de guerra insta a “dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces” de los ataques, cuando los civiles no responden a una advertencia esto no los convierte en blanco legítimo de ataques por razones evidentes, ya que muchas personas no se retiran debido a su estado de salud, por temor, porque no tienen un lugar adónde ir o por muchos otros motivos. La presencia de estas personas, a pesar de una advertencia para que huyan, no puede ser ignorada cuando se efectúan ataques, como lo han hecho anteriormente las fuerzas israelíes.
“Advertir a las familias que escapen no las convierte en blancos válidos por el mero hecho de que no puedan hacerlo, y atacar a estas personas deliberadamente constituye un crimen de guerra”, señaló Whitson.
Human Rights Watch investigó varios incidentes ocurridos entre el 23 y el 25 de julio en los cuales, según señalaron residentes locales, fuerzas israelíes habrían disparado contra civiles que intentaban huir de Khuza’a, a pesar de que no había combatientes palestinos en ese momento ni se estaban produciendo enfrentamientos.
En la mañana del 23 de julio, las fuerzas israelíes indicaron a un grupo de aproximadamente 100 palestinos en Khuza’a que debían abandonar una vivienda donde se habían refugiado, dijeron familiares. El primer miembro del grupo en salir de la vivienda fue Shahid al-Najjar, con las manos en alto, pero un soldado israelí le disparó y le provocó una herida grave en la mandíbula.
Soldados israelíes detuvieron a los hombres y jóvenes de más de 15 años en una zona próxima a la valla perimetral de Gaza. Según declaraciones de testigos e información que trascendió en los medios, algunos fueron llevados a Israel para ser interrogados. Fuerzas israelíes liberaron a otros ese mismo día, en grupos reducidos por separado. Mientras uno de los grupos se dirigía a pie hacia Jan Yunis, soldados israelíes dispararon y mataron a uno de ellos e hirieron a otros dos.
Dos hombres mayores que fueron detenidos brevemente por soldados israelíes en un lugar próximo a la valla perimetral habían resultado gravemente heridos durante un bombardeo israelí anterior y murieron poco después de ser liberados, contaron dos testigos. El derecho de guerra estipula que los civiles y combatientes heridos deben recibir asistencia médica necesaria en la mayor medida y con la menor demora posible.
En otro incidente registrado el 23 de julio, soldados israelíes dispararon a un grupo de civiles a quienes se les había indicado que abandonaran su vivienda en Khuza’a, hecho durante el cual perdió la vida Mohammed al-Najjar, contó un testigo.
Un caso en particular resulta ilustrativo de los peligros que enfrentan tanto los civiles que se quedan en el lugar como los que acatan las órdenes israelíes de retirarse. El 25 de julio, un ataque israelí provocó la muerte de tres civiles —Motassem al-Najjar, de 5 años; Kamel al-Najjar, de 62; y Salim Qdeih, de aproximadamente 70— que estaban entre las 120 personas que intentaban resguardarse en el sótano de una vivienda, según informaron testigos. Otras 15 personas resultaron heridas. La delegación local de la Cruz Roja tuvo dificultades para llegar al sitio donde estaban las personas heridas por los bombardeos en esa localidad. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que el 25 de julio, un voluntario de la Media Luna Roja fue herido de muerte durante un ataque israelí en Khuza’a, y otros voluntarios que intentaron rescatarlo también recibieron disparos. El derecho de guerra establece que los trabajadores médicos son civiles y no deben ser objeto de ataques.
Las personas en el sótano que sobrevivieron al ataque huyeron luego de la ofensiva y se dirigieron a pie a Jan Yunis, llevando banderas blancas y alzando las manos cuando se cruzaron con soldados israelíes. Un misil israelí alcanzó a uno de los grupos, y mató a un hombre e hirió al primo de este, según dijo este último a Human Rights Watch.
Human Rights Watch entrevistó a residentes desplazados de Khuza’a en Jan Yunis. Dijeron que creían que varios cientos de personas estaban atrapadas y no podían salir de Khuza’a, y expresaron preocupación debido a que numerosos cuerpos habían quedado entre los escombros tras los intensos bombardeos israelíes.
Human Rights Watch no pudo realizar investigaciones dentro de Khuza’a. Las cuatro carreteras que conducen a esta localidad eran intransitables debido a los gigantescos cráteres dejados por los bombardeos, ni tampoco era claro si las fuerzas israelíes permitirían el ingreso.
Han quedado impunes prácticamente todas las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante las ofensivas anteriores que han tenido lugar en Gaza entre soldados israelíes y fuerzas de Hamás y otros grupos armados palestinos. El presidente palestino Mahmud Abás debería solicitar de manera urgente que la Corte Penal Internacional (CPI) asuma jurisdicción con respecto a delitos cometidos en el territorio palestino y desde este, y procurar así reducir la falta de rendición de cuentas por graves abusos y disuadir la posibilidad de que ocurran crímenes en violación del derecho internacional, indicó Human Rights Watch.
“Los horrores de la guerra son de por sí nefastos para los civiles, incluso cuando todas las facciones respetan el derecho”, aseveró Whitson. “Pero resulta aberrante que fuerzas israelíes estén empeorando aún más la situación, al violar de manera tan flagrante las normas del derecho de guerra instituidas para proteger a civiles”.
