Military vehicles pass as Kurdish People's Protection Units (YPG) and Kurdistan Workers Party (PKK) fighters man a checkpoint north of Mount Sinjar, Iraq on December 20, 2014.

© 2014 Reuters

Miles de árabes han sido confinados a “zonas de seguridad” en distintas regiones del norte de Irak por las fuerzas del Kurdistán iraquí que desde agosto de 2014 han recuperado regiones dominadas anteriormente por el grupo extremista Estado Islámico, también conocido como ISIS. Durante meses, distintas fuerzas kurdas impidieron que miembros de la población árabe que habían sido desplazados por los combates regresaran a sus hogares en zonas de las provincias de Ninewa y Erbil, sin embargo, permitieron que kurdos regresaran a esas regiones e incluso se instalaran en viviendas de pobladores árabes que debieron escapar. En enero de 2015 se frenaron algunas restricciones, luego de que Human Rights Watch se comunicara con el gobierno regional kurdo con respecto a este tema, pero todavía subsisten otras.

Residentes locales de la comunidad kurda dijeron a Human Rights Watch que ciudadanos kurdos iraquíes o soldados del Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) han destruido decenas de viviendas de residentes árabes en las zonas en cuestión y que el GRK presuntamente pretende incorporar al territorio autónomo kurdo. Diversos residentes árabes de una de las zonas circundadas indicaron que fuerzas del GRK detuvieron a 70 hombres árabes durante extensos períodos y sin acusarlos por ningún delito concreto.

“Excluir a residentes árabes y no permitir que regresen a sus viviendas excede ampliamente lo que debería ser una respuesta de seguridad razonable ante la amenaza de ISIS”, observó Letta Tayler, investigadora sénior sobre terrorismo y lucha antiterrorista en Human Rights Watch. “Estados Unidos y otros países que están aportando armas a las fuerzas kurdas iraquíes deberían dejar en claro que no tolerarán que haya discriminación con el pretexto de combatir el terrorismo”.

Human Rights Watch no encontró evidencias de que las fuerzas kurdas aplicaran restricciones similares a la circulación de ciudadanos kurdos. El gobierno regional es un aliado clave de la coalición encabezada por EE. UU. que lucha contra ISIS. Estados Unidos se ha comprometido a aportar USD 350 millones para crear tres nuevas brigadas de la fuerza militar kurda, denominada Peshmerga. Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia, la República Checa y Albania también están armando o entrenando a combatientes peshmerga.

Human Rights Watch planteó su consternación con respecto a la situación de discriminación étnica ante autoridades del GRK en diciembre, y en una carta enviada el 20 de enero. En declaraciones a Human Rights Watch, el gobierno regional negó que hubiera discriminación étnica, pero prometió investigar los hallazgos de Human Rights Watch. En enero, las fuerzas militares y de inteligencia kurdas moderaron varias de las restricciones.

Human Rights Watch documentó actos presuntamente discriminatorios en comunidades en Sheikhan y Tilkaif, y en el subdistrito de Zumar, todos ellos en la provincia de Ninewa, así como en el distrito de Makhmur en la provincia de Erbil, en ocasión de las visitas a estas regiones realizadas en diciembre y enero. Las áreas forman parte de los denominados territorios disputados, cuyo control reclaman tanto el gobierno regional como el gobierno central iraquí en Bagdad.

Salvo Sheikhan, que está gobernado por el GRK, los distritos habían estado bajo control del gobierno central iraquí hasta que algunas partes de ellos fueron tomadas por ISIS a mediados de 2014. Muchos de los residentes de los distritos —una población de 600.000 personas de composición étnica diversa— escaparon antes de que ISIS ocupara las zonas donde vivían. Otros no se desplazaron debido a que los combates no llegaron a sus localidades, mientras que algunos, principalmente árabes suníes, quedaron atrapados u optaron por permanecer dentro del territorio dominado por ISIS.

Entre agosto y octubre, y con el respaldo de ataques aéreos estadounidenses, las fuerzas kurdas tomaron varias comunidades en los distritos dominados por ISIS. Otras partes de los distritos continúan controladas por ISIS, y han persistido combates esporádicos entre ISIS y fuerzas peshmerga. La mayoría de las localidades y aldeas donde Human Rights Watch identificó presuntas conductas ilícitas por parte de miembros de las fuerzas kurdas estaban inmediatamente después de la línea de choque con ISIS, o próximas a esta.

Human Rights Watch ha documentado exhaustivamente delitos de lesa humanidad y otras atrocidades perpetradas por ISIS en Siria e Irak, así como abusos de fuerzas sirias e iraquíes y de milicias aliadas.

En diciembre, Human Rights Watch presenció el momento en que soldados peshmerga y miembros del servicio de inteligencia del GRK (Asayish) negaban el ingreso de todos los civiles —incluidos árabes y kurdos— a algunas zonas de estos distritos que habían tomado, alegando que todavía era demasiado peligroso reinstalarse allí o visitar el lugar debido a la proximidad de ISIS, a que continuaban los enfrentamientos o a la presencia de armamento sin detonar, incluidas trampas explosivas en viviendas. No obstante, Human Rights Watch advirtió que fuerzas peshmerga y asayish permitían que residentes kurdos que habían huido de los combates regresaran a otras localidades y aldeas en estos mismos distritos que sí consideraban relativamente seguras, a la vez que negaban a residentes árabes desplazados la posibilidad de ingresar nuevamente a esas mismas zonas.

Oficiales asayish locales confirmaron las prohibiciones en ese momento y en varios puestos de control situados en accesos a los cuatro distritos indicaron a Human Rights Watch que “no se permiten árabes”.

En su respuesta del 5 de febrero a Human Rights Watch, que incluyó comentarios de los Ministerios de Interior, Peshmerga y Asayish, el GRK indicó que asegurar los derechos humanos era una “prioridad central”. La declaración señalaba que autoridades del gobierno regional habían dado instrucciones reiteradamente a las fuerzas de seguridad, incluso inmediatamente después de haber recibido la carta de Human Rights Watch, advirtiendo que “nadie está por encima de la ley” y que todos los transgresores “deberán rendir cuentas”. Sin embargo, en diciembre algunos funcionarios kurdos defendieron durante encuentros con Human Rights Watch las restricciones que excluían a residentes árabes, y adujeron que numerosos árabes habían colaborado para que ISIS avanzara y podrían apoyar nuevamente al grupo armado, de composición mayormente árabe suní.

El derecho internacional permite el desplazamiento forzado de civiles durante un conflicto armado únicamente como medida transitoria destinada a proteger poblaciones locales o cuando haya necesidades militares ineludibles. El derecho internacional prohíbe la discriminación por motivos étnicos o raciales en todo momento, incluso en estados de emergencia y durante conflictos armados. A su vez, el derecho internacional prohíbe los castigos colectivos o la detención discriminatoria.

El gobierno regional kurdo debería poner fin a todas las restricciones a la circulación que no estén claramente justificadas por motivos de necesidad militar o protección civil, o que hayan sido impuestas en función del origen étnico, e investigar sin demora los presuntos abusos contra personas retenidas, indicó Human Rights Watch. Las autoridades kurdas también deberían impulsar una investigación imparcial, transparente y oportuna de todos los demás comportamientos posiblemente ilícitos que hayan ocurrido en zonas bajo su control, y procesar adecuadamente o aplicar medidas disciplinarias a los funcionarios, fuerzas o personas responsables.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debería ampliar el mandato de investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con respecto a abusos perpetrados por ISIS, a fin de que también se investiguen graves abusos cometidos por todas las facciones, incluidas las fuerzas militares iraquíes y las milicias chiitas aliadas, así como aquellos provocados por fuerzas de seguridad y militares kurdos. Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y otros países que brindan asistencia en materia de seguridad a tropas kurdas iraquíes deberían aclarar sin rodeos que la discriminación étnica por el gobierno regional o sus fuerzas es un acto inadmisible, y poner a disposición asistencia técnica y financiera para que se lleve a cabo una investigación. Todos los países que brindan asistencia en materia de seguridad a fuerzas kurdas iraquíes deberían manifestar claramente que el GRK podría perder dicha ayuda si no investiga, concluye y sanciona conductas gravemente abusivas.

“Si bien el GRK actuó acertadamente al comenzar a aligerar estas restricciones, deberá adoptar medidas adicionales para detener la discriminación contra miembros de la población árabe”, destacó Tayler. “Las atrocidades cometidas por ISIS, por más repudiables que sean, no pueden justificar que se castigue en forma colectiva a comunidades árabes enteras”.