Migrantes africanos sobre la valla fronteriza, mientras agentes de la Guardia Civil española tratan de alcanzarlos, durante su intento de cruzar la frontera a territorio español, desde Marruecos al enclave norteafricano español de Melilla, el 14 de agosto de 2014.

(Milán) – Han sido escasos los avances en pos de asegurar justicia por los 15 inmigrantes que murieron ahogados en aguas próximas a la costa de un enclave español en el norte de África el 6 de febrero de 2014, señaló hoy Human Rights Watch.

La Guardia Civil española disparó balas de goma y gases lacrimógenos hacia el agua mientras los inmigrantes intentaban llegar a nado desde Marruecos hasta Ceuta, uno de los dos enclaves de España en el norte de África.

“Se trata de muertes siniestras, y los señalamientos apuntan a graves irregularidades por parte de miembros de la Guardia Civil”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Los sobrevivientes y familiares de las víctimas merecen conocer la verdad sobre lo sucedido y ver que se imparta justicia”.

En el último año, distintas organizaciones no gubernamentales denunciaron incidentes de uso excesivo de la fuerza y expulsiones sumarias por parte de agentes de la Guardia Civil en las fronteras de los enclaves, en particular desde Melilla, el otro enclave español en el norte de África. Pero en vez de superar estas prácticas abusivas, el gobierno español ha buscado institucionalizar una política de retornos sumarios. Se encuentra pendiente en el Senado una ley de seguridad ciudadana con graves falencias que, entre otras cosas, formalizaría el retorno sumario de inmigrantes y solicitantes de asilo desde los enclaves hacia Marruecos.

Durante las visitas a Ceuta y Melilla que el comisario europeo para inmigración e asuntos internos, Dimitris Avramopoulos, tiene programadas para marzo de 2015, debería insistir en que España cumpla plenamente con el derecho internacional y de la UE en sus fronteras, indicó Human Rights Watch. Los retornos automáticos sin ningún tipo de garantías procesales constituyen un incumplimiento manifiesto del derecho europeo y de las normas internacionales de derechos humanos, y exponen a solicitantes de asilo e inmigrantes a un mayor riesgo de sufrir abusos, destacó Human Rights Watch.

Diversas organizaciones no gubernamentales españolas e internacionales, y miembros del Parlamento Europeo, han instado a que la comisión adopte medidas enérgicas ante el uso excesivo de la fuerza por agentes españoles que patrullan la frontera y los retornos sumarios. La comisión ha manifestado que se encuentra en diálogo con las autoridades españolas de los enclaves, y que “no dudaría en adoptar las medidas pertinentes cuando haya evidencias de que un Estado miembro está violando el derecho de la UE”.

“Cada año, miles de personas ponen en riesgo su vida al tratar de llegar a Europa, y hay amplias evidencias que demuestran que las prácticas españolas en las fronteras de este país agravan aún más la peligrosidad de esos intentos”, aseveró Sunderland. “Si Avramopoulos se propone abordar seriamente el sistema disfuncional de inmigración y asilo de la UE, no debería ignorar los abusos en los enclaves de España”.

Ningún funcionario español ha sido procesado ni ha recibido sanciones disciplinarias por los trágicos decesos en Ceuta ocurridos un año atrás, y tampoco ningún responsable ha presentado su dimisión. Se han recuperado 14 cadáveres, cinco en aguas españolas y nueve en aguas marroquíes. Los testimonios de sobrevivientes y familiares indican que otra persona, la única mujer, habría muerto ese día. Su cuerpo no ha sido recuperado. De las víctimas, 11 eran originarias de Camerún, mientras que las otras tres cuyos cuerpos se recuperaron provenían de Guinea, Costa de Marfil y Senegal. El gobierno español reconoció que 23 sobrevivientes que lograron alcanzar la costa en Ceuta fueron entregados inmediatamente a guardias fronterizos marroquíes.

Kakoly (seudónimo), de Costa de Marfil, dijo a Human Rights Watch durante una entrevista telefónica mantenida el 2 de febrero de 2015 que perdió a su mejor amigo ese día. Kakoly contó que logró llegar hasta la costa, pero que recibió impactos de balas de goma en una pierna y debajo de un ojo, y fue enviado de regreso a Marruecos. Ha recibido tratamiento médico gracias a la ayuda de una organización no gubernamental que trabaja en Marruecos, pero todavía tiene problemas de visión en el ojo derecho. Su expectativa de justicia es pesimista. “Yo, un sencillo clandestino, ¿qué posibilidades tengo de exigir justicia?”, expresó. “Estamos habituados a la injusticia”.

La investigación judicial sobre las muertes, las personas heridas y los retornos sumarios ocurridos ese día han avanzado muy lentamente. Personas familiarizadas con la causa dijeron a Human Rights Watch que la jueza a cargo ha realizado pocas diligencias de oficio, y ha negado o postergado la adopción de diligencias solicitadas por las cuatro organizaciones españolas y los seis familiares que se han personado como acusación popular. En vez de interrogar directamente a los oficiales de la Guardia Civil que participaron en el operativo del 6 de febrero de 2014 y tomar su testimonio, la jueza se ha basado en las declaraciones escritas aportadas por la Guardia Civil.

A mediados de diciembre, la jueza pidió que la causa se remitiera a la Audiencia Nacional, el máximo fuero penal de España, aduciendo que el tribunal local no tenía competencia para conocer los hechos, debido a que las muertes ocurrieron en aguas de Marruecos. La Fiscalía de Ceuta apeló el pedido de la jueza, y argumentó al respecto que el tribunal local era competente. La Audiencia Nacional podría decidir tomar la causa de un momento a otro.

La incertidumbre con respecto a qué tribunal finalmente se declarará competente suscita el temor de que pueda haber mayores dilaciones, remarcó Human Rights Watch.

El Partido Popular, actualmente en el poder, utilizó su mayoría absoluta en el parlamento para bloquear una moción que proponía tratar la creación de una comisión ad hoc encargada de investigar los acontecimientos del 6 de febrero.

Los intentos por ingresar a España a través de Melilla y Ceuta —por mar, escondiéndose en automóviles y camiones, y trepando las vallas en la frontera— han aumentado desde 2011. Según la delegación de gobierno de Melilla, cerca de 2.100 personas consiguieron cruzar el triple vallado en Melilla durante 2014, en más de 70 intentos de grupo distintos. Ha trascendido en los medios de comunicación que aproximadamente 2.500 personas habrían ingresado al enclave por otras vías. La delegación de gobierno de Ceuta indica que 1.653 personas entraron a ese enclave en 2014. El ministro delegado del Interior de Marruecos aseveró a mediados de enero que había frustrado 80 intentos grupales de ingreso y que impidió que 20.000 personas cruzaran hacia los enclaves durante 2014.

Muchos de quienes llegan y trepan el primer vallado que rodea Melilla permanecen allí, a veces durante horas, hasta que la Guardia Civil los obliga a descender y a regresar a Marruecos, como ocurrió con un grupo de cerca de 100 personas el 2 de febrero de 2015. Al menos nueve personas murieron ahogadas el 30 de enero cuando la embarcación en la cual se trasladaban se hundió en aguas próximas a Melilla.

Organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Human Rights Watch, han instado al parlamento español a rechazar el proyecto legislativo que avalaría jurídicamente los retornos sumarios desde los enclaves. La agencia para los refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), el comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa y la Comisión Europea también han expresado consternación ante esta posibilidad. España ha sido cuestionada reiteradamente por los retornos sumarios en la reciente revisión por pares de la cual fue objeto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“España debería dar a Kakoly la oportunidad de justicia que él cree que está fuera de sus posibilidades”, señaló Sunderland. “Debería asegurar que haya plena rendición de cuentas por lo sucedido ese día, y que los funcionarios que presuntamente tengan responsabilidad por la muerte de su amigo y otras tantas personas sean enjuiciados”.