(Beirut) – Los elementos represivos dentro de las fuerzas de seguridad e inteligencia y el poder judicial de Irán conservaron amplios poderes y cometieron graves abusos contra los derechos a lo largo de 2014, dijo hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2015.
Las poderosas fuerzas de seguridad e inteligencia de Irán, apoyadas por un poder judicial complaciente, han llevado a cabo sus actividades represivas a pesar de las esperanzas de una mejora en la situación de los derechos humanos en el país, después de que Hassan Rouhani asumiera la presidencia en agosto de 2013. Los cuerpos de seguridad, aparentemente, intensificaron sus medidas contra la disidencia a través de Internet: los tribunales revolucionarios condenaron a penas severas, incluyendo la pena de muerte, a blogueros y usuarios de los medios sociales. Las autoridades también detuvieron o investigaron a muchos activistas y líderes de la oposición, entre ellos los candidatos presidenciales de 2009 Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, que permanecieron bajo arresto domiciliario sin juicio. Las ejecuciones, especialmente por delitos relacionados con las drogas, continuaron a un ritmo alarmante.
“Las fuerzas de seguridad y del poder judicial de Irán son un gran obstáculo para la justicia y la rendición de cuentas de las víctimas cuyos derechos han sido violados en Irán”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y Norte de África. “Es evidente que, a pesar de su mandato popular, el presidente Rouhani tiene poco control sobre sus acciones. Pero puede y debe hacer más para demostrar al pueblo iraní que defenderá los derechos humanos y la justicia”.
En el Informe Mundial 2015 de 656 páginas, su 25ª revisión anual de las prácticas de los derechos humanos en todo el mundo, Human Rights Watch resume las cuestiones más destacadas en más de 90 países. En su ensayo de introducción, el Director Ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth insta a los gobiernos a reconocer que los derechos humanos ofrecen una guía moral efectiva en tiempos turbulentos, y que precisamente, las violaciones de derechos humanos pueden desencadenar o empeorar los problemas de seguridad. Los beneficios a corto plazo de socavar valores básicos como la libertad y la no discriminación casi nunca valen, a largo plazo, el precio que, inevitablemente, se debe pagar.
En Irán, las mujeres y las minorías étnicas y religiosas, incluidos los Baha’is, fueron discriminadas en la legislación y en aspectos cotidianos de la vida. Irán también representa una de las mayores prisiones para periodistas y blogueros del mundo, con al menos 48 detenidos en octubre de 2014. Entre ellos figuran el corresponsal del Washington Post, Jason Rezaian, que fue detenido el 22 de julio por agentes de seguridad junto con su esposa, Yeganeh Salehi, también periodista. Rezaian sigue detenido por las autoridades sin cargos y sin haber tenido acceso a un abogado. El gobierno también bloquea sistemáticamente sitios web e interfiere las emisiones extranjeras vía satélite.
Según fuentes oficiales, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 200 presos en 2014, aunque se cree que el número real podría superar los 600. Al menos ocho de ellos podrían haber sido delincuentes menores de 18 años en el momento en que cometieron los delitos de asesinato o violación por los que fueron condenados a la pena de muerte.
Decenas de activistas y defensores de los derechos humanos están en la cárcel por actividades pacíficas o profesionales, tales como los abogados Mohammad Seifzadeh y Abdolfattah Soltani, que fueron blanco de las autoridades a causa de su afiliación con el Centro para Defensores de los Derechos Humanos de Shirin Ebadi. A Nasrin Sotoudeh, una abogada que cumplió una pena de prisión por cargos imprecisos de seguridad nacional, se le prohibió que ejerciera la abogacía durante 10 años después de su salida de la cárcel en 2013. En septiembre de 2014, un tribunal revocó la prohibición, pero el 18 de octubre el comité disciplinario del Colegio de Abogados de Irán le dijo a Sotoudeh que había revocado su licencia de abogada durante 3 años debido a la condena.
El gobierno lleva mucho tiempo denegándole la entrada al país a Ahmed Shaheed, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán.
