Campamento de refugiados saharauis ubicado cerca de la provincia de Tinduf en Argelia. Tinduf

© 2007 Alfredo Caliz / Panos

(Argel) – Los refugiados del conflicto en el Sahara Occidental que han estado viviendo en campamentos en el desierto de Argelia durante cuatro décadas en general parecen poder salir de los campamentos si así lo desean, pero sufren restricciones a sus derechos, indicó Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Los campamentos son gestionados por el Frente Polisario, que reivindica la independencia de Sahara Occidental, una ex colonia española que actualmente se encuentra bajo ocupación de Marruecos desde 1975.

El informe de 94 páginas “Sin vigilancia: Derechos Humanos en los campamentos de refugiados de Tinduf” (Off the Radar: Human Rights in the Tindouf Refugee Camps) es uno de los estudios más exhaustivos del tema que haya realizado hasta el momento una organización internacional de derechos humanos. Se basa en entrevistas efectuadas durante una visita de dos semanas a los campamentos y en entrevistas realizadas en otros sitios. La ONU mantiene una misión de paz en Sahara Occidental pero a diferencia de la mayoría de las misiones similares en otras regiones del mundo, no efectúa un monitoreo periódico de derechos humanos en el territorio disputado ni en los campamentos de refugiados.

Si bien el Polisario tolera cierto grado de expresión y manifestaciones críticas a su gestión, Human Rights Watch recibió señalamientos creíbles de que algunos disidentes habrían sido perseguidos por las autoridades. Asimismo, se han infringido los derechos de algunos civiles que fueron juzgados en tribunales militares y en casos aislados, subsisten condiciones similares a la esclavitud.

“Hay casos de abuso, pero también algunas partes exageraron la situación”, indicó Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y África Septentrional de Human Rights Watch. “A través del monitoreo in situ por parte de la ONU de la situación de derechos humanos y la presentación de informes de manera periódica se contribuiría a esclarecer la verdad y proteger  tanto a los saharauis que viven bajo la autoridad marroquí en el Sahara Occidental como a estos refugiados que se encuentran aislados”.

Entre las evidencias que señalan la necesidad de que haya un seguimiento permanente de la situación, en las últimas semanas han trascendido noticias sobre el confinamiento forzado de una mujer por su familia en los campamentos, sin que las autoridades del Polisario intervinieran para garantizar su libertad de circulación, indicó Human Rights Watch.

El Polisario se manifiesta a favor de ampliar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), el cuerpo de paz de la ONU en la región, a fin de incluir el monitoreo de los derechos humanos. Marruecos por su parte, se opone a la ampliación de tal mandato, ya que considera que vulnera la soberanía que reclama sobre el territorio.

Los refugiados, que suman entre 90.000 y 125.000 según datos de organismos de la ONU, viven en el desierto en inhóspitas condiciones, dependen fuertemente de la asistencia humanitaria internacional y tienen oportunidades de empleo limitadas. Argelia permite que numerosos residentes de campamentos obtengan educación superior en instituciones de todo el país, pero limita su posibilidad de instalarse fuera de los campamentos.

Según el Frente Polisario, la principal violación de derechos humanos que ha victimizado al pueblo saharaui es la negativa de Marruecos a reconocer su derecho a la autonomía. La ONU clasifica al Sahara Occidental como un “territorio sin gobierno propio” y no reconoce la anexión de Marruecos. Tras una guerra que se extendió durante 15 años, en 1991 Marruecos y el Frente Polisario acordaron un cese de hostilidades y un plan de la ONU para organizar un referéndum que aborde la independencia de Sahara Occidental. Desde entonces, Marruecos ha frenado el referéndum, aduciendo que sería imposible implementarlo, y propuso en cambio otorgar al Sahara Occidental un cierto grado de autonomía, pero bajo el control marroquí.

Además de administrar los campamentos con la aprobación y el apoyo de Argelia, el Frente Polisario controla una estrecha franja poco poblada del Sahara Occidental. En 1976, fundó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), a la cual algunos países reconocen como Estado, pero no la ONU.

Los investigadores de Human Rights Watch que visitaron los campamentos de refugiados pudieron circular libremente y entrevistar a los refugiados de manera discrecional y en privado, en árabe y en dialecto hassanía. Hablaron con al menos 40 refugiados en los campamentos y otros 12 fuera de estos, así como con funcionarios del Polisario y extranjeros que trabajan para organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales. El informe contiene respuestas escritas de las autoridades del Polisario y de Argelia a preguntas planteadas por Human Rights Watch.

Las opiniones disidentes que escuchamos en los campamentos en general critican la gestión del Polisario, pero no su aspiración política en lo que respecta a la autodeterminación saharaui, indicó Human Rights Watch. La mayoría de los medios de noticias con presencia en los campamentos de refugiados son órganos del Polisario, que no dan gran cobertura a opiniones que difieran de las mantenidas por los líderes del Frente.

En 2010, el Frente Polisario detuvo a un residente de un campamento durante más de dos meses luego de que este manifestara su apoyo a la autoridad marroquí durante una visita a Sahara Occidental. El Polisario luego lo obligó a cruzar la frontera hacia Mauritania y le prohibió regresar a los campamentos de refugiados en Argelia, donde viven sus familiares.

Desde entonces, algunos críticos indicaron que fueron citados e interrogados por autoridades del Frente, y un periodista que trabajaba para la estación de radio del Frente Polisario indicó que él y a un colega habían sido reasignados por su supervisor a modo de represalia por escribir notas de contenido crítico para un sitio web independiente. No obstante, Human Rights Watch no halló evidencias de que miembros del Polisario hubieran encarcelado a personas durante los tres últimos años debido a su opinión política o activismo. Tampoco encontró un patrón de torturas atribuible al Polisario, si bien entrevistó a dos hombres que aseveraron haber sufrido abusos físicos de miembros de las fuerzas de seguridad del Frente en incidentes separados, mientras se encontraban bajo custodia.

Pequeños grupos de manifestantes reformistas han organizado actos y protestas fuera de edificios administrativos y de la sede del organismo para los refugiados de la ONU en los campamentos, en general sin que las fuerzas de seguridad del Polisario los obligaran a dispersarse.

En visitas efectuadas a personas en prisión y abogados defensores, Human Rights Watch tomó conocimiento de que algunos civiles en los campamentos habían sido juzgados en tribunales militares de la República Árabe Saharaui Democrática conforme a un decreto presidencial de 2012 que otorgó competencia a estos tribunales en delitos vinculados con drogas.

Juzgar a civiles en tribunales militares contraviene una norma internacional básica de derechos humanos, observó Human Rights Watch. Asimismo, a diferencia de la justicia penal ordinaria, los tribunales militares de la RASD carecen de instancia de apelación. En al menos ocho casos, los civiles acusados ante tribunales militares parecen haber permanecido en prisión preventiva durante varias semanas o meses más de lo permitido en las correspondientes órdenes judiciales de detención, o siguieron detenidos tras haber completado la condena.

En general, el Polisario no restringe arbitrariamente la posibilidad de que residentes de campamentos viajen hacia Mauritania o el Sahara Occidental. No obstante, autoridades del Polisario de Argelia han intensificado los controles de seguridad y la presencia de puestos de control en carreteras, invocando para ello el problema del terrorismo en la región de Sahel y la necesidad de combatir el contrabando.

En el caso actual sobre confinamiento forzado, Mahdjouba (conocida en español como Mayuba) Mohamed Hamdidaf, una joven de 23 años que obtuvo la nacionalidad española en 2012, visitó los campamentos este verano para encontrarse con su familia, pero no tomó el vuelo de regreso que tenía programado desde Tinduf el 18 de agosto de 2014. El cónsul español en Argel, Cristian Font, indicó a Human Rights Watch que tomó conocimiento del caso a comienzos de septiembre, y que Hamdidaf ha dejado en claro reiteradamente su deseo de regresar a Europa, donde reside. Human Rights Watch no pudo comunicarse con Hamdidaf.

El embajador del Polisario en Argelia, Brahim Ghali, manifestó a Human Rights Watch que el Frente está intentando negociar con los familiares para “persuadirlos” de que permitan a la mujer salir del campamento, e indicó al respecto que si bien se busca que Hamdidaf ejerza su derecho a elegir, la “sociedad patriarcal” saharaui, con sus “tradiciones”, “cultura” y “complejos vínculos familiares”, exigía que abordaran el tema con suma cautela.

Las autoridades del Polisario deberían aclarar a todas las partes implicadas que el confinamiento ilegítimo constituye un grave delito penal, y asegurar que la mujer pueda ejercer su libertad de circulación abandonando el campamente si así lo desea, y regresando a Europa. Si bien el Frente Polisario gobierna los campamentos de refugiados, es en definitiva Argelia el responsable de garantizar que se protejan los derechos de todas las personas en su territorio, señaló Human Rights Watch.

Human Rights Watch comprobó que persisten algunas formas de esclavitud en los campamentos en casos aislados, a pesar de que el Frente Polisario llamó tiempo atrás a su erradicación y adoptó una ley que penaliza la práctica. Las víctimas son en general saharauis de piel oscura, y la esclavitud consiste principalmente en tareas domésticas no voluntarias, conforme señala la asociación Libertad y Progreso, una organización contra la esclavitud integrada por un grupo de residentes de campamentos.

Human Rights Watch documentó un caso en el cual una pareja de hermanos afirmaron haber sido secuestrados por otra familia que aseguraba que la madre de los niños había sido esclava suya, y los obligó a trabajar en su vivienda durante casi 18 años. El Polisario consiguió que fueran liberados en 2013. Libertad y Progreso ha confeccionado una lista de casos recientes de presunta esclavitud, y lleva a cabo acciones de lobby ante autoridades del Frente de la República Árabe Saharaui Democrática para rescatar a las víctimas.

“Sin vigilancia” examina la situación de los derechos humanos en la actualidad en los campamentos de Tinduf. No analiza los años previos al cese de hostilidades de 1991, cuando autoridades de Marruecos y del Frente Polisario participaron en violaciones de derechos humanos en general mucho más graves de las que ambos han cometido desde entonces. Ninguna de las partes ha adoptado medidas serias para identificar a los responsables de los abusos anteriores y exigir que rindan cuentas.

El Frente Polisario debería poner fin a la jurisdicción militar sobre los civiles y redoblar sus esfuerzos por erradicar cualquier resabio de esclavitud, indicó Human Rights Watch. El Frente debería asegurar que los residentes de campamentos puedan cuestionar libremente sus políticas y sus líderes en forma pacífica, y propugnar opciones que no sean exclusivamente la independencia del Sahara Occidental.

Argelia debería reconocer públicamente su responsabilidad legal de asegurar el respeto de los derechos de todas las personas en su territorio, incluidos residentes de los campamentos de refugiados gestionados por el Polisario.

El Consejo de Seguridad de la ONU debería ampliar el mandato de MINURSO e incluir el seguimiento y la notificación de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos administrados por el Polisario en Argelia, o establecer un mecanismo alternativo por el cual la ONU pueda cumplir estos pasos en forma periódica, independiente e in situ.