(Bangkok, 16 de septiembre de 2014) – Policías en distintas regiones de Vietnam cometen abusos contra personas que están bajo su custodia, en algunos casos con consecuencias letales, señaló Human Rights Watch en un informe presentado hoy. El gobierno vietnamita debería adoptar medidas inmediatas para poner fin a muertes dudosas ocurridas mientras las personas se encontraban a disposición de las autoridades, así como la tortura de detenidos por policías, indicó Human Rights Watch.
El informe de 96 páginas, “Inseguridad pública: Muerte de personas detenidas y brutalidad policial en Vietnam” (Public Insecurity: Deaths in Custody and Police Brutality in Vietnam), expone casos de abuso policial en los cuales personas que se encontraban bajo custodia murieron o sufrieron graves lesiones entre agosto de 2010 y julio de 2014. Human Rights Watch documentó abusos en 44 de las 58 provincias de Vietnam y en las cinco ciudades principales del país.
“Integrantes de la Policía cometieron graves abusos contra personas detenidas en todas las regiones de Vietnam”, observó Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “El gobierno de Vietnam tiene ante sí una crisis de derechos humanos y debería investigar y comenzar a exigir que los policías involucrados en los abusos rindan cuentas por sus actos”.
Para el informe, Human Rights Watch analizó casos de abuso policial publicados en periódicos en idioma vietnamita que funcionan bajo el control del Estado, así como información transmitida por blogueros independientes, personas que ejercen el periodismo ciudadano y agencias de noticias extranjeras. Muchos de los relatos presentados en este informe nunca antes habían sido publicados en inglés. Human Rights Watch también efectuó investigaciones en Vietnam para la preparación de este informe, pero optó por no entrevistar a víctimas y testigos en el lugar debido a que esto muy probablemente los habría expuesto a represalias.
En numerosos casos, las personas que murieron a manos de policías mientras estaban bajo su custodia habían sido detenidas por infracciones de poca gravedad. En un hecho de agosto de 2012, Nguyen Mau Thuan falleció a causa de una violenta golpiza policial en Hanói, luego de haber sido arrestado menos de tres horas antes por mantener un altercado menor en su barrio. En agosto de 2010, en la provincia de Gia Lai, Le Phuc Hung murió tras ser golpeado y agredido con gases lacrimógenos por policías que lo habían detenido presuntamente por el robo de tuberías de agua.
Con frecuencia las causas invocadas por la Policía para justificar estas muertes eran inverosímiles, y permitían suponer que se trataba de un encubrimiento sistemático. La Policía alegó que decenas de personas que no tenían trastornos mentales y se encontraban en perfecto estado de salud se habían suicidado ahorcándose o por otros métodos. En otros casos, se ofreció apenas una explicación imprecisa y poco convincente, como en el caso de Nguyen Van Duc en la provincia de Vinh Long, quien según una autopsia murió a causa de un hematoma craneal y otras lesiones. La policía atribuyó las lesiones a médicos que lo “atendieron con demasiada dureza” durante el tratamiento de emergencia. Una cantidad llamativamente numerosa de personas, muchas de ellas jóvenes y saludables, de entre 20 y 40 años, habrían muerto supuestamente a causa de problemas médicos mientras se encontraban a disposición de las autoridades.En todo el país son comunes las denuncias de lesiones sufridas por personas bajo custodia policial.
Varias personas que vivieron estos abusos indicaron que fueron golpeadas para obligarlas a confesar haber estado implicadas en delitos que, en muchos casos, afirmaban no haber cometido. En julio de 2013, policías de la provincia de Soc Trang golpearon y obligaron a seis hombres a confesar un homicidio. Otros aseveraron que recibieron golpizas por cuestionar a policías o intentar dialogar con ellos. Entre las víctimas de golpizas también se incluyeron menores y personas con discapacidad mental.
La cobertura de estos incidentes en los medios locales ha sido dispar, lo cual ha suscitado profunda preocupación por el impacto negativo que ha tenido sobre ellos el control gubernamental. En algunos casos, la cobertura periodística de los hechos fue amplia y detallada, y evidenció declaraciones policiales contradictorias e instancias de comportamiento irregular, como el caso de Nguyen Cong Nhut, una supuesta víctima de “suicidio” que murió mientras estaba al cuidado de las autoridades en abril de 2011, en la provincia de Binh Duong. Por otro lado, no tuvieron repercusión en los medios otros casos importantes, como la muerte de Hoang Van Ngai, de la etnia hmong, ocurrida en marzo de 2013 en la provincia de Dak Nong. Según informaron periodistas, en algunos casos las autoridades locales habían impedido que se contactaran con los familiares de las víctimas para entrevistarlos.
“Vietnam debería permitir que los medios hagan su trabajo de investigar e informar noticias sobre abusos oficiales”, indicó Robertson. “El periodismo independiente podría contribuir a sacar a la luz abusos que, de lo contrario, serían encubiertos”.
Los funcionarios que cometen transgresiones graves, incluso letales, casi nunca enfrentan consecuencias serias. En muchos casos en que los abusos son reconocidos oficialmente, los policías responsables tan sólo son objeto de procedimientos disciplinarios internos e indulgentes, que consisten en apenas ser reprendidos o recibir advertencias. El descenso de rango, el traslado o el despido de funcionarios que han cometido agresiones son muy excepcionales, y menos frecuentes aún los casos en que se llevan adelante juicios y se imponen condenas. Cuando sí son imputados y posteriormente condenados, los policías en general reciben penas muy poco severas o en suspenso.
En un caso, un policía incluso fue ascendido luego de haber cometido abusos. En julio de 2010, Nguyen Huu Khoa, subjefe de la comuna de La Phu (distrito de Hoai Duc, Hanói), fue acusado de golpear a un conductor de camiones de nombre Nguyen Phu Son. Si bien no resulta claro de qué manera se investigó y se manejó el caso, en diciembre de 2010 Nguyen Huu Khoa ya había sido ascendido a jefe.
“Vietnam debería actuar sin dilación para investigar de manera imparcial todas las denuncias de brutalidad policial, y adoptar medidas enérgicas cuando las evidencias revelen que hubo abusos”, expresó Robertson. “Hasta tanto la Policía reciba un mensaje claro y contundente desde los altos niveles de gobierno de que no se tolerarán abusos, no habrá seguridad para las personas comunes que queden en manos de policías”.
En varios de los casos, Human Rights Watch determinó que los arrestos policiales se habían efectuado sobre la base de sospechas imprecisas y sin evidencias que los justificaran, y que luego las víctimas fueron coaccionadas a firmar confesiones mediante golpizas. La Policía ignoró además procedimientos básicos destinados a proteger a ciudadanos contra maltrato o detención arbitraria, e impidió que abogados y asesores legales pudieran mantener contacto en forma inmediata con sus clientes.
“Se debería permitir a todas las personas detenidas un acceso inmediato y sin restricciones a un abogado para reducir al mínimo la posibilidad de abuso policial durante interrogatorios”, observó Robertson.
El gobierno de Vietnam debería adoptar urgentemente una política de tolerancia cero ante abusos policiales, brindar capacitación más efectiva a policías de todos los niveles, en particular a oficiales de comunas, e instalar cámaras en salas de interrogatorios y establecimientos de detención, indicó Human Rights Watch. El gobierno también debería facilitar el rol de los asesores letrados para las personas presuntamente implicadas en delitos y detenidas, y asegurar la libertad de expresión de periodistas y en Internet.
Las autoridades deberían además conformar una comisión de denuncia policial independiente para examinar e investigar todos los casos de abuso e inconducta policial denunciados, y brindar apoyo desde los más altos niveles gubernamentales para que se impulsen investigaciones y procesos oportunos e imparciales.
“Los organismos de la ONU y los donantes internacionales que brindan asistencia a Vietnam para el afianzamiento del estado de derecho no deberían permitir que continúen este tipo de prácticas policiales punitivas”, señaló Robertson. “Debería transmitirse un mensaje concertado de repudio, que presione al gobierno a adoptar medidas que detengan los abusos policiales”.
