(Nueva York) – México debería asegurarse de que su investigación sobre la muerte de 22 civiles a manos de soldados en un incidente ocurrido el 30 de junio de 2014 sea imparcial y efectiva, indicó hoy Human Rights Watch. La investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular, dijo Human Rights Watch.
Durante un presunto enfrentamiento, militares abrieron fuego y provocaron la muerte de todas estas personas, que se encontraban en el interior de una bodega vacía en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Un soldado resultó herido durante el incidente.
“Han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles en Tlatlaya, y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es necesario – y requerido por ley – que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, objetiva e independiente que analice si los soldados actuaron lícitamente, y que valore las evidencias que sugieren que las autoridades habrían actuado indebidamente”.
Si bien un comunicado de prensa sobre el incidente y otras fuentes oficiales indicaron que los soldados respondieron a disparos de los civiles, información creíble que trascendió con respecto a las evidencias forenses halladas en el lugar sugiere que los soldados habrían recurrido a un uso excesivo de la fuerza. La investigación penal del incidente está en manos de la Procuraduría General de la República, conforme indicó una fuente oficial a Human Rights Watch el 18 de agosto. Los nombres de las víctimas fatales y el estado de avance de la investigación aún no han sido informados por las autoridades.
En un comunicado de prensa difundido el 30 de junio, la Secretaría de la Defensa manifestó que los civiles habían comenzado a disparar cuando vieron a soldados que patrullaban por la zona, y que los soldados “repeli[eron] dicha la agresión”. Los soldados encontraron en el depósito 38 armas de fuego, una granada y varios cartuchos, y liberaron a tres mujeres que afirmaron haber sido secuestradas, señaló el comunicado.
El 1 de julio, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, manifestó que los soldados “en legítima defensa abatieron a los delincuentes”.
Sin embargo, un periodista de Associated Press que visitó la zona tres días después del incidente señaló en un artículo publicado el 8 de julio que había “escasa evidencia de que se hubiera producido un intenso enfrentamiento”, y que solamente encontró unos pocos orificios de bala en las paredes del depósito donde los soldados habrían disparado a los civiles en el enfrentamiento.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también visitó el lugar y documentó el caso. Associated Press informó que dos miembros de ACNUDH habían expresado que no encontraron signos de balas perdidas como las que deberían haber dejado los soldados si hubieran disparado sus armas automáticas desde una cierta distancia.
El Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, dijo a medios locales el 17 de julio que no había “elementos para presumir” que los soldados hubieran ejecutado a los 22 civiles.
“Que los soldados hayan causado la muerte de la totalidad de los 22 presuntos delincuentes y solamente un militar haya resultado herido genera dudas sobre que el uso de la fuerza haya sido proporcional”, observó Vivanco.
Según la Secretaría de la Defensa, 2.959 civiles murieron entre 2007 y 2012 durante incidentes de “agresiones contra personal militar”, pero solamente 158 militares murieron en esos mismos incidentes. Un periódico local informó a partir de datos aportados por fuentes oficiales que 628 civiles han muerto en enfrentamientos con militares desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012.
El Manual del Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas, adoptado por el Secretario de Defensa y el Secretario de Marina en mayo, indica que “El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad”. El uso de la fuerza solamente se considerará en “legítima defensa” cuando su objeto sea repeler “una agresión real, actual o inminente”.
“Reconocer formalmente estos principios en una nueva normativa no es suficiente”, indicó Vivanco. “Ahora el gobierno de Peña Nieto deberá demostrar que se propone seriamente asegurar que estos principios sean respetados por militares, e investigar de manera exhaustiva los casos en que se sospeche que no lo han hecho”.
