El Congreso de Bolivia aprobó un desacertado proyecto legislativo que permitiría que niños de apenas 10 años puedan trabajar legalmente. Si el presidente Morales promulga el proyecto, aprobado por el Congreso la semana pasada, Bolivia se convertirá en el único país del mundo con una edad legal mínima para trabajar tan baja.
Los promotores del proyecto sostienen que en Bolivia los niños necesitan trabajar debido a las necesidades económicas que padecen, y que reducir la edad mínima laboral puede ayudarles a enfrentar la situación de extrema pobreza. Pero el trabajo infantil no es la solución a la pobreza, y las investigaciones sobre el tema demuestran que de hecho la perpetúa. Los menores que trabajan tienen mayores probabilidades de no recibir educación formal y quedan condenados a toda una vida de trabajos mal remunerados.
El proyecto legislativo de Bolivia contempla ciertas “garantías”, como el consentimiento de los padres y la participación voluntaria de los menores. Sin embargo, el consentimiento “voluntario” no significa demasiado en el caso de niños de 10 años. A través de mis investigaciones, pude comprobar que los niños pequeños muy pocas veces pueden resistir las presiones familiares para que trabajen. Una joven que entrevisté en Marruecos, por ejemplo, debió tolerar golpizas de su empleador y trabajar jornadas extenuantes porque se sentía obligada a ayudar a su familia.
El proyecto estipula además que el trabajo desempeñado por niños pequeños no podrá interferir con su educación. No obstante, los estudios indican que incluso cuando los menores que trabajan tienen acceso a la escuela, su educación se ve afectada. Los niños que trabajan a menudo están demasiado cansados para completar la tarea o asistir con regularidad a clases, y son mucho más propensos a abandonar la escuela.
El trabajo infantil puede considerarse una solución a corto plazo para las dificultades económicas, pero es en realidad una causa de la pobreza. Las personas que comienzan a trabajar en la niñez llegan a la edad adulta con un menor nivel educativo e ingresos inferiores y tienen mayores probabilidades de enviar a sus propios hijos a trabajar, perpetuando así el ciclo de pobreza de una generación a otra.
La decisión de Bolivia aparta al país de la tendencia en el resto del mundo. Otros países han abordado exitosamente el trabajo infantil y la pobreza ampliando las oportunidades educativas, otorgando a las familias pobres transferencias de efectivo para que pueden mitigar las apremiantes necesidades económicas que con frecuencia las llevan a enviar a sus hijos a trabajar, y aplicando rigurosamente las leyes sobre trabajo infantil.
Es entendible que las familias pobres se inclinen por enviar a sus hijos a trabajar para que puedan traer comida a la mesa. Si la ley además dice que esto está bien, será mucho más probable que lo hagan. En vez de facilitar el trabajo infantil, el gobierno boliviano debería invertir en soluciones genuinas que permitan que los niños y sus familias superen la pobreza. El presidente Morales no debería autorizar un proyecto de ley erróneo.
