Con la aprobación de la Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (PREA) en 2003, el Congreso de Estados Unidos reconoció los niveles epidémicos de violencia sexual que sufren hombres y mujeres tras las rejas y el fracaso del gobierno para dar una respuesta efectiva. Ambos factores constituyen una violación a los derechos primordiales y la dignidad de los internos. La ley autorizó la implementación de políticas y prácticas nacionales destinadas a prevenir, detectar y responder a la violencia sexual en los centros penitenciarios. Los estados y territorios deberían certificar el cumplimiento de esas normas.
El Departamento de Justicia informó esta semana que sólo dos estados, Nueva Hampshire y Nueva Jersey, han certificado efectivamente el cumplimiento de la ley PREA. Otros 46 estados y territorios han presentado "garantías " de que están trabajando hacia su cumplimiento. Siete estados se abstuvieron de presentar una garantía o certificación, y cinco - Idaho, Texas, Indiana, Utah y Arizona – se han opuesto abierta y totalmente a cumplir con la ley.
La negativa es tan lamentable como irresponsable. La encuesta más reciente sobre violencia sexual en las prisiones emitida por la Oficina de Estadísticas de Justicia, indica que cerca de un 4 por ciento de los 1.5 millones de prisioneros en cárceles estatales y federales de Estados Unidos y un 3.2 por ciento de los presos en cárcel locales afirmaron haber experimentan uno o más incidentes de violencia sexual a manos de otro interno o del personal que labora en la institución, esto durante el periodo 2011-12.
Texas ha recibido más de 3.7 millones de dólares por parte del gobierno federal para combatir el abuso sexual en las cárceles, aún así, el estado cuanta con algunos de los centros de detención con los peores índices de violencia sexual del país; tanto en abusos cometidos por los reclusos como incidentes de conducta sexual inapropiada por parte del personal que trabaja en las instituciones. Pese a esto, el gobernador del estado, Rick Perry ha definido la ley PREA como "un lío normativo contraproducente e innecesariamente engorroso y costoso " y se niega a cumplir la norma, a pesar de que la negativa privará el estado de 5 por ciento de los fondos federales para el ramo de prisiones.
Puedo constatar, como ex delegada de la Comisión Nacional para la Eliminación de las Violaciones en las Prisiones (NPREC), organización encargada de redactar las normas que se adoptaron – y sus respectivas modificaciones - por parte del Departamento de Justicia, que las regulaciones son rentables y viables, reflejan las mejores prácticas para todo el país e integran las opiniones de un sinnúmero de grupos de interés, incluyendo la de funcionarios de prisiones a nivel federal, estatal y municipal.
El reto para acabar con la violencia sexual en las prisiones es inmenso. Pero sabemos que se puede lograr; hay numerosos ejemplos de instituciones penitenciarios en todo el país cuyas políticas y prácticas – en concordancia con las de PREA - han mantenido los índices de violencia sexual a un nivel mínimo. Sin embargo, es necesaria la participación de líderes enérgicos dispuestos a hacer cumplir los estándares de la ley PREA sobre violencia sexual en las cárceles de todo el país, sólo así, se podrá lograr que este tipo de crímenes sean cosa del pasado.
